El alto funcionario que aprobó los protocolos de las residencias identifica ante la jueza a Escudero, exconsejero de Sanidad bajo Ayuso | Noticias de Madrid

Carlos Mur, un ex alto cargo de Madrid, imputado por las muertes sin atención hospitalaria en residencias de mayores durante la pandemia, se defendió este martes ante una jueza, mencionando repetidamente lo que sabía y ordenó el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Afirmó que su superior era consciente de que la medicalización no funcionaba y que los protocolos que limitaban las hospitalizaciones estaban alineados con la idea del consejero de medicalizar esos centros.

Mur, quien era el director general de esa Consejería responsable de supervisar la atención sanitaria en residencias, respondió ante la jueza que envió un correo el 20 de marzo de 2020, en el cual Escudero y otros altos funcionarios madrileños estaban en copia, advirtiendo que el plan de atender a los enfermos en las residencias “no era factible” en ese instante, según lo confirmó él mismo a EL PAÍS al finalizar una vista que estaba cerrada al público.

Como relató este diario, Mur alertó en ese correo que los refuerzos médicos no estaban llegando a esas instalaciones. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número significativo de fallecimientos evitables”, escribió. El correo estaba dirigido a un alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales y también incluía en copia al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y a la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.

La declaración de Mur este martes es la evidencia más clara hasta ahora de una posible responsabilidad de Escudero, quien no está imputado y dejó su cargo en junio de 2023. Hoy es senador y, como tal, está aforado ante el Tribunal Supremo. Las asociaciones de familias de los fallecidos consideran que Mur posee información suficiente para que un juez solicite investigar a Escudero; a su mano derecha, la viceconsejera Ana Dávila; o incluso a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Mur, quien trabaja como psiquiatra en Andorra, declaró por videoconferencia durante una hora y diez minutos en una sesión cerrada. La audiencia de hoy en el juzgado de instrucción 37 de Madrid era la segunda vez que comparecía como imputado. La semana pasada, reconoció ante otra jueza de Madrid que la residencia donde falleció un hombre mayor no fue medicalizada. Según las asociaciones de familias, Mur está siendo investigado por ocho jueces distintos, lo que se debe a que las muertes denunciadas se han dispersado en diversos órganos judiciales de la región. El procedimiento de este martes se centró en la muerte de Pepita Vázquez en la residencia pública de Manoteras, el 14 de marzo de 2020.

El investigado se encuentra en el centro del caso residencias porque firmó los famosos protocolos de triaje que restringieron drásticamente las hospitalizaciones desde las residencias. Sobre este tema, ha declarado hoy que el plan de acción que presentó públicamente Escudero el 12 de marzo incluía la idea de medicalizar las residencias y que los enfermos fueran atendidos en esos centros, según expuso a este diario. La abogada de las familias, Alejandra Jacinto, ha anunciado que van a solicitar ese plan, que la Comunidad calificó de “histórico” pero no se facilitó a los medios.

La abogada Jacinto se mostró satisfecha al hablar con los periodistas que aguardaban en la calle. “Hoy, por primera vez, he visto a Carlos Mur comprometido”, ha valorado y agregó que la jueza, Purificación Elisa Romero, realizó un intenso interrogatorio. Entre otras cuestiones, la magistrada le preguntó por qué no se derivaron los mayores al hospital de campaña de Ifema o a hospitales privados, según Jacinto. La abogada añadió que Mur respondió que no tenía información suficiente.

Mur ha reiterado que no redactó los protocolos y afirmó que estos fueron elaborados por los geriatras de hospitales públicos que colaboraron con él. Mencionó como autores al doctor Francisco Javier Martínez Peromingo, del Hospital Rey Juan Carlos y también imputado en varios juzgados, así como a otra doctora del Gregorio Marañón, Maite Vidán, cuyo nombre ya había mencionado en 2021 en su comparecencia en la Asamblea pero cuyo rol ha pasado desapercibido. La acusación pedirá que se cite a esta geriatra.

“Su señoría le ha preguntado en repetidas ocasiones cómo es posible que firme algo que dice no haber redactado”, comentó Jacinto, “porque él ha insistido en que no redactó los protocolos y que, además, mostró su disconformidad con los criterios que podían dar lugar a errores, a interpretaciones de discriminación, tal como alertó, por ejemplo, el consejero Reyero”.

El juzgado no ha podido localizar a otros dos ex altos funcionarios citados para este martes: el propio Peromingo y el ex gerente de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca.

El juzgado de instrucción 37 es uno de muchos que aún esperan una decisión de la Audiencia Provincial que podría cambiar el rumbo del caso. Ese tribunal debe decidir si unifica los procedimientos en un único juzgado, como solicitaron en un recurso de septiembre las familias y Peromingo. El elegido sería el juzgado 3 de Madrid, el primero que imputó a estos ex responsables.

En el caso del 37, se investiga una querella presentada por Concha Quirós, la hija de Pepita Vázquez. Ella misma estaba citada a declarar como investigada, pero no se ha podido localizar a la geriatra del Hospital Ramón y Cajal que aplicaba los protocolos a Manoteras y otras residencias de su área de influencia.

Quirós aguardó en la calle desde muy temprano, acompañada por decenas de manifestantes de las asociaciones que nunca faltan a estas convocatorias. Llevaba un cartel con una imagen de su madre, la misma que tomó durante su última merienda con ella, el 8 de marzo.

Indignada, no podía creer que los juzgados no hubieran buscado con interés a los ausentes. “¡Pero si son capaces de localizar a un pobre que roba unas gafas!”. De fondo, sonaba un lema contra Ayuso: “Que somos afectados, que no somos frustrados”.

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