El Gobierno autoriza más de 2.000 millones para gastos militares al finalizar el año | España

El Gobierno concluye 2025 reafirmando su compromiso con la OTAN y la seguridad de la UE. En la reunión del Consejo de Ministros del 23 de diciembre, se aprobó una inversión superior a 2.000 millones de euros en gasto militar, evitando hacer publicidad al respecto para no incomodar al socio minoritario de la coalición ni aumentar la tensión con la mayoría de los grupos del bloque de la investidura, dada la sensibilidad del tema del gasto en Defensa para la izquierda. Esta inversión se destinará a la compra de vehículos de transporte táctico, mejoras logísticas en arsenales y en la base naval de Rota (Cádiz), el programa de submarinos de la serie S-80, el desarrollo de uno de los principales cuarteles del Ejército de Tierra en la provincia de Zamora, y la ayuda a la defensa de Ucrania.

La OTAN, con la que Pedro Sánchez ha tenido diferencias por negarse a aumentar el gasto militar al 5% del PIB para 2035, como solicitaba el presidente estadounidense Donald Trump, estimó en agosto que España ya estaba cumpliendo con el 2% comprometido por el Gobierno. Se esperaba que cumpliera esta meta en el último cuatrimestre del año, lo que requería una inversión de 10.471 millones, alcanzando un total de 33.123 millones. El día antes de Nochebuena, el Ejecutivo aprobó 1.900 millones para Defensa, así como una contribución voluntaria de 100 millones a la OTAN para fortalecer las “capacidades defensivas” de Kiev. En noviembre, durante una comparecencia conjunta con Volodímir Zelenski en La Moncloa, Sánchez anunció que España destinaría 817 millones en apoyo a Ucrania, incluyendo 100 millones para la compra “urgente y acelerada” de armamento estadounidense, principalmente misiles antiaéreos para proteger las infraestructuras energéticas de los bombardeos rusos, a través de la OTAN.

“España es un socio fiable y uno de los países que más cumplen en el ámbito de la Alianza Atlántica. Cuando asumimos el Gobierno, nuestras Fuerzas Armadas carecían prácticamente de todo; la inversión en Defensa era del 0,9% del PIB. Hemos realizado un esfuerzo respetando los compromisos adquiridos en Gales [en 2014]. No se trata de porcentajes, sino de capacidades, y esas capacidades las tenemos y las ponemos a disposición de la Alianza Atlántica”, destacó Margarita Robles, la ministra de Defensa, este lunes en La Hora de la 1 de TVE.

Más de la mitad de los 2.001,2 millones aprobados para gasto militar se destinarán a la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico. El acuerdo marco tiene un valor de 1.041 millones y durará cuatro años, con la opción de dos años adicionales. Su objetivo es “completar y mejorar” la cobertura con este tipo de vehículos y renovar la flota para que las Fuerzas Armadas puedan operar “en todo tipo de entornos e integrarse en estructuras multinacionales para garantizar la protección de la población, así como el control del territorio y los recursos”, según la referencia del último Consejo de Ministros del año.

La siguiente partida más significativa es la modificación de la orden de ejecución para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80. Se estima que su costo asciende a 432 millones, y el Gobierno argumenta que es necesaria para lograr una “configuración adecuada” de los sumergibles y adquirir repuestos, así como atender la gestión “de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones” de los buques. Un error en el diseño, que resultó en un sobrepeso de 125 toneladas que comprometía la flotabilidad, junto con la ruptura inicial de Navantia con la francesa DCNS, ha causado retrasos y sobrecostes millonarios en un programa que hasta ahora ha costado alrededor de 4.000 millones de euros. La previsión es que los tubos de última generación, que según Defensa proporcionarán “independencia estratégica” a España, se entreguen en 2026, 2028 y 2030.

La ciberseguridad recibirá 353,5 millones. El acuerdo marco para la protección integral de la Infraestructura de Información para la Defensa aprobado por el Gobierno se enfoca en consolidar la seguridad de los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, “mediante el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta” ante ciberataques. Esta inversión responde a los requerimientos de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y a las organizaciones internacionales de las que España es parte. La duración del contrato es de tres años desde junio de 2026 o desde la fecha de su formalización, con la posibilidad de prorrogarlo un año más.

La construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la base naval de Rota, donde Estados Unidos tiene cinco destructores antimisiles esenciales para la defensa de Europa contra la amenaza rusa, tendrá un coste de 32,4 millones y se prolongará por 20 meses. El Gobierno justifica la realización de este proyecto por criterios “de interés público, defensa nacional y soberanía energética” con el fin de “garantizar la operatividad” de la nueva clase de fragatas F-110 y de dotar a la Armada “de un sistema nacional, robusto y seguro de suministro de combustible estratégico”. En septiembre se botó la primera fragata de combate de clase F-110, de las cinco que Navantia debe entregar a la Armada española para 2030.

La asistencia técnica para la gestión del apoyo logístico en el aprovisionamiento de los arsenales de la Armada y en la jefatura de servicios generales (Madrid), un contrato de dos años prorrogables por otros dos con un importe de 28,5 millones, busca dotar a la fuerza naval de un servicio externo de apoyo técnico especializado que “complemente las capacidades propias”, permita mantener la continuidad de las operaciones logísticas y “asegure la calidad y fiabilidad de la información gestionada”, según la información proporcionada por el Gobierno.

La segunda fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora), con una asignación de 13,9 millones, es un guiño a la España vaciada, ya que este proyecto busca fijar población en una de las provincias más afectadas por la pérdida de habitantes. Se espera que el futuro cuartel, que albergará a unos 1.400 militares del Ejército de Tierra, esté operativo en 2027. El proyecto incluye la formación de la red viaria interior y explanadas, así como el saneamiento y drenaje para la evacuación controlada de aguas. También contempla las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, además de diversas obras complementarias como muros, bordillos, cunetas y red contra incendios.