El Ayuntamiento de Madrid abre una pista de hielo de 450 metros en Chamberí sin los permisos correspondientes | Noticias de Madrid

Desde el 1 de diciembre del año pasado hasta el 7 de enero de este, familias, amigos y parejas del distrito de Chamberí disfrutaron de una pista de hielo de 450 metros instalada en el parque Santander, el mismo parque que Esperanza Aguirre intentó transformar en un campo de golf y que los vecinos recuperaron tras 17 años de batalla judicial. Esta pista formaba parte de lo que la Comunidad de Madrid denominó “Navidad sobre el agua”, que también incluía un recorrido peatonal iluminado a lo largo de la explanada. La encantadora escena navideña duró algo más de un mes; la complicación surge porque, al momento de su inauguración, el Ayuntamiento no había dado su autorización, ya que la empresa encargada no había solicitado la licencia. Además, esta instalación necesita un permiso especial, dado que el parque se encuentra sobre un depósito del Canal de Isabel II, y para montar atracciones de este tipo es necesario un informe que asegure que no hay riesgo de derrumbe. La pista se inauguró sin esos documentos, y la Comisión Municipal para la Protección del Patrimonio Histórico y Artístico y Natural rechazó la licencia el 2 de enero, cinco días antes del cierre de la pista. Durante todo el mes, la empresa encargada de instalarla no presentó la documentación necesaria o la envió incompleta, por lo que se le abrirá un expediente sancionador, según informó un portavoz del Consistorio.

El montaje de la superficie de hielo comenzó el 24 de noviembre, y para el 30, solo seis días después, ya estaba lista para abrir al público. Esa tarde, la Comunidad de Madrid anunció en un comunicado que los madrileños podrían disfrutar del espacio de patinaje durante todo el mes. El 2 de diciembre, cuando decenas de personas ya habían visitado el parque, el PSOE registró una pregunta para que el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, respondiera en el siguiente pleno: ¿cuándo se había solicitado la licencia y cuándo se había concedido? “En noviembre solicitamos al Ayuntamiento la instalación de una pista de hielo y un carrusel durante las Navidades. Nos dijeron que no había tiempo. Luego descubrimos que el Canal de Isabel II iba a instalar una pista de hielo allí. Cuando lo consultamos, se dieron cuenta de que no es que no estuviera autorizada, sino que ni siquiera había sido solicitada”, relata por teléfono José Ignacio Prieto, portavoz del Grupo Socialista en el distrito. El Ayuntamiento había puesto en marcha una atracción para el público sin licencia, ni proyecto técnico, ni seguro de responsabilidad civil.

La empresa encargada de montar la pista es Last Lap, una compañía española especializada en la organización de grandes eventos deportivos, con una presencia destacada en la Comunidad de Madrid. Tras su integración en Atresmedia Eventos en julio de 2025, se ha posicionado como una de las agencias más grandes del sector, lo que le ha permitido organizar eventos significativos en la región, como la San Silvestre Vallecana en 2023, o una sesión de tardeo con el piloto Carlos Sainz en 2025, en el marco de las actividades que se llevarán a cabo hasta septiembre de 2026 por la llegada de la Fórmula 1 a Madrid.

El 5 de diciembre, tres días después de registrar la pregunta, Last Lap presentó una solicitud a la Junta de Distrito, como ha confirmado este periódico en el portal de contratación: “Instalación de pista de hielo de carácter temporal. Tipos de obra a realizar: Instalaciones eventuales, portátiles y desmontables. Presupuesto: 58.250,35 euros”. Sin embargo, la pista ya estaba montada y en funcionamiento.

Para instalar una pista de hielo en Madrid, es necesario solicitar una “licencia para actividades temporales” con, al menos, un mes de antelación al montaje, según el protocolo municipal. Además, tres días antes de que inicie la actividad, quienes soliciten la instalación deben presentar la documentación que demuestre que está técnicamente lista y cumple con los requisitos, previa inspección. No se puede montar ni abrir al público sin la licencia otorgada y los informes técnicos favorables; no basta con una declaración responsable, como concierne a la apertura de locales.

