El Consejo de Estado critica a Sánchez por su registro de medios ‘franquista’: «Limita la libertad»

El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo en materia legislativa del Gobierno, cuestiona el registro de medios que el Ejecutivo busca implementar en su autodenominada Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Esta ley actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Según el dictamen al que ha accedido OKDIARIO, el Consejo de Estado plantea varias objeciones a la creación de este registro, donde los medios deberán inscribirse y mantener actualizada la información sobre su estructura de propiedad, el importe anual de fondos públicos asignados a publicidad estatal, y el total de ingresos anuales por publicidad provenientes de autoridades o entidades públicas de terceros países.

Aunque el Gobierno se refiere al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, el Consejo de Estado aclara que este «no obliga a crear un registro, sino que simplemente exige la unificación de la información presentada por los proveedores de servicio en una base de datos nacional».

«La precisión no es solo terminológica, sino conceptual, ya que la publicación de la información está destinada a los usuarios de los medios de comunicación, y no a las Administraciones públicas», advierte el órgano consultivo.

Por ello, señala que «no se busca establecer un registro administrativo de control (un instrumento de policía administrativa), sino implementar un instrumento de transparencia, al servicio de ciudadanos y empresas, cuyo objetivo es facilitar el conocimiento de la información sobre la propiedad de los medios de comunicación».

El reglamento mencionado establece que «para contribuir a un alto nivel de transparencia en relación con la propiedad de los medios de comunicación, los Estados miembros también deben encargar la creación de bases de datos de propiedad de los medios de comunicación a las autoridades u organismos reguladores nacionales o a otras autoridades competentes. Estas bases de datos deben operar como una ventanilla única que permita a los destinatarios de los servicios de medios de comunicación verificar fácilmente la información relevante sobre un determinado proveedor de servicios de medios de comunicación».

Por otro lado, el Consejo de Estado recuerda que «en el ordenamiento español no existe actualmente ninguna obligación de registro para ejercer la actividad de prensa» y que «los antiguos registros de empresas periodísticas y editoriales previstos en la Ley de Prensa de 1966 fueron derogados» en 1984.

«De esta forma, la imposición de una nueva obligación de registro podría interpretarse como una restricción al libre ejercicio de la actividad periodística», lo cual es contrario al reglamento europeo que advierte: «Nada de lo dispuesto debe interferir en la libertad de información, la libertad editorial o la libertad de prensa, ni incentivar a los Estados miembros a imponer requisitos sobre los contenidos editoriales o las publicaciones de prensa».

Además, este organismo subraya que para implementar una medida así, «que implica una restricción al régimen de libertad actualmente vigente», se debería «analizar su proporcionalidad y ofrecer razones para su justificación».

«Ecosistema democrático»

El Gobierno argumenta que este registro «no tiene como finalidad el control, entendido como un instrumento de policía administrativa, sino que busca establecer un instrumento de transparencia, al servicio de ciudadanos y empresas». «En otras palabras, se trata de un registro meramente informativo».

Según su enfoque, «la medida es adecuada porque facilita el escrutinio público sobre los actores mediáticos y fortalece la confianza en la información; es necesaria porque no hay alternativas menos restrictivas que logren el mismo nivel de transparencia de manera eficaz; y es proporcionada en sentido estricto porque no afecta el contenido editorial ni supone censura, sino que exige una obligación administrativa limitada y justificada, superada por los beneficios que aporta al buen funcionamiento del ecosistema democrático y mediático». 

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, defendió tras la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros que se trata de una iniciativa «muy importante que va a tener efectos muy reales sobre la vida cotidiana de muchas personas».

Así, bajo el pretexto de la transparencia, el registro plantea diversas interrogantes, como el control real que podrá ejercer el Gobierno sobre los medios y el relato informativo. La Ley de Prensa de 1966 estipulaba que correspondía al Estado «la regulación del número y extensión de las publicaciones».