El Gobierno autoriza un gasto militar superior a 2.000 millones al final del año | España

El Gobierno concluye 2025 reafirmando su compromiso con la OTAN y la seguridad de la UE. En el Consejo de Ministros del 23 de diciembre se aprobó una inversión superior a los 2.000 millones de euros en gasto militar, sin dar mayor publicidad para evitar incomodar al socio minoritario de la coalición y no incrementar la tensión con la mayoría de los grupos del bloque de investidura en un tema tan sensible para la izquierda como lo es el gasto en Defensa. Esta considerable partida se destinará a la compra de vehículos de transporte táctico, mejoras logísticas en arsenales y en la base naval de Rota (Cádiz), el programa de submarinos de la serie S-80, el desarrollo en la provincia de Zamora de uno de los principales cuarteles del Ejército de Tierra y la asistencia a la defensa de Ucrania.

La OTAN, con la que Pedro Sánchez ha tenido desavenencias por negarse, al contrario que otros aliados, a aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB en 2035 como exigía el expresidente estadounidense Donald Trump, calculó en agosto que España ya estaba cumpliendo con el 2% comprometido por el presidente del Gobierno. Se esperaba cumplir esta meta en el último cuatrimestre del año, lo que requería una inversión de 10.471 millones, alcanzando un total de 33.123 millones. La víspera de Nochebuena, el Ejecutivo aprobó 1.900 millones para Defensa y una contribución voluntaria de 100 millones a la OTAN para fortalecer las “capacidades defensivas” de Kiev. En noviembre, Sánchez anunció junto a Volodímir Zelenski en La Moncloa que España destinaría 817 millones en apoyo a Ucrania, incluyendo 100 millones para la compra “urgente y acelerada” de armamento estadounidense, sobre todo misiles antiaéreos destinados a proteger las infraestructuras energéticas de los bombardeos rusos, a través de la OTAN.

“España es un socio fiable y uno de los países que más cumple en el ámbito de la Alianza Atlántica. Cuando asumimos el Gobierno, nuestras Fuerzas Armadas carecían de lo esencial, y la inversión en Defensa era del 0,9% del PIB. Hemos hecho un esfuerzo cumpliendo los compromisos adquiridos en Gales [en 2014]. No se trata de porcentajes, sino de capacidades, y esas capacidades las tenemos y las aportamos en el marco de la Alianza Atlántica”, enfatizó Margarita Robles, ministra de Defensa, este lunes en La Hora de la 1 de TVE.

Más de la mitad de los 2.001,2 millones aprobados en gasto militar está destinado a la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico. El acuerdo marco tiene un valor de 1.041 millones y una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga por dos años más. El objetivo es “completar y mejorar” esta cobertura y renovar la flota para que las Fuerzas Armadas puedan operar “en todo tipo de entornos e integrarse en estructuras multinacionales para garantizar la protección de la población y el control del territorio y los recursos”, según indica la referencia del último Consejo de Ministros del año.

La siguiente partida más significativa es la modificación de la orden de ejecución para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80, con un valor estimado de 432 millones. El Gobierno justifica esta medida como necesaria para lograr una “configuración adecuada” de los submarinos, obtener repuestos y atender la gestión de las “obsolescencias detectadas en los diversos sistemas e instalaciones” de las embarcaciones. Un error en el diseño, que originó un sobrepeso de 125 toneladas que comprometía la flotabilidad, y la ruptura inicial de Navantia con la empresa francesa DCNS, han causado retrasos y sobrecostes millonarios a un programa que hasta el momento ha costado cerca de 4.000 millones de euros. Se espera que los tubos de última generación, que proporcionarán a España “independencia estratégica” según Defensa, sean entregados en 2026, 2028 y 2030.

La ciberseguridad recibe otros 353,5 millones. El acuerdo marco para proteger la Infraestructura Integral de Información para la Defensa aprobado por el Gobierno consiste en consolidar la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, “mediante el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta” ante ciberataques. Esta inversión cumple con los requisitos de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y de las organizaciones internacionales a las que España pertenece. La duración del contrato es de tres años a partir de junio de 2026 o desde la fecha de formalización, con posibilidad de prórroga por un año más.

La construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la base naval de Rota, donde Estados Unidos tiene desplegados cinco destructores antimisiles cruciales para la defensa europea frente a la amenaza rusa, costará 32,4 millones y tendrá una duración de 20 meses. El Gobierno justifica este proyecto en base a criterios “de interés público, defensa nacional y soberanía energética”, con el objetivo de “garantizar la operatividad” de la nueva clase de fragatas F-110 y proveer a la Armada de un sistema nacional, robusto y seguro de suministro de combustible estratégico. En septiembre se llevó a cabo la botadura de la primera fragata de combate de clase F-110, de las cinco que Navantia debe entregar a la Armada española hasta 2030.

La asistencia técnica para la gestión del apoyo logístico en el aprovisionamiento de arsenales de la Armada y en la jefatura de servicios generales (Madrid), es un contrato de dos años prorrogables por otros dos, por un importe de 28,5 millones, que busca dotar a la fuerza naval de un servicio externo de apoyo técnico especializado que “complemente las capacidades propias”, permita mantener la continuidad de las operaciones logísticas y “asegure la calidad y fiabilidad de la información gestionada”, según la información proporcionada por el Gobierno.

La segunda fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora), con un presupuesto de 13,9 millones, es un guiño a la España vaciada, ya que con este proyecto se busca fijar población en una de las provincias más afectadas por la despoblación. Se espera que el futuro cuartel, que albergará a unos 1.400 militares del Ejército de Tierra, esté operativo en 2027. El proyecto incluye la formación de la red interna de carreteras y explanadas, con firme, pavimentos y drenaje, así como la ejecución de acometidas para las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas. También contempla las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, así como diversas obras complementarias como muros, bordillos, cunetas y red contra incendios.