El Ayuntamiento de Alcalá solicita el cierre del abarrotado centro de migrantes tras la decisión del Pleno.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha hecho una solicitud formal al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para el cierre del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) que se encuentra en la ciudad, tras comunicarle la resolución aprobada en el Pleno ordinario del 15 de julio.

En la carta, el Consistorio denuncia la saturación de las instalaciones y el impacto negativo que esta situación ha generado en la convivencia y los servicios municipales.

Según explica el Ayuntamiento, el centro comenzó a funcionar a finales de 2023 sin que se notificara ni se consultara previamente a las autoridades locales. Aunque se anunció como un recurso temporal y con capacidad limitada, en la actualidad alberga a más de 1.400 personas y ha superado los 10.000 usuarios desde su apertura.

El Gobierno municipal describe el dispositivo como “sobredimensionado” y advierte que los residentes están hacinados en carpas, sin acceso a programas formativos ni actividades ocupacionales, lo que resulta en un continuo deambular por las calles de la ciudad. Esta situación, sostiene el Consistorio, está generando “tensiones en los servicios públicos”, especialmente en la recogida de residuos, las urgencias sanitarias, las instalaciones deportivas y la escuela de adultos.

La inquietud vecinal se ha incrementado tras la presunta agresión sexual cometida por un residente del CAED contra una joven de Alcalá a finales de junio, un hecho que ha intensificado la preocupación ciudadana. El Ayuntamiento afirma que su solicitud responde “a la voluntad de la mayoría de los vecinos, cansados de soportar las molestias” y exige al Gobierno central una solución urgente.

En su carta, el Consistorio destaca el carácter acogedor y solidario de la ciudad, resaltando que dicha hospitalidad no puede ser utilizada como justificación para imponer a Alcalá de Henares una carga desproporcionada que debería ser compartida equitativamente.

El Ayuntamiento concluye que mantendrá su solicitud de cierre mientras no se produzca “un cambio sustancial en la política migratoria” que asegure una planificación justa, un reparto territorial equilibrado y una adecuada identificación de los perfiles que son derivados al centro.