El Gobierno avanza en la restricción de las llamadas promocionales de las compañías eléctricas | Empresas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanza en su decisión de prohibir todas las llamadas comerciales de compañías eléctricas no solicitadas por los clientes, en el marco de la Propuesta de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, presentada este jueves en audiencia pública. Fuentes del Ministerio confirmaron esta medida, que formará parte de dicha estrategia, la cual se espera aprobar antes de fin de año, con la audiencia pública abierta hasta el 30 de septiembre.

La propuesta cuenta con el respaldo de la solicitud de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en su informe sobre los mercados minoristas de gas y electricidad para 2024 ya proponía esta medida. En el informe, el organismo regulador alertaba sobre numerosas quejas de consumidores que reciben llamadas engañosas de diferentes comercializadoras sin haber dado su consentimiento, lo que puede resultar en contrataciones deficientes o sin un consentimiento informado.

La Ley General de Telecomunicaciones, vigente desde junio de 2022, establece el derecho del usuario final a “no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial”. A excepción de “los casos en que el consumidor otorgue su consentimiento para ello, no debe recibir comunicaciones telefónicas comerciales de ningún tipo”, señala el artículo 66 de la norma, que entró en vigor en junio de 2023.

Cambios en el bono social y cortes de suministro

Adicionalmente, el departamento dirigido por Sara Aagesen reevaluará los grupos beneficiarios del bono social eléctrico, considerando la posibilidad de establecer límites de renta para familias numerosas, una revisión ya anunciada por Teresa Ribera antes de su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea.

Otra novedad de la estrategia es la regulación de los recálculos de las facturas, imponiendo que cuando las compañías cobren de menos, deberán exigir el pago de forma gradual, y que las cantidades adeudadas prescriban al año. Por el contrario, si se determina que se ha cobrado de más, la devolución al cliente debe ser inmediata y con intereses. Además, se enfocará en la pobreza energética generada durante el verano por las olas de calor.

En este contexto, se planea promover refugios climáticos y prohibir cortes de suministro a colectivos vulnerables durante períodos de altas temperaturas. En relación a los cortes de suministro, la estrategia busca abordar cómo deben ser financiados para evitar la acumulación de deudas con las eléctricas y asegurar que aquellos beneficiados con dicha medida son realmente vulnerables, incluyendo a los electrodependientes.

También se pretende facilitar el acceso al bono social reduciendo la diferencia entre quienes lo reciben y quienes están en condiciones de hacerlo. Actualmente, alrededor de 1,7 millones de hogares reciben este bono, 400.000 más que en 2018. Asimismo, se prohibirán prácticas como las penalizaciones por permanencia si el consumidor contrata el PVPC con bono social, así como exigir una confirmación escrita para abandonar el PVPC con bono social.

La propuesta ha surgido tras un exhaustivo proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial, que incluyó un innovador proceso de escucha a hogares vulnerables, tras un periodo marcado por eventos extraordinarios como la pandemia de COVID-19 y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

Por otro lado, se contempla la creación de un Observatorio de la pobreza energética, con visibilidad en la web del Ministerio, para centralizar y mantener información sobre esta cuestión, promoviendo intercambios técnicos entre expertos y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas. La propuesta también incluye acciones de rehabilitación energética en viviendas de familias vulnerables y fomenta la inclusión de consumidores en comunidades energéticas (ambos con apoyo económico público), así como medidas de protección ante las olas de calor, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, en línea con el Pacto de Estado contra la emergencia climática.

Finalmente, el ámbito de la comunicación y la sensibilización contempla tres medidas: mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones, crear puntos de asesoramiento energético específicos para consumidores en situación de pobreza energética, y promover la detección de situaciones de pobreza energética dentro del sistema de salud de atención primaria.