El 11 de diciembre —con la pista casi medio mes en operación— la junta del distrito respondió a la solicitud de la empresa, indicando que faltaban documentos esenciales para otorgar la licencia: “Examinando la documentación, se informa que es insuficiente”. Estos documentos incluyen, entre otros, el proyecto técnico firmado por un técnico competente y el promotor, que debe abarcar una memoria completa. La lista de información que falta es extensa: aforo, plan de evacuación, entradas y salidas, características de la estructura, elementos de seguridad para prevenir caídas, planos detallados y presupuesto desglosado. Tampoco habían presentado, para ese momento, el contrato del seguro de responsabilidad civil. En el mismo día que recibió el requerimiento, Last Lap respondió y la solicitud fue elevada a la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico y Artístico y Natural. Este organismo municipal emitió un informe desfavorable el 23 de diciembre y se decidió denegar la licencia el 2 de enero, lo que motivará ahora la apertura de un expediente sancionador.

El parque Santander, donde se erigió la pista de hielo, se encuentra construido sobre el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, que es la entidad pública propietaria del espacio. Esto complica aún más el proceso de licencia, pues la actividad ocurre sobre instalaciones subterráneas. La empresa debe presentar, además de todo lo anterior, un certificado técnico que asegure que la instalación cumple con las limitaciones de carga. Es decir, un informe que garantice que el suelo no se va a hundir. “Eso fue lo que sucedió cuando se llevó a cabo aquella obra en 1905. Se les cayó la losa de hormigón, causando la muerte de 30 trabajadores e hiriendo a otros 60”, recuerda Prieto. Es el mayor accidente laboral documentado en la historia de la ciudad, y hay una placa en el parque que rememora a las víctimas.

Un portavoz del Canal de Isabel II indicó que ellos solo se encargan de gestionar la cesión del espacio, y que “la solicitud de la licencia y los permisos necesarios correspondían al contratista [en este caso Last Lap]”. Una vez revisada la documentación y los informes técnicos, “procederán a imponer las sanciones económicas previstas en el pliego”. La adjudicación del contrato a Last Lap, la única empresa que participó en el concurso, se formalizó el 5 de noviembre. Aproximadamente diez días después, comenzó el montaje. Los pliegos administrativos del contrato establecen que, si el concesionario no entrega la memoria del proyecto antes de que inicien oficialmente los trabajos, debe afrontar una multa de 500 euros. Además, esta sanción no impide que el Canal de Isabel II pueda reclamar compensaciones adicionales si el retraso ocasiona algún daño o perjuicio.

La falta de transparencia en la concesión de licencias no es un fenómeno nuevo en el distrito. En 2023, la empresa Brewster Academy Spain SL inauguró el colegio de lujo Brewster Madrid —que reemplazó al Hospitalillo de Chamberí, declarado Bien de Interés Cultural (BIC)— con el plan especial necesario todavía en tramitación. El pleno municipal no autorizó la licencia hasta el 28 de noviembre de 2023, cuando ya existía incluso una orden de cierre sobre el establecimiento. A pesar de haber iniciado su actividad sin permiso, el Ayuntamiento otorgó poco después la licencia a cambio de una multa simbólica de 100.000 euros.

Otra de las irregularidades que causaron revuelo entre los vecinos fue la tala de 15 árboles en una parcela cercana al número 8 de la calle Arapiles, realizada sin la licencia correspondiente. Los ejemplares fueron eliminados de manera irregular al inicio de la construcción de un aparcamiento subterráneo de cuatro plantas y 130 plazas, una infraestructura que había sido autorizada por el Ayuntamiento de Madrid mediante un plan especial aprobado en 2022 y cuyos trabajos comenzaron a principios de octubre de 2024.