El Ayuntamiento de Madrid contrata a un alto directivo de la empresa que le cedió y luego volvió a adquirir la gestión de la M-30.

La nueva directora de producción de Calle 30, la sociedad encargada de la explotación de la M-30 y que en 2026 se convirtió nuevamente en una entidad totalmente pública tras 20 años, también ocupaba ese cargo en Emesa. Esto significa que estuvo en la sociedad privada que, durante ese tiempo, controló el 20% del organismo que gestiona la M-30. Desde el área de Obras del Ayuntamiento de Madrid afirman que todos los procesos de contratación se han llevado a cabo “de acuerdo con la normativa” y “según los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

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    Sonia Suárez trabajó en Emesa desde 2006, poco después de la privatización parcial. Se desempeñó como responsable de producción entre febrero de 2017 y diciembre de 2025, momento en el cual dejó su puesto. Un mes después se unió a Calle 30, coincidiendo con la salida de Emesa de la sociedad y la culminación de la remunicipalización.
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    Como directora de producción, Suárez coordina la planificación, organización y supervisión de los recursos y procesos operativos (asfaltado, seguridad, señalización...) en Calle 30. Esta es la sociedad municipal responsable del mantenimiento y explotación de la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. Con sus 48 kilómetros, es la autopista más transitada de España y cuenta con la red de túneles urbanos más extensa de Europa, con 32,5 kilómetros que rodean el centro de la ciudad.
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    A pesar de la remunicipalización, Calle 30 (actualmente dirigida por el polémico exconcejal Javier Ramírez) continúa llevando a cabo muchas operaciones y proyectos a través de contrataciones con empresas privadas. Paradójicamente, esos contratos pueden ser adjudicados a empresas que anteriormente formaban parte de Emesa. De ahí que Samuel Romero, consejero apoderado de Calle 30 durante la etapa de Manuela Carmena, advirtiera en una conversación con Somos Madrid sobre “un conflicto de intereses claro” al designar a una exdirectiva de Emesa como alto cargo en la empresa pública. Además, sugiere que esa conexión podría seguir activa: “Al asumir un cargo público, por lo general pides una excedencia en tu puesto anterior”.
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    Romero destaca la complejidad del rol de Suárez y las dificultades que conlleva su experiencia previa: “Ha trabajado en empresas que ahora deberá supervisar. Esto complica la exigencia de que cumplas con sus contratos, ya que las empresas siempre intentan economizar cada céntimo”. Aunque no cuestiona los “conocimientos” de Suárez en obra civil y otros temas relacionados, sí pone en duda su nombramiento.
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        <p class="quote-text">Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo</p>
        <p>
            <span class="name">Samuel Romero</span>
            <span>—</span> Exconsejero apoderado de Calle 30
        </p>
    </div>
</blockquote>

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    Algunos contratos suman importantes cantidades, como el que se formalizó el pasado noviembre (cuando la remunicipalización aún no se había completado y Suárez seguía en Emesa), valorado en casi 198 millones de euros para la explotación y conservación de los túneles del anillo de la M-30. Calle 30 adjudicó este contrato a una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Serveo, API Movilidad, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Asfaltos Vicálvaro. Algunas de estas compañías formaban parte de Emesa, que originalmente incluía a Ferrovial (ahora llamado Serveo), Api Conservación (del mismo grupo que API Movilidad, imesAPI) y Dragados.
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    Desde el área de Obras del Ayuntamiento de Madrid, que preside Paloma García Romero en Calle 30, justifican a este medio que “la sociedad está adaptando su estructura y recursos a la nueva forma de gestión”. En este contexto, argumentan que “se han iniciado varios procesos de contratación de personal para atender nuevas necesidades en recursos humanos”. Aseguran que todos estos procesos se han desarrollado “de acuerdo con la normativa aplicable, siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante las convocatorias abiertas a todas las personas interesadas y autorizadas por el Ayuntamiento de Madrid”.
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<h2 class="article-text">Una “oportunidad perdida” para “crear una empresa pública potente”</h2>

