El Gobierno asigna 833 menores extranjeros no acompañados a Castilla y León, cuádruple de la capacidad de la Junta.

“Nuestra postura es la misma de siempre: respetar la ley, pero recurrimos en lo que afecta negativamente a Castilla y León. Cumplimos con la ley porque está vigente”, declaró el portavoz tras el reciente episodio de tensión entre varias comunidades autónomas y el Gobierno central.

El conflicto surge después de que el Ministerio de Juventud e Infancia aumentara de 14.142 a 17.081 plazas la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas.

De acuerdo con el borrador del real decreto que el departamento de la ministra Sira Rego iba a presentar en la Conferencia Sectorial de Infancia, Castilla y León contaría con 833 plazas dentro de ese sistema, aumentando desde las 783 que estableció el Gobierno el año pasado.

Los datos proporcionados por la Junta indican que en Castilla y León hay aproximadamente 180 menores no acompañados, de los cuales unos 40 son aquellos que llegaron del orfanato en Ucrania.

Este número se ha mantenido estable en los últimos años, alrededor de 180, lo que implica que «el número de plazas específicas para estos menores está sobrepasado y algunos deben estar en plazas ordinarias».

Así, la reunión no se celebró con normalidad. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, a excepción de la ciudad autónoma de Ceuta, decidieron no conectarse a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada de forma telemática por el ministerio.

Fernández Carriedo explicó que no pudieron asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de ayer porque se incluyó un punto en el orden del día sin haber dialogado previamente con las comunidades para buscar un “consenso”.

Boicot de las autonomías del PP

Las regiones administradas por el PP justificaron su ausencia alegando una “ilegalidad” en la convocatoria y el intento del Gobierno de reabrir el debate sobre la distribución de menores extranjeros no acompañados entre territorios.

El choque se originó cuando el ministerio incluyó en el orden del día un punto relacionado con la capacidad de acogida y la posible redistribución de menores migrantes.

Estas autonomías denunciaron que ese tema había sido previamente desestimado en la comisión técnica preparatoria de directores generales, donde tienen mayoría.

Desde varios ejecutivos autonómicos aseguran que, al no haberse aprobado ese contenido en la reunión anterior, la conferencia sectorial carecería de validez procedimental, lo que motivó su decisión de no participar de manera conjunta.

El trasfondo del conflicto radica en la vigencia del marco legal que ha permitido hasta ahora el traslado de menores migrantes entre comunidades, sustentado en el Real Decreto-ley 2/2025.