El Ayuntamiento de Madrid modifica su enfoque y considerará el número de residentes por hogar para determinar la tasa de basura en 2026 | Informaciones sobre Madrid.

El Gobierno de José Luis Martínez Almeida (PP) en el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un giro significativo esta semana en el diseño de la tasa de basuras que comenzó a aplicar en septiembre. Tras un mes y medio de quejas tanto de los madrileños como de los grupos de la oposición, el Ayuntamiento ha anunciado una modificación en la ordenanza de la Tasa de Gestión de Residuos para que la factura considere el número de empadronados por vivienda, tal como exigían Más Madrid y el Partido Socialista desde el año anterior. Como resultado, el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2026 aumentará ligeramente de 141 a 142,6 euros de media.

La delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, presentó la modificación el jueves como una medida que busca dotar a la tarifa de una mayor “seguridad jurídica”.

Desde la perspectiva de la oposición, el cambio de postura del Consistorio es un paso positivo, pero no aborda el resto de las “injusticias” que genera el cobro del impuesto, como consideran, no tener en cuenta la renta de los residentes, el comportamiento en el reciclaje, o la presión que ejercen los pisos turísticos en los barrios del centro.

La nueva ordenanza de la Tasa de Gestión de Residuos se aprobará en 2026 y considerará el número de empadronados en cada vivienda a 1 de enero de 2026. Aquellos que residan en un domicilio diferente del que figura en el padrón municipal podrán informar a la Administración para que se les aplique la tarifa correspondiente según el barrio en el que residen. Hasta ahora, el pago se calculaba sumando al valor catastral del inmueble el resultado de multiplicar la tarifa de generación fija (que varía según el barrio) por el coeficiente de separación de desechos (que refleja el resultado de la clasificación de residuos por barrio).

Con esta modificación, ya no habrá una tarifa de generación única por barrio, sino que se establecerán tarifas distribuidas en diez tramos (desde una persona empadronada hasta diez o más) según el número de empadronados en el inmueble a 1 de enero de 2026. Así, el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2026 aumentará ligeramente de 141 a 142,6 euros de media.

Para mitigar el descontento social que genera la tasa de residuos, el Ayuntamiento ha decidido nuevamente reducir el tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), siendo esta la quinta reducción desde que Almeida asumió el gobierno de la capital. En concreto, se disminuye el IBI para todos los madrileños del 0,428 % al 0,414 %, lo que permitirá un ahorro en el próximo ejercicio de 30,8 millones de euros en comparación con 2025, según los cálculos del Consistorio.

“En Madrid se ha trabajado de manera rigurosa”, defendió Hidalgo durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La responsable de Hacienda volvió a criticar al Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE) por imponer “de forma unilateral” a los ayuntamientos la obligación de repercutir en los ciudadanos el costo del servicio de recogida y tratamiento de residuos.

Desde la entrada en vigor de la ordenanza —el 23 de diciembre de 2024—, el Consistorio ha afirmado repetidamente que la culpa recae en el Ejecutivo de Sánchez por aprobar la Ley 7/2022, que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a cobrar un tributo que refleje “el coste real” de la gestión de residuos. Esta norma es una adaptación de una directiva europea aprobada en 2018 para cumplir con los objetivos de gestión de residuos urbanos: la UE exige alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025.

En respuesta a este argumento del Ayuntamiento, los grupos políticos de la oposición en la capital sostienen que el Gobierno municipal contaba con la autonomía necesaria para diseñar un sistema que se adaptara a la realidad de los barrios de la ciudad.

La concejala de Más Madrid, Sara Ladra, critica que el Gobierno de Almeida “se ha negado a implementar ninguna medida que hiciera más justa” la nueva tarifa. “Esta tasa no soluciona nada. No incentiva a la ciudadanía a reciclar más, ni aborda el problema de la limpieza o la gestión de residuos en la ciudad. Mientras tanto, las familias madrileñas están cada vez más asfixiadas y las empresas contratistas continuando con sus beneficios”, añade.

Para Ladra, la ordenanza resulta “injusta” para las familias con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); para quienes reciclan y gestionan adecuadamente sus residuos; para los barrios que soportan las infraestructuras de recogida de residuos de toda la ciudad —como la planta de Valdemingómez—; y para los barrios del sur, “que continúan desatendidos en lo que respecta a los contratos de limpieza de esta ciudad y deben pagar lo mismo que los demás”.

El Partido Socialista tampoco expresa satisfacción con los cambios. La portavoz adjunta de los socialistas en la capital, Enma López, considera que la bajada del IBI “beneficia más a quienes más tienen”. Por ejemplo, según la concejala, una vivienda promedio en el barrio de San Cristóbal, en Villaverde, verá una reducción de 8 euros, mientras que una vivienda similar en Goya ahorrará 300.

En relación a la tasa de basura, afirma que la modificación “llega tarde” y que el Ayuntamiento “sigue actuando de forma incorrecta”. El PSOE sigue presionando para que Almeida acepte introducir cambios en la ordenanza de la tasa de basuras. La formación que lidera Reyes Maroto llevará al pleno de la próxima semana una proposición que incluye medidas como excluir a las Viviendas de Uso Turístico del ámbito residencial e incluirlas como bienes de uso comercial, así como una reducción del 100% a las unidades familiares en riesgo de exclusión social que sean beneficiarias de la ayuda municipal de emergencia con un informe favorable de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, entre otras.