El CGPJ inicia un procedimiento informativo contra la jueza de la dana tras una queja de la exconsellera bajo investigación.

Salomé Pradas se presentó ante el órgano de gobierno de los jueces, y su ex ‘número dos’, que también está bajo investigación, respaldó sus escritos.

   MADRID/VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

   El responsable de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha iniciado diligencias informativas respecto a la jueza encargada de la investigación de la dana, Nuria Ruiz, tras recibir una queja de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, quien es objeto de la investigación.

   Fuentes del órgano que rige a los jueces han confirmado a Europa Press que el promotor evalúa si hay suficientes elementos para abrir un expediente contra la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja (Valencia), o si archiva la queja, ya sea por considerar que no hay infracción o porque los hechos son una cuestión jurisdiccional que no correspondería al CGPJ.

   Según ha informado ‘OkDiario’, las diligencias relacionadas con Ruiz fueron abiertas hace unas semanas. Las fuentes consultadas han enfatizado que estas diligencias informativas son procedimientos comunes que se llevan a cabo cada vez que se recibe una queja contra un juez; el año pasado se iniciaron alrededor de 600 de estos procedimientos.

    Fuentes de la defensa han indicado a Europa Press que en este caso la apertura de diligencias se refiere a la queja y las dos ampliaciones presentadas en nombre de la exconsellera por la forma en que la magistrada está llevando a cabo la instrucción. De acuerdo con estas fuentes, a estos escritos se unió el otro investigado en el proceso, el ex ‘número dos’ de Pradas y ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

   La defensa solicita expresamente la suspensión de la magistrada mientras se investiga lo expuesto en la queja. En caso de que se tome una decisión por parte del máximo órgano de gobierno de los jueces, se podría recurrir ante el propio CGPJ y, eventualmente, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas.

AFIRMACIONES «SIN BASE PROBATORIA»

   Es importante recordar que Salomé Pradas presentó su queja en mayo al considerar que su derecho a la defensa estaba siendo «gravemente afectado» debido a cómo la jueza dirigía la investigación. «Hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y comprometen la equidad del procedimiento», declaró entonces su abogado, Eduardo de Urbano, del despacho Kepler-Karst.

   Entre los motivos de la queja, se mencionó la «existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones rotundas sin base probatoria suficiente» y el uso de «informaciones periodísticas no verificadas como fundamento de resoluciones judiciales».

   En junio, Pradas amplió su reclamación, indicando que se le había negado la transcripción completa y literal de la declaración realizada el 11 de abril. Específicamente, destacó que se le había proporcionado una «versión resumida de 10 folios, sin incluir las preguntas formuladas ni ciertas citas legales y matices presentes en las respuestas».