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    Tras el nombramiento de Suárez y las millonarias adjudicaciones que el mantenimiento de la M-30 sigue demandando a la administración, Romero cuestiona que el Ejecutivo de Almeida no haya aprovechado la remunicipalización para “crear una empresa pública eficaz”. Una entidad que se encargara de “funciones básicas, ordinarias o repetitivas, aunque luego se puedan licitar labores específicas”: “Volvieron a licitar contratos de conservación o mantenimiento y las antiguas integrantes de Emesa ahora son adjudicatarias de esos contratos. Se ha perdido una oportunidad significativa para ahorrar en márgenes de beneficio de las empresas”.
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    El exconsejero de M-30 opina que eso “contradice el modelo de privatización, que solo abandonaron porque implicaba destinar muchos fondos y era claramente inaceptable”. Según Romero, “mantienen el trasfondo de inflar contratos a las constructoras y ahora colocan a alguien que comprende a la perfección ese modelo y que proviene de él”.
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    La gestión de Calle 30 es 100% pública desde el pasado 1 de enero, cuando el Ayuntamiento de Madrid finalizó una privatización parcial que duró desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón y que le costaba 55 millones de euros anuales. Este monto fue calculado durante el mandato de Romero, en 2017, cuando realizó una auditoría de su situación financiera. En total, el déficit ronda los 1.100 millones de euros.
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    Romero recuerda que, al asumir el equipo de Carmena, pudieron constatar de primera mano la “opacidad en la documentación de contratos y licitaciones” en Calle 30: “Nuestra labor no fue solo una modernización o sostenibilidad, sino también cuestionar qué habíamos hecho con el dinero público. Nos encontramos con certificaciones de obras poco claras y contratos de conservación con condiciones ambiguas y duplicadas. Buscábamos mayor transparencia y establecer mecanismos para evitar errores pasados”.
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    Subraya que continuar con el contrato con Emesa a partir de 2025 habría sido “ilegal” y que su gestión contribuyó a sacar esa realidad a la luz. La de “un modelo deficiente que nunca debió ser implementado”. Su mayor lamento es no haber podido finalizar la remunicipalización en la década anterior, antes de que el Partido Popular volviera al poder: “No tuvimos tiempo suficiente”, dice. La destitución de Carlos Sánchez Mato, concejal delegado de Economía y Hacienda que controlaba Calle 30 hasta su destitución en diciembre de 2017, frustró los planes más ambiciosos.
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<h2 class="article-text">El fin de un modelo “lesivo” entre diversas contrataciones</h2>

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    Gallardón optó en 2005 por un modelo de gestión mediante una empresa mixta para llevar a cabo el ambicioso soterramiento de la vía, con un 80% de propiedad municipal y un 20% en manos de diversas constructoras reunidas en Emesa. Ferrovial, Dragados y API Conservación formaron esta sociedad con un contrato que podría extenderse hasta 2040.
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    “Lesivo para las arcas públicas municipales”. Así definía el dictamen final sobre la auditoría de Madrid Calle 30, basado en un informe de la Cámara de Cuentas, el modelo de gestión elegido. La investigación realizada durante el mandato de Carmena reveló que la estructura de gestión de Emesa fue diseñada por el equipo de Gallardón con la intención de que la deuda generada por el soterramiento de la M-30 no se contabilizara en los fondos del Ayuntamiento. Por ello, aunque Calle 30 empezó como una empresa pública en 2004, al año siguiente abrió su capital a la inversión privada para eludir los controles de la Unión Europea y permitir que el exalcalde pudiera realizar la obra a través de un endeudamiento no autorizado por las instituciones europeas de control.
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    El acuerdo incluía, sin embargo, la opción de revocación en 2025, cláusula que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida finalmente ejecutó. Como consecuencia, dejó de pagar el IVA o el impuesto sobre sociedades por todas sus operaciones, así como los dividendos obligados por haber constituido una empresa en vez de asumir una gestión pública.
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    La decisión, irrevocable, fue tomada por el área de Obras y Equipamientos tras un informe del área de Hacienda que advertía sobre el ahorro para las arcas públicas. El cambio en la gestión implica que todas las labores de mantenimiento ejecutadas por Emesa deberán ser adjudicadas en nuevos contratos de gestión, como el asignado a finales de 2025 por casi 200 millones de euros.
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    <p class="know-more__title">Fin a la ruinosa gestión de la M-30 por la que Madrid gasta 1.100 millones extra: Almeida recompra su empresa mixta</p>
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    Actualmente, Calle 30 se encuentra en pleno <a href="https://mc30.es/empleo/" target="_blank" rel="nofollow" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">proceso de contratación de otros altos cargos</a>, incluido el de director gerente, cuya oferta fue publicada el pasado 13 de marzo. La remuneración anual para este puesto excede los 103.000 euros brutos. Desde el área de Obras aseguran que “se resolverá de acuerdo a las bases publicadas mediante el procedimiento correspondiente”. Añaden que la convocatoria busca “cubrir la vacante que quedará con la salida del actual director gerente [Antonio Tocino de la Iglesia], quien ha expresado su intención de finalizar su relación laboral con Madrid Calle 30 en un puesto clave para la gestión diaria del servicio”. Otras convocatorias en fases más avanzadas incluirán tres oficiales administrativos, un técnico del área de instalaciones, uno de estructuras, otro más de explotación y un especialista en modelos digitales 3D.
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