El encargado de la construcción de Tribulete reconoce ante la jueza que no hay diferencia entre los departamentos ocupados y los desocupados.

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) –

El responsable de las obras del inmueble en el número 7 de la calle Tribulete, ubicado en el barrio de Lavapiés, ha admitido ante la jueza que no hay ningún protocolo específico ni distinción en la realización de las tareas entre viviendas ocupadas y desocupadas, según han mencionado fuentes jurídicas a Europa Press.

Esta declaración forma parte de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid por un supuesto delito de acoso inmobiliario contra directivos y trabajadores del fondo de inversión Elix, propietario del edificio.

En el desarrollo de la instrucción, comparecieron ayer el portero del edificio, el jefe de obra y el arquitecto elegido por los vecinos. Según la abogada del Sindicato de Inquilinas, Alejandra Jacinto, la declaración del encargado de las obras refuerza la acusación de acoso inmobiliario, ya que admite que las obras se ejecutan sin diferencias a pesar de que parte del edificio sigue ocupado.

La letrada subraya que esto demuestra que «no hay ningún protocolo ni diferenciación» cuando se trata de viviendas habitadas, evidenciando que no se han implementado las mínimas garantías para proteger a quienes aún residen. «Lo lógico sería tomar precauciones», afirmó la abogada.

Además, el arquitecto de los vecinos habría confirmado ante la magistrada que las obras podrían realizarse de otra manera, con menos impacto y sin causar «tanto daño ni tantas molestias» a los residentes. En opinión de la abogada, esto refuerza la teoría de que la ejecución de los trabajos no es inevitable desde el aspecto técnico.

Por otro lado, el portero de la finca habría corroborado que los responsables de la propiedad estaban conscientes de cada situación particular de los vecinos y de las condiciones en que se estaban llevando a cabo las obras. «Son responsables de lo que ocurre, tanto por acción como por omisión», sostiene la letrada.

Estas declaraciones ocurren después de que el pasado 19 de febrero directivos y empleados de Elix –entre ellos el socio fundador, el director de Expansión y el arquitecto responsable– negaran ante la jueza la existencia de acoso inmobiliario o que las obras iniciadas en noviembre de 2024 tuvieran como fin causar daño para forzar la salida de los inquilinos.

La abogada ha reiterado que el delito de acoso inmobiliario se define como la imposibilidad de uso legítimo de la vivienda y considera que las actividades realizadas hasta ahora «indican precisamente esa limitación efectiva del derecho a permanecer en casa».

El sindicato pedirá nuevas diligencias, incluyendo requerir a la Policía Municipal los informes derivados de las llamadas reclamadas por los vecinos sobre ruidos, daños y riesgos para la seguridad.