El fiscal se opone a cerrar el principal caso de corrupción del PSOE en Madrid.

La Fiscalía ha manifestado su oposición al sobreseimiento y archivo de la Operación Pantano, el escándalo de corrupción que ha impactado al PSOE de Madrid, centrado en San Martín de Valdeiglesias. La investigación ha revelado la malversación de más de 600.000 euros en contratos irregulares, subvenciones no justificadas y adjudicaciones directas a empresas relacionadas con familiares de dirigentes socialistas. En diciembre de 2021, se detuvo a un total de 17 personas, incluyendo a la ex alcaldesa Mari Luz Lastras y varios colaboradores de su administración.

El caso, que se inició en 2019 tras una denuncia del nuevo Gobierno municipal del Partido Popular, ha sacado a la luz un entramado de ilegalidades que la propia alcaldesa socialista era consciente y ejecutaba deliberadamente.

Según el informe de la Guardia Civil, Lastras «levantaba por decreto los informes desfavorables» de la secretaria-interventora del Ayuntamiento, desestimando las advertencias sobre las irregularidades que se estaban cometiendo.

Fuentes judiciales han confirmado a OKDIARIO que el caso continúa en fase de instrucción hasta febrero de 2026. En lugar de archivarse, la causa sigue activa y se ha convertido en el escándalo de corrupción más grave que afecta al PSOE de Madrid, liderado por el ministro Óscar López, junto al caso de la hija de una diputada que se beneficiaba de recibos falsos utilizando dinero público manejado por UGT Madrid.

A finales de noviembre de 2025, cinco de los investigados solicitaron el sobreseimiento de la causa. Estos incluyen empresarios y un policía local, quienes habían presentado escritos al juzgado pidiendo el archivo de las actuaciones en su contra.

El juzgado envió a principios de enero de 2026 los escritos de estos cinco investigados a la Fiscalía. El Ministerio Público, según ha podido conocer OKDIARIO, se opone al sobreseimiento libre y archivo solicitado por aquellos cinco. Esta oposición mantiene viva la instrucción y muestra que el Ministerio Público considera que hay indicios suficientes para seguir investigando a estos cinco implicados, acercándose al juicio como nunca antes.

Adjudicaciones irregulares

La investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil ha documentado de manera exhaustiva cómo el equipo de gobierno socialista adjudicó contratos municipales a empresas con vínculos familiares directos con miembros de la corporación. Por ejemplo, la mercantil Proentis recibió contratos por un valor de 165.000 euros.

Los investigadores concluyeron que «se ha tomado una decisión totalmente arbitraria para la adjudicación de las obras a la mercantil Proentis» y que esta práctica «vulnera lo estipulado por la Ley de Contratos del Sector Público sobre la libre concurrencia».

Un caso particularmente llamativo es el de Transportes, Excavaciones y Contenedores ALS, que recibió 206.257 euros entre 2014 y 2019 «sin haber suscrito un solo contrato con el Ayuntamiento». Esta situación subraya la magnitud del despilfarro y la falta de control en la gestión municipal durante la legislatura socialista.

El Centro Canino Monte Ida recibió de la Corporación controlada por el PSOE de Madrid 128.286 euros por la recogida de animales «sin ningún tipo de contrato, además de poseer vínculos familiares con miembros de la anterior corporación municipal». La encargada —una de las investigadas que ahora solicita sin éxito el archivo para ella—, es sobrina del concejal de Obras y prima del ex concejal de Festejos.

Malversación de fondos

La Guardia Civil identifica un modus operandi recurrente: «El uso de sociedades vinculadas a familiares que prestan servicios al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, con una falta de igualdad de oportunidades para otros proveedores, un principio básico de la contratación pública». Los informes de fiscalización con reparo emitidos por la secretaria-interventora Vanesa Pérez Vidal eran sistemáticamente levantados por decreto de la alcaldesa.

Lastras justificaba estas decisiones arbitrarias alegando que «eran servicios prestados y no se podía perjudicar al tercero», según constata el documento policial. Esta justificación ha surgido como una constante para eludir los controles internos del Ayuntamiento.

Incluso se han documentado presuntas contraprestaciones electorales. La empresa Gráficas Serafín, que recibió 112.502 euros sin contrato, donó vinilos para rotular una furgoneta del PSOE durante la campaña electoral de 2019. «Aunque el valor de los vinilos no sea significativo en términos cuantitativos, el hecho de que una mercantil que ha facturado esas cantidades sin contrato lo regale es relevante», indica el informe que reveló OKDIARIO.

La operación, que comenzó en diciembre de 2021 con registros simultáneos en el Ayuntamiento, empresas y domicilios particulares, causó un terremoto político en la Comunidad de Madrid. El PSOE de Madrid brindó su apoyo en marzo de 2024 a varios de los investigados durante un acto en San Martín de Valdeiglesias, incluso a la propia Mari Luz Lastras. Este apoyo público en medio del escándalo del caso Koldo generó críticas sobre la coherencia del partido en relación a la corrupción.

En abril de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid determinó que no existen indicios suficientes de delito en algunas de las acusaciones, cerrando esa fase. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que hay indicios suficientes para continuar la instrucción en relación a los hechos principales.

La cuestión ahora es si la justicia podrá esclarecer tras siete años esta maraña de intereses espurios o si el caso se diluirá en los laberintos del sistema judicial. Lo que es evidente es que la Fiscalía continua su enfrentamiento con los investigados y no está dispuesta a ceder ante las solicitudes de archivo, evidenciando que considera probadas las irregularidades documentadas por la Guardia Civil en este municipio de la Sierra Oeste madrileña.