El fallo de la policía que confundió a Santiago: tres años para demostrar que solo tenían el mismo nombre y apellidos que el verdadero acusado | Noticias de Madrid.

Hace tres años, en uno de esos domingos festivos del festival Brunch Electronik en el parque Tierno Galván, el colombiano Santiago B., politólogo de 32 años y empleado de una ONG en Madrid, celebraba el final del verano. Esa misma noche, a 347 kilómetros de ahí, en la localidad de Llíria, Valencia, una mujer denunciaba a su pareja por maltrato. Por motivos que aún son difíciles de entender, ambas historias se entrelazaron durante tres años, en los cuales el politólogo llevó la sospecha de ser un maltratador. El único motivo fue que el nombre del denunciado coincidía, tanto en nombre de pila como en primer apellido, con el autor de los eventos. “Al principio, tenía mucho miedo de que fuera una estafa. Fue una carga psicológica desgastante”, confiesa.

Esta semana, en un juzgado de instrucción en Valencia, se confirmó lo que, desde el inicio, era obvio: la policía había confundido a Santiago. A lo largo del camino quedaron numerosos errores, algunos con matices surrealistas, y un presunto delito de violencia de género que, por el momento, sigue sin castigo, ya que no han logrado hallar al verdadero responsable.

Al principio, algo tristemente habitual: una mujer acude a una comisaría para denunciar violencia de género y malos tratos por parte de su pareja. Como parte del protocolo, la supuesta víctima proporciona a los agentes su número de teléfono y la dirección de la empresa donde trabajaba el denunciado. Así comienza el desatino.

La policía llama al número proporcionado por la víctima y la persona que responde asegura que asistirá a la comisaría para dar su versión. Al no hacerlo, los agentes se presentan en la supuesta empresa de reformas del denunciado, pero sin éxito. Sin realizar más verificaciones, envían la citación judicial a otro Santiago, residente en Madrid. Así, de la noche a la mañana, un hombre que se encontraba durmiendo en la casa de amigos es acusado de maltratar a una mujer que vive a casi 350 kilómetros de donde él estaba la noche de los hechos.

“Había estado fuera de España tres meses por trabajo, y al volver, me encontré con una notificación judicial. No decía de qué se trataba. Cuando fui al juzgado de Gran Vía, me informaron que había sido denunciado por malos tratos y violencia doméstica por una mujer que no conocía. Ni siquiera había estado en Valencia en la última década. Pensé que era un error y llamé inmediatamente para aclararlo”, recuerda.

“Les expliqué que no era yo. Me pidieron mi nombre completo, DNI y dirección. Pero al proporcionárselos, lo único que hicieron fue validar la denuncia. Sentí un pavor enorme. Me citaron para declarar en Llíria y busqué un abogado”, añade el joven, que también recuerda cómo uno de los abogados le sugirió que «hiciera desaparecer el problema por 4.000 euros en efectivo».

Finalmente, consiguió un abogado en Valencia, cuyo primer consejo fue desalentador: no intentar contactar a la denunciante. Hacerlo, le explicaron, podría interpretarse como un intento de obstaculizar la investigación, lo que complicaría aún más su situación. Lo único que podía hacer era esperar.

El abogado defensor asegura que este tipo de errores son más comunes de lo que se imagina. Según su explicación, lo que ocurrió aquí fue sencillo: la policía ingresó en la base de datos el nombre y apellido y envió la denuncia a la persona equivocada. “En este caso, no se hicieron las verificaciones que debían. Decían que Santiago tenía un negocio en Valencia, cuando en realidad solo había ido dos veces, una de ellas al juzgado. La responsabilidad fue tanto de la policía como del juzgado, que actuaron con un procedimiento demasiado lento”, afirma.

Una fuente dentro de la comisaría donde Santiago se presentó inicialmente no comprende cómo pudo ocurrir todo: “Siempre realizamos una ronda de verificación previa. Si no era él, debería haberse solucionado rápidamente. Somos humanos, y un dedo mal puesto en un número puede llevar a un gran error”.

