El equipo de Ayuso solicita apoyo para enfrentar la disputa legal con 900 personas afectadas por la propiedad de numerosas casas y apartamentos en la sierra de Madrid | Noticias de Madrid

Hubo un momento en el que por esta urbanización de lujo desfilaron apellidos prominentes como Botín y Manrique. En la actualidad, un apellido menos reconocido, García, vincula a la ministra de Sanidad, Mónica García, con la propiedad de un chalet en Camorritos, Cercedilla. Sin embargo, nadie sabe cuánto tiempo más podrán disfrutar de estas viviendas. En septiembre de 2024, la Comunidad de Madrid decidió que deben abandonarlas, dado que su construcción en este monte de utilidad pública estaba respaldada por una concesión del suelo de 99 años que ha llegado a su fin. Esto ha desencadenado un conflicto político, administrativo y judicial tan complejo que el gobierno regional ha tenido que buscar apoyo externo: los 900 afectados ya han presentado 329 recursos de reposición y, hasta ahora, 43 recursos contenciosos administrativos sobre su desalojo. Una batalla total que ha llevado al Ayuntamiento de Cercedilla a licitar otro contrato de asesoría jurídica por casi tres millones de euros, dado que este caso podría alcanzar el Supremo y el Constitucional.

Si esto fuera un combate de boxeo, los vecinos recibirían una serie de golpes que dejarían a cualquiera en el suelo entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2024. Pim-pam. Primero, la Comunidad declara que ha caducado la concesión estatal de 1920 destinada a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico, que a su vez otorgó concesiones a terceros para tratar de construir unos sanatorios de altura que nunca se materializaron. Ese es el origen de los actuales chalets y apartamentos. Después, el segundo golpe llega cuando la Administración decide que los ocupantes de los edificios deben entregar las llaves en un plazo máximo de tres meses, limpias y en orden, es decir, con la hipoteca saldada si es que la tenían.

Hay muchas viviendas en juego: alrededor de 90 chalets en Cercedilla y aproximadamente 360 apartamentos en el Puerto de Navacerrada. Los afectados se resisten con todas sus fuerzas a despedirse de construcciones pintorescas como la casa de las Tres Torres; de una vida llena de recuerdos de veranos familiares, inviernos nevados y excursiones por la montaña; en definitiva, de hogares que han albergado a varias generaciones de seres queridos.

“¡Es que son nuestras casas!”, se lamenta Enrique Castells, secretario de la asociación de titulares afectados en Camorritos, quien estima que más de 1.100 personas están involucradas en este asunto, contando a los propietarios de Navacerrada y Cercedilla, ya que el número aumenta a medida que mueren cabezas de familia y sus hijos heredan la residencia y el problema. “La situación es que en octubre la Comunidad declara caducada la ocupación de Camorritos; evidentemente, no estamos de acuerdo, y se recurre, y algunas personas van directamente al contencioso”, describe sobre un proceso que involucra a dueños de casas, pisos, restaurantes, garajes… “Se va contra el Ayuntamiento y la Comunidad. A mi juicio, están equivocados”, añade sobre una batalla legal que ha llevado a cada familia a gastar miles de euros, en consonancia con el alto valor que tendrían sus viviendas en el mercado. Y advierte: “El tiempo lo dirá. Vamos a llegar hasta donde podamos. Es un tema que se prolongará mucho y lo llevaremos hasta el último recurso, incluso si tenemos que acudir a Europa. Paso a paso”.

Para empezar, el contrato licitado por el Ayuntamiento de Cercedilla tendrá una duración de cinco años. Sin embargo, esto no implica que se logre una resolución en ese lapso. De hecho, la misma documentación del municipio prevé la posibilidad de convocar un nuevo acuerdo tras la finalización de este, ante la opción de que el pulso legal se extienda a las instancias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

“En la actualidad, existe un alto número de expedientes de concesiones administrativas cuyo plazo de vigencia ha finalizado o está a punto de vencer, muchas de ellas son concesiones otorgadas hace más de 99 años”, se detalla en documentación consultada por EL PAÍS que acompaña a la contratación de un servicio de asesoría técnica y jurídica para la Comunidad de Madrid por un monto de 350.648,14 euros. “Este exceso extraordinario y puntual conlleva, a su vez, una mayor litigiosidad”, se añade. “Hay algunos expedientes de alta complejidad en los que los interesados han presentado múltiples recursos de reposición, así como recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, se menciona en relación al caso de Cercedilla y Navacerrada. Y se admite: “[Por ello] se requiere un apoyo técnico jurídico”.

El problema, se infiere, podría extenderse a otras áreas de la región, ya que la situación en Cercedilla y Navacerrada no es la única con concesiones centenarias caducadas o a punto de caducar.

Así, actualmente hay alrededor de 335 ocupaciones temporales vigentes en montes catalogados en toda la Comunidad, de las cuales 242 están sujetas al pago de un canon, lo que genera ingresos anuales de 530.000 euros. Cada año, la Administración gestiona aproximadamente 25 expedientes de nuevas concesiones, modificaciones o caducidad. En el caso de las concesiones de 99 años, el gobierno regional está revisando la cartografía y los datos relacionados con el derecho de ocupación para iniciar el procedimiento de declaración de extinción por caducidad, dado que en expedientes tan antiguos no hay mapas digitales.

Esa es la situación de Navacerrada y Cercedilla. En lo relacionado con Camorritos, la colonia se encuentra dentro de las 85,5 hectáreas que el Estado liberó a través de una concesión de terrenos que pertenecían a tres montes diferentes catalogados de utilidad pública. En total, se cedieron 2,5 hectáreas del Pinar de Helechosa, que pertenece a Navacerrada; 60 hectáreas del Pinar de Agregados, a Cercedilla; y 23 hectáreas del Pinar Baldío, a ambos municipios.

Han transcurrido más de 100 años desde que se formalizó la concesión. En aquel entonces reinaba Alfonso XIII. Era una España en blanco y negro. Y una de las pocas cosas que no ha cambiado en más de un siglo es el conflicto por estas viviendas: no se ha encontrado una solución en todo este tiempo y, ahora que es crucial hacerlo, comienza una dura batalla en la administración y en los tribunales.