El Gobierno autoriza más de 2.000 millones para inversiones en defensa al finalizar el año | España

El Gobierno concluye 2025 enviando un nuevo mensaje sobre su compromiso con la OTAN y la seguridad de la UE. En la reunión del Consejo de Ministros del 23 de diciembre, se aprobó una inversión de más de 2.000 millones de euros en gasto militar, evitando publicitarlo para no incomodar al socio minoritario de la coalición y no agravar la tensión con la mayoría de los grupos del bloque de investidura en un asunto tan sensible para la izquierda como es el gasto en Defensa. Esta considerable partida se destinará a la compra de vehículos de transporte táctico, mejoras logísticas en arsenales y en la base naval de Rota (Cádiz), el programa de submarinos de la serie S-80, la construcción de uno de los principales cuarteles del Ejército de Tierra en la provincia de Zamora, y apoyo a la defensa de Ucrania.

La OTAN, con la que Pedro Sánchez ha tenido tensiones debido a su negativa a aumentar el gasto militar al 5% del PIB para 2035, como pedía el presidente estadounidense Donald Trump, calculó en agosto que España ya estaba cumpliendo con el 2% prometido por el presidente del Gobierno. Se esperaba que cumpliera dicho objetivo en el último cuatrimestre del año, lo que requería una inversión de 10.471 millones, alcanzando un total de 33.123 millones. La víspera de Nochebuena, el Ejecutivo aprobó 1.900 millones para Defensa y una contribución voluntaria de 100 millones a la OTAN para fortalecer las “capacidades defensivas” de Kiev. En noviembre, Sánchez anunció, en una comparecencia conjunta con Volodímir Zelenski en La Moncloa, que España destinaría 817 millones en apoyo a Ucrania, incluyendo 100 millones para la compra “urgente y acelerada” de armamento estadounidense, centrado en misiles antiaéreos para proteger las infraestructuras energéticas de los ataques rusos, a través de la OTAN.

“España es un socio fiable y uno de los países que más cumple en el ámbito de la Alianza Atlántica. Cuando asumimos el Gobierno, nuestras Fuerzas Armadas carecían prácticamente de todo, y la inversión en Defensa era del 0,9% del PIB. Hemos hecho un esfuerzo cumpliendo los compromisos alcanzados en Gales [en 2014]. No se trata de porcentajes, sino de capacidades, y esas capacidades las tenemos y las empleamos en el marco de la Alianza Atlántica”, subrayó Margarita Robles, la ministra de Defensa, este lunes en La Hora de la 1 de TVE.

Más de la mitad de los 2.001,2 millones destinados a gasto militar se destinarán a la compra de camiones medios y pesados de transporte táctico. El valor del acuerdo marco asciende a 1.041 millones y tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga por dos años más. El objetivo es “completar y mejorar” la cobertura con este tipo de vehículos y renovar la flota para que las Fuerzas Armadas puedan operar “en todo tipo de entornos y de integrarse en estructuras multinacionales para asegurar la protección de la población y el control del territorio y los recursos”, según la referencia del último Consejo de Ministros del año.

La siguiente inversión más significativa se destina a la modificación de la orden de ejecución para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80. El valor estimado es de 432 millones, y el Gobierno sostiene que es necesaria para lograr una “configuración adecuada” de los sumergibles, adquirir repuestos y atender la gestión “de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones” de los buques. Problemas de diseño, que resultaron en un sobrepeso de 125 toneladas que amenazaba la flotabilidad, así como la ruptura inicial de Navantia con la francesa DCNS, han ocasionado retrasos y sobrecostos millonarios en un programa que hasta ahora ha costado cerca de 4.000 millones de euros en total. Se prevé que los nuevos tubos de última generación, que proporcionarán a España “independencia estratégica” según Defensa, se entreguen en 2026, 2028 y 2030.

La ciberseguridad recibirá 353,5 millones. El acuerdo marco para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, aprobado por el Gobierno, se basa en la consolidación de la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, “mediante el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta” a ciberataques. La inversión responde a los requisitos de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y a las organizaciones internacionales de las que España forma parte. El contrato tendrá una duración de tres años desde junio de 2026 o desde la fecha de su formalización, prorrogable por un ejercicio más.

La construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la base naval de Rota -donde Estados Unidos tiene desplegados cinco destructores antimisiles cruciales para la defensa de Europa ante la amenaza rusa- costará 32,4 millones y tendrá un plazo de 20 meses. El Gobierno justifica la ejecución de este proyecto por criterios “de interés público, defensa nacional y soberanía energética” con el fin de “garantizar la operatividad” de la nueva clase de fragatas F-110 y proporcionar a la Armada “un sistema nacional, robusto y seguro de suministro de combustible estratégico”. En septiembre se celebró la botadura de la primera fragata de combate de clase F-110, de las cinco que Navantia debe entregar a la Armada española hasta 2030.

La asistencia técnica para la gestión del apoyo logístico en el aprovisionamiento de los arsenales de la Armada y en la jefatura de servicios generales (Madrid), un contrato de dos años prorrogables otros dos por un importe de 28,5 millones, busca dotar a la fuerza naval de un servicio externo de apoyo técnico especializado que “complemente las capacidades propias”, mantenga la continuidad de las operaciones logísticas y “asegure la calidad y fiabilidad de la información gestionada”, según la información proporcionada por el Gobierno.

La segunda fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora), con un presupuesto de 13,9 millones, es un guiño a la España vaciada, ya que este proyecto busca fijar población en una de las provincias más afectadas por la pérdida de habitantes. Se espera que el futuro cuartel, que contará con alrededor de 1.400 militares del Ejército de Tierra, esté operativo en 2027. El proyecto incluye la formación de la red de carreteras interior y explanadas, con firmes, pavimentos y drenaje, así como la ejecución de las acometidas de las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas. También se implementarán las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, junto con diversas obras de fábrica complementarias como muros, bordillos, cunetas, arquetas y una red contra incendios.