El ‘asunto ITV’ de la exalcaldesa de Móstoles se presenta ante la Audiencia de Madrid para su juicio.

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) –

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles, Plaza número 1, ha enviado a la Audiencia Provincial de Madrid la causa relacionada con el ‘caso ITV’ para su juicio por la supuesta malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Móstoles en 2020, al condonar una deuda a la empresa encargada de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

Así lo refleja una diligencia de ordenación a la que tuvo acceso Europa Press, la cual también informa sobre la remisión de las piezas separadas de responsabilidad civil de los acusados a esta sede judicial. Fuentes jurídicas indican a Europa Press que el juicio podría tener lugar antes del verano.

En el banquillo se sentará la exalcaldesa socialista y portavoz del grupo municipal, Noelia Posse, junto a otros ocho exediles, por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La jueza que llevó a cabo la instrucción del caso dictó el auto de apertura de juicio oral en septiembre de 2024.

La Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada solicita una condena de doce años de inhabilitación para la exalcaldesa y los demás acusados por la presunta comisión de un delito de prevaricación.

En el auto de apertura de juicio, la magistrada subrayaba que resulta «evidente» el perjuicio causado a las arcas públicas debido al acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local del 20 de octubre de 2020.

Este acuerdo aprobó, de forma urgente, reducir al 50% la deuda del concesionario, establecer un canon anual de 60.000 euros y aplazar el resto de la deuda hasta 2040, a razón de 30.000 euros anuales.

ACUSACIÓN DEL FISCAL

En su escrito, la Fiscalía sostiene que, mediante la declaración de urgencia, «aprobaron por unanimidad la quita del 50% de la deuda de ITV Móstoles, SL., la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales, y una última anualidad de 15.000 euros».

«Este acuerdo fue adoptado por los acusados, a pesar de que contaban nuevamente con el informe desfavorable del Interventor, quien alertaba de la incompatibilidad de la medida con el ordenamiento jurídico, y con pleno conocimiento de su ilegalidad, dado que habían sido advertidos de que los créditos de derecho público son indisponibles por Ley», agrega.

Además, indicando que para «dar una apariencia de legalidad que sabían que no existía, el acuerdo fue adoptado únicamente con el informe del también acusado, Francisco Javier Torner, quien emitió un ‘informe jurídico’ favorable, sin tener las competencias necesarias, y presentado por la vía de urgencia para eludir los informes requeridos del Secretario General del Ayuntamiento y del Interventor que ya se habían opuesto a la propuesta anteriormente».

«A raíz de estos hechos, el acuerdo ocasionó un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles, al condonar 615.000 euros de deuda y reducir el canon a 60.000 euros anuales», sostiene.

«La sociedad ITV Móstoles, S.L., cuya administradora era la acusada Mónica Ramírez Moreno Manzanero, no solo se benefició del acuerdo, sino que también fue responsable de que el Ayuntamiento adoptara dicha propuesta a sabiendas de su ilegalidad», concluye.