El día en que el sistema permitió el desalojo de las hijas de una mujer asesinada por violencia de género en Madrid.

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    Era el único día sin lluvia de la semana y, sin embargo, algunos en Villaverde despertaron con un nudo en la garganta. Este miércoles, el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid había ordenado el desalojo de Victoria N.P. y sus dos nietas menores, ambas hijas de una mujer asesinada en 2023 por su expareja. Su madre falleció a pocas calles del edificio del que ahora han tenido que irse, sin recurrir a los servicios municipales de emergencia y sin haber recibido ninguna ayuda por quedar huérfanas tras un crimen de violencia machista.
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    <p class="know-more__title">La Policía detiene a un hombre por el asesinato de su expareja en Villaverde</p>

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    El aviso de desalojo lo recibieron en diciembre en el domicilio donde residían –calle Dolorosa número 14– la abuela de las niñas y una hermana mayor de edad que ha preferido permanecer en el anonimato. Esta última decidiu irse antes de fin de año debido al estrés que le causaba esa fecha en el calendario: el 14 de enero a las 13:00 horas tendrían que desocupar la casa en la que Victoria N.P. habitó durante más de diez años, llevándose todo o perderían lo que quedara dentro. La causa: una <strong>deuda hipotecaria</strong>.
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    La madre de la mujer asesinada tenía una deuda con Caixabank y una renta mensual de aproximadamente 600 euros, según estimaciones familiares; así que una sociedad limitada involucrada en la promoción inmobiliaria, Circleville SL, adquirió esa deuda y comenzó a reclamar la propiedad del piso que hasta entonces pertenecía a Victoria. La disputa judicial por mantener el piso acumula autos y resoluciones desde, al menos, el año 2018, cuando otra empresa registrada en Luxemburgo (Vuelta Direct Holdings S.A.R.L.) pidió una ejecución hipotecaria para que Victoria N.P. desocupase el apartamento en Villaverde.
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<p class="article-text">
    El Ayuntamiento de Madrid aseguró a este periódico un día antes del desalojo que habían enviado al juez un requerimiento solicitando la paralización del desahucio, adjuntando un informe social sobre la delicada situación de la familia. Sin embargo, nada detuvo el proceso. Puntuales, solo seis minutos después de la hora fijada para el lanzamiento, y ante la presencia de policías, cerrajeros, agentes de Samur Social e incluso políticos de la oposición, la nieta mayor envía un mensaje breve desde su teléfono: “<strong>Nada. Nos desahucian</strong>”.
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    Las tres hermanas y su abuela han perdido definitivamente su hogar –una ya se había mudado anteriormente a casa de sus suegros– y han repartido tanto a sí mismas como a sus pertenencias entre la casa de amigos o vecinos que decidieron ayudar. Fuentes del Área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad afirman que las afectadas (al menos, las dos adultas) fueron quienes rechazaron los recursos temporales: “La familia ha preferido alojarse con su red de apoyo”.
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    Según testimonios de otros presentes durante el desalojo, la abogada de oficio que representaba a las chicas y su abuela no se presentó en el edificio, pero sí acudieron varios agentes de la Policía Municipal y un grupo de trabajadores del Samur Social. Media hora antes de la llegada de todos, la hermana mayor se mostró ansiosa al otro lado del teléfono. “No tenemos noticias de nada, no sé qué va a pasar, pero nos están ayudando a sacar todo”, decía a Somos Madrid.
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<h2 class="article-text">La madre murió a los 36 años a manos de su expareja</h2>

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    Su madre fue asesinada por el hombre con el que vivía, quien le propinó varias puñaladas en septiembre de 2023. Falleció a los 36 años y el sospechoso fue detenido y llevado ante la justicia. Desde entonces, Victoria N.P. se encargó de sus hijos y convive con ellos en el piso de Villaverde. La Comunidad de Madrid, por medio de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, <a href="https://sede.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-orfandad-violencia-genero" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link" target="_blank">ofrece ayudas</a> a huérfanos de víctimas de violencia machista mayores de 16 años, o a sus tutores legales en caso de que no hayan alcanzado esa edad.
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    La asistencia para cada beneficiario será un único pago equivalente a dos veces el IPREM anual, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que determina el umbral de ingresos para acceder a diversas ayudas, becas o subvenciones. Existen otras ayudas estatales y becas de comedor, con una categoría especial para hijos de víctimas de este tipo. La familia directa de la mujer asesinada niega haber recibido ayuda en este tiempo, pero desde la administración aseguran que no se ha presentado ninguna solicitud.
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    Una de las representantes políticas que estuvo presente durante el desalojo, la diputada del PSOE en la Asamblea y secretaria de Igualdad de los socialistas madrileños, <strong>Lorena Morales</strong>, critica la actuación de la administración municipal al permitir que se llevara a cabo la expulsión. “Una trabajadora de los Servicios Sociales me informó en ese momento que no podían ofrecerles más ayuda porque ninguna tenía la condición oficial de víctima de violencia de género, que es evidente dado que hay una sentencia firme que así califica este crimen”, sostiene la parlamentaria regional. También estaban presentes otros políticos locales como <strong>Nacho Murgui</strong>, de Más Madrid.
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    <p class="know-more__title">Orden de desalojo inminente en Villaverde para los dos hijos de una mujer asesinada por violencia machista en 2023</p>

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    Consultados sobre esta situación, desde el Ayuntamiento reiteran que el ofrecimiento de recursos municipales para perfiles vulnerables en caso de desalojo se realiza “independientemente de su condición de víctimas”, y que debe estar disponible para “cualquier persona en situación de emergencia social”. Afirman que, aunque no haya sido el caso aquí, no impide que puedan continuar recibiendo la atención social necesaria desde su centro de servicios sociales de referencia o a través de otros recursos municipales, en caso de que hayan rechazado un alojamiento.
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