El fiscal general del Estado enfrenta críticas: «La gente percibe a la Fiscalía como una extensión del Gobierno»

Por primera vez en la historia de la democracia española, un fiscal general del Estado se enfrentará a un juicio. Álvaro García Ortiz será juzgado a partir de este lunes en el Tribunal Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos, debido a la filtración de un correo electrónico vinculado a la causa judicial contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien está siendo investigado por un presunto fraude fiscal.

El líder del Ministerio Público testificará en último lugar tras la declaración de 40 testigos. Entre ellos, se encuentran la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe. Estos dos últimos también han sido acusados en este caso, aunque el Tribunal Supremo les retiró la imputación.

En total, ocho fiscales ofrecerán sus testimonios. A su declaración se sumarán la de dos responsables de prensa del Ministerio Público, once guardias civiles, dos abogados, el propio González Amador, así como políticos como Pilar Sánchez Acera y Miguel Ángel Rodríguez, además de un grupo de periodistas.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) decidió personarse en el caso como acusación popular y, a lo largo de este año y medio, han insistido en suspender provisionalmente a García Ortiz de sus funciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado recientemente esta alternativa.

Miguel Pallarés, su presidente, explicó en una entrevista a Vozpópuli que, aunque respetan completamente la decisión del Alto Tribunal, que atribuyó la situación a un «vacío legal», consideran que había margen para suspenderlo provisionalmente. En particular, porque durante este tiempo ha estado involucrado en asuntos cruciales como proponer el nombramiento de plazas discrecionales, importantes en la carrera.

En este contexto, Pallarés subraya la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), ya que actualmente, no se contempla la suspensión del fiscal general del Estado al estar bajo un procedimiento penal, lo que le permite seguir ejerciendo plenamente todas sus funciones. Sin embargo, la normativa establece esta medida para los demás miembros de la carrera fiscal.

Como detalla, esta situación es una «paradoja» porque, si la imputación de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, se hubiera mantenido, habría tenido que ser suspendida inmediatamente tras el auto de apertura de juicio oral, conforme a la norma. «¿Y quién tendría que haberla suspendido? El propio García Ortiz».

«Daña muchísimo la imagen»

Por ello, el presidente considera fundamental reformar el EOMF. «No queda otra solución que el legislador cambie las causas de cese del Fiscal General, incluyendo que, cuando este sea investigado, el órgano judicial informe al Gobierno para que proceda a su cese inmediato sin que sea necesario abrir juicio oral».

Al ser cuestionado sobre cómo ha afectado esta situación a la reputación de la institución, el presidente está convencido de que todos los fiscales que integran el Ministerio Público en España operan con rigor, profesionalidad, pasión y entrega. Sin embargo, reconoce que, en la opinión pública, «la cuestión tiene tal relevancia que daña enormemente la imagen. La desconfianza es injusta, pero la realidad es que lo que el ciudadano siente es que prácticamente el ciudadano es un apéndice del Gobierno.»

Por lo tanto, para restaurar la imagen de la institución, considera crucial desvincular «completamente al Fiscal General del Estado del Ejecutivo, para que se pacte a un jurista de reconocido prestigio que genere la aprobación de un amplio margen parlamentario, es decir, dos tercios del Congreso, y que no responda, de ninguna manera, a las preferencias del Gobierno». Para el presidente de APIF, no es aceptable que una persona sea Ministro de Justicia un día y Fiscal General del Estado al siguiente, así como también blindaría a los fiscales en los casos para impedir que puedan ser ordenados o sustituidos.

En este juicio, los periodistas no podrán ingresar a la sala ni con ordenadores ni con teléfonos. Además, no se permitirá la retransmisión del juicio de manera integral o parcial. Cabe recordar que en el juicio del procés, que se extendió durante los primeros meses de 2019, tampoco se permitieron dispositivos electrónicos en la sala.

Sin embargo, existe una importante distinción con la cobertura del juicio al fiscal general del Estado: este se pudo seguir vía streaming a través de una señal abierta. Pallarés no quiere interferir en la competencia de otro organismo, pero sostiene que el juicio tiene especial relevancia y que una difusión directa, como por ejemplo, la retransmisión, no perjudica a nadie. «Existen intereses legítimos y ausencia de perjuicio».