Gracias a su defensa, el Santiago denunciado pudo acceder al auto y conocer los detalles de la acusación. La mujer afirmaba que habían sido pareja, que había quedado con una amiga y que, de repente, apareció el investigado para decirles que las estaba vigilando. Se sentía celoso de un chico que se había acercado a ella. “Me agarró del cuello, cada vez se volvió más violento. Así que lo echaron”, se puede leer en la denuncia. Más tarde, se fue con él para que le devolviera unas pertenencias que tenía en su coche, y él le dijo que no se marcharía hasta que ella se fuera con él. Entraron al coche y, a mitad de camino, él arrojó sus pertenencias y la arrastró mientras seguía conduciendo.

“Era absurdo, nunca había visto a esa mujer en mi vida. Luego supe que hablaba de otro Santiago. Proporcionó su lugar de trabajo y su número de teléfono, que no eran míos. Pero nadie verificó esos datos antes de señalarme. El juzgado no llamó a ese número ni intentó localizar a esa persona. No hubo una identificación real hasta mucho después. Mientras tanto, yo ya estaba marcado”, recuerda.

El Santiago denunciado no tuvo más remedio que viajar a Valencia meses después para aclarar que no era la persona buscada. Dos amigos tuvieron que certificar que ese 25 de septiembre de 2022 él estaba en Madrid de fiesta. Pero eso no fue suficiente. Santiago presentó sus movimientos bancarios, un recibo de comida en McDonald’s y otra compra en un supermercado, además de la entrada al festival Brunch Electronik y el certificado de matrimonio. Pero ni eso fue suficiente.

Como parte de un último trámite, el abogado solicitó a la jueza comparar las fotos y hacer un reconocimiento. Su imagen fue mezclada con fotos de personas con rasgos similares para que la denunciante pudiera identificar al agresor. Solo en ese momento, la mujer vio la imagen del acusado y de inmediato confirmó lo que Santiago había defendido todo este tiempo: se habían confundido de hombre.

Ahora, tres años después, el escrito de la jueza instructora recoge lo sucedido en una sentencia que archiva provisionalmente el proceso por presunto delito de violencia doméstica y de género en la modalidad de maltrato habitual. Su conclusión es clara: el investigado no era responsable de los hechos, lo que hace que la acusación sea insostenible.

Finalmente, la jueza explica que la falta de correspondencia fue verificable tanto en la declaración de la víctima como en la revisión de las pruebas, incluidas las fotografías, que no coincidían con el acusado. Por ello, se acuerda el sobreseimiento provisional de acuerdo con el artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece el archivo cuando no se acredita la autoría o no existen pruebas suficientes. Esta resolución anula todas las medidas adoptadas durante la instrucción y especifica que la causa solo podrá reabrirse si aparecen nuevas pruebas. El archivo no implica la inexistencia del delito, sino que, por el momento, no hay un autor identificado.

El abogado penalista Carlos Nogales Romeo señala que casos como este suelen surgir por errores en la identificación inicial del acusado, con frecuencia durante la denuncia. “Si la denunciante ofrece un nombre, un lugar de trabajo y un número de teléfono, es habitual que la policía verifique esos datos antes de citara a alguien. En este caso, parece que no se hizo. No se llamó al número que dio la denunciante ni se comprobó si coincidía con la persona señalada. Alguien registró un nombre en la base de datos y citó al primero que apareció, sin confirmar si era realmente el autor”.

Nogales destaca que la duración del procedimiento también es inusual: “Los casos de violencia de género suelen tramitarse como juicios rápidos, con medidas cautelares inmediatas. Es muy raro que un proceso tarde tres años en archivarse cuando desde el principio había señales claras de que la persona acusada no conocía a la denunciante. Más que un fallo judicial, aquí hubo un fallo policial en la fase inicial. Aun así, el archivo no borra automáticamente la huella del proceso: el acusado debe solicitar la cancelación de posibles antecedentes policiales y podría reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, aunque estos trámites son lentos y el pago no siempre es asegurado”.

Santiago, por ahora, vuelve a respirar tranquilo, aunque nada le quita del todo la indignación que siente: “No puedo creer que algo así pueda suceder. Fue una situación muy estresante. He perdido mucho tiempo tratando de demostrar que soy quien soy”.