El fondo buitre relacionado con la familia Aguirre se enfrenta a la disolución por hostigamiento en el sector inmobiliario.

Los fondos buitre se mueven libremente por los barrios de toda España, gentrificando sus calles y expulsando a sus vecinos para continuar con su negocio especulativo. No obstante, la resistencia que encuentran, impulsada por los sindicatos y movimientos de vivienda, es cada vez más significativa. El bloque de Tribulete 7, organizado en el Sindicato de Inquilinas, es un claro ejemplo de una lucha que ha logrado, por primera vez en la historia, que un juzgado admita a trámite una denuncia colectiva por delito de acoso inmobiliario e impute al fondo buitre responsable.

“Hemos recibido y seguimos recibiendo llamadas del fondo buitre advirtiendo que, si no hacemos lo que ellos quieren, habrá consecuencias negativas. Además, han utilizado las obras en el edificio para convertir la vida en un calvario,” denuncia Cristina Gómez, una de las vecinas que han logrado resistir a este acoso, a ElPlural.com. “Ruidos y molestias” de una obra que se prolonga durante años; “traspaso de tabiques con taladros” que ponen en riesgo la estructura del edificio; y “golpes tan fuertes que provocan desprendimientos” que exponen la integridad de los vecinos.

“Han causado humedades, caídas de techo y han picado en la cubierta sobre las casas habitadas, justo antes de fuertes lluvias, lo que ha llevado a la inundación de viviendas,” agrega. Mientras tanto, las instituciones públicas se han estado desentendiendo, a pesar de que se les ha informado en numerosas ocasiones sobre la gravedad de la situación. Por esta razón, tanto la representación legal como las vecinas afectadas exigen explicaciones al servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento.

Elix Rental Housing, sospechoso habitual

Detrás de estas coacciones denunciadas se encuentra Elix Rental Housing, una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) conectada a través de AltamarCam con Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El fondo, como entidad jurídica, se enfrenta a una pena de disolución. “Se imputa al fondo como persona jurídica y la pena asociada a este tipo de delitos, si finalmente se le condena, sería la disolución de la propia empresa por llevar a cabo tales prácticas,” celebró este miércoles la abogada encargada del caso, Alejandra Jacinto.

Un socio de Elix, el arquitecto que certifica las obras, el jefe de obra, dos trabajadores implicados en los trabajos y la gestora que desarrollaba las labores de contacto con los vecinos, también están siendo investigados como personas jurídicas. Los procedimientos bien documentados por las afectadas han llevado al Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid a admitir la querella colectiva, incoar diligencias previas y abrir una investigación para aclarar los hechos. En un par de meses (19 de febrero de 2026), la propiedad y varios empleados del fondo desfilarán por los juzgados para declarar como investigados.

“Que tengan que declarar como investigados ya es un primer éxito porque no recordamos un caso en el que un fondo buitre haya declarado como sociedad ni rendido cuentas ante el juez,” celebró la letrada. Esta situación genera esperanza entre los vecinos, quienes también comparecerán como testigos y afectados, tras más de un año de sufrir un desahucio silencioso. Diez vecinos decidieron denunciar, dos se retiraron una vez iniciado el proceso y la mayoría de las 50 familias que vivían en Tribulete 7 han ido sucumbiendo al “acoso” de la propiedad.

Los ocho que resisten “quieren que el fondo cese en el acoso y que comprenda que la impunidad ha terminado. No pueden salir ilesos con este tipo de prácticas,” enfatizó la letrada, refiriéndose al intento de expulsar a la gente de sus hogares. Un desalojo que, más allá de lo drástico que implica, se está llevando a cabo de manera velada y diferida. “Si el fondo considera que los vecinos deben irse, entonces debe abrir las vías legales correspondientes,” explicó Jacinto, refiriéndose a la figura del desahucio por expiración de plazo. “Pero han optado por escatimar en costos y hacerse justicia por su mano,” añadió.

Una práctica que, lamentan desde el sindicato, “no es un caso aislado.” “Es una praxis que están siguiendo muchos fondos de inversión para lograr expulsar a los vecinos ahorrándose todos los procedimientos judiciales existentes, haciéndose justicia por su mano y tratando de extorsionar a los vecinos para que se marchen,” lamentó Jacinto. Pero cada vez son más las vecinas que resisten y, gracias al caso de Tribulete, logran vislumbrar un camino a seguir para combatir, tanto en la calle como en los tribunales, a los fondos buitre que les dificultan la vida.