El encargado legal del Congreso colaboró con el PSOE sin autorización, consciente de que era incompatible.

El actual secretario general del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso, mientras era letrado activo en la Cámara Baja, colaboró con el candidato socialista Eduardo Madina durante las elecciones primarias de 2014, según han confirmado a OKDIARIO algunos integrantes del equipo de Madina. En dichas primarias, Pedro Sánchez resultó vencedor. Fuentes jurídicas han asegurado a este diario que Galindo no comunicó ni solicitó compatibilidad para realizar esta actividad, ya que es considerada “incompatible” según el Estatuto del Personal.

En la actualidad, Fernando Galindo es visto como la “mano derecha” de la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y el “brazo ejecutor” del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Curiosamente, Galindo, que en su momento colaboró con Madina durante las primarias del PSOE contra Pedro Sánchez, hoy es una figura clave, administrando la Mesa del Congreso y supervisando cualquier informe o documento requerido por la presidenta en favor del Gobierno de Sánchez.

Quienes compartieron tiempo con Galindo aseguran que fue un pilar fundamental en la candidatura de Madina. Aseguran que incluso lo “previno en su momento” sobre algunas “trampas” que sospechaba estaban cometiendo en la candidatura rival, la de Pedro Sánchez, por parte de su equipo, que incluía a Koldo García y al exministro José Luis Ábalos, ambos actualmente en prisión.

En aquel entonces, Fernando Galindo era letrado activo del Congreso de los Diputados, asignado a la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria, y estaba sujeto al Estatuto del Personal de la Cámara Baja, que establece de manera clara en su artículo 62 f (según el Estatuto vigente en ese momento) o en el 71 f (del Estatuto reformado recientemente) que es incompatible «el asesoramiento a partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos, asociaciones empresariales o cualquier tipo de grupo o asociación que tenga una relación directa con las funciones ejercidas por las Cortes Generales».

A pesar de esto, Galindo asesoró de manera discreta a Madina y a miembros de su equipo que, igualmente, le plantearon dudas jurídicas.

Este mismo Estatuto, al que estaba sujeto Galindo, estipula en su artículo 60.3 que «el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Estatuto será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad pública o privada que pueda obstaculizar o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia«.

Sin embargo, aunque ayudó al diputado Madina en desmedro del diputado Sánchez y comprometió su imparcialidad, Galindo desempeñó un papel, siempre en la sombra y sin aparecer en actos públicos, en la campaña de Madina.

Finalmente, el artículo 62.2 indica que el funcionario en servicio activo de las Cortes Generales no podrá ejercer en ningún caso «el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, ya sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen particularmente en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

A pesar de todos estos artículos, Galindo fue la fuente jurídica en la que se apoyaban los miembros del equipo de Eduardo Madina ante cualquier duda. No obstante, las fuentes consultadas destacan que fue «muy cuidadoso» en su labor, ya que nunca se le vio en reuniones del equipo ni en mitines del candidato. Sin embargo, «era la persona a la que había que recurrir para resolver dudas jurídicas, censos y avales», explica uno de los integrantes de la campaña de Madina.

Por otro lado, las fuentes jurídicas consultadas aseguran que esa discreción «solo puede responder al temor de ser descubierto en una infracción muy grave», dado que ese tipo de tareas están explícitamente prohibidas a un letrado activo.

De hecho, añaden que «debería haber solicitado la compatibilidad al Congreso de los Diputados para llevar a cabo esas labores de asesoramiento o ayuda». Sin embargo, argumentan que «es evidente que no lo hizo, porque el Congreso jamás le hubiese podido autorizar el asesoramiento a un diputado en una campaña electoral».