El Gobierno busca establecer por ley una disminución en la proporción de alumnos en las aulas de estudiantes en situación desfavorecida. | Educación

El Ministerio de Educación tiene la intención de, a partir del próximo curso, reducir mediante ley la ratio de alumnos por aula en los centros educativos que atienden a alumnado desfavorecido. Esta propuesta fue presentada este martes a los sindicatos de enseñanza en la reunión más relevante desde el inicio de las negociaciones para la reforma del profesorado a comienzos de año. Educación descarta una disminución general en el número de estudiantes por clase y opta por aplicar lo que se ha denominado un criterio de “equidad”, según fuentes presentes en el encuentro que se lleva a cabo esta mañana. Como resultado, el alumnado y el profesorado de la enseñanza pública serán los principales beneficiarios de esta medida, ya que este sector matricula a la gran mayoría del alumnado vulnerable. En concreto, un informe publicado la semana pasada por CC OO señala que el 80% del alumnado en desventaja socioeducativa corresponde a 12,5 puntos más de lo que le correspondería según su proporción en la red educativa.

El plan se articulará en dos líneas. Por un lado, se contempla una reducción de la ratio relacionada con la presencia de alumnado que requiere apoyo educativo; por otro, se orientará a centros con un nivel socioeducativo bajo. Para ello, se creará un índice de vulnerabilidad socioeducativa elaborado por el Ministerio de Educación con el objetivo de identificar aquellos centros donde más urgente sea la reducción de ratios. La disminución de ratios se centrará en cursos que el ministerio considera fundamentales para la reducción del fracaso escolar, como 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO, y FP Básica, o en aquellos donde actualmente existe una mayor ratio, como en Bachillerato.

El ministerio ha indicado que su propuesta no es definitiva, y que ahora comienza una fase de negociación con los sindicatos previa a la creación de un anteproyecto de ley. Para que sea aprobada, el Gobierno necesitará, además, el apoyo de otros grupos en el Congreso. Hasta el momento, legalmente, las ratios máximas se fijan en 25 estudiantes en Infantil y Primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato; sin embargo, en la práctica, debido a la disminución de la natalidad, muchas comunidades han implementado reducciones en los últimos años. En Primaria, 12 de las 17 comunidades han aplicado bajadas, según cifras del STES. La ley que el Gobierno desea aprobar también incluirá, entre otras medidas, la reducción de horas lectivas (en el aula) del profesorado, quedando en 18 horas en secundaria y 23 en primaria, como estaban antes de los recortes aplicados en 2012 por el Gobierno del PP.

La respuesta de los sindicatos, que han hecho de la reducción de ratios una de sus principales demandas, dependerá de los detalles específicos. Aunque la propuesta resulta favorable para muchos de ellos, la clave estarán en cuántos centros educativos se verán concretamente beneficiados y con qué grado de impacto.

Más profesores

La propuesta del Ministerio de Educación parte del principio de que la disminución de ratios es, en general, beneficiosa para todos los alumnos. Sin embargo, dado que es una medida costosa que implica la contratación de más docentes e incluso puede requerir más espacio físico en algunos casos (como lo evidenció la pandemia), se considera justo enfocarla en el alumnado que más lo necesita, siendo el contexto socioeconómico y cultural en que se desarrollan los estudiantes el factor que más influye en su rendimiento.

La investigación educativa también ha demostrado que la reducción de ratios (especialmente si es significativa) mejora los resultados, especialmente entre el alumnado desfavorecido. Es decir, destinar recursos a reducir el número de estudiantes en las clases de alumnado vulnerable no solo incrementa la equidad, sino que también resulta más eficiente.

Una disminución general, por ley, de las ratios máximas implicaría, además, que debería aplicarse a toda la red, incluyendo la enseñanza concertada, que, según los indicadores, registra menos alumnado vulnerable del que le correspondería en un reparto equitativo, a pesar de estar financiada con fondos públicos. Algunos colegios concertados, además, no están a favor de la reducción de ratios, ya que, debido al perfil de su alumnado, no lo requieren tanto, y además podría suponerles un aumento de costes.

En enero de 2022, el Ministerio de Educación presentó el documento 24 propuestas para la reforma del profesorado. Con ello, buscó atender una previsión en la ley educativa, la Lomloe, que establecía que el Gobierno debía presentar “una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente”. A principios de este año, el ministerio inició la negociación con los sindicatos para abordar dicha reforma.

No obstante, el proceso ha sido bastante lento, y el de este martes es el primer documento que Educación ha compartido con los sindicatos, limitado a una serie de puntos específicos. La intención del Gobierno, como adelantó la semana pasada el presidente Pedro Sánchez, es aprobar las nuevas medidas a través de una ley. Específicamente, según ha indicado Educación este martes, se trata de una reforma de la ley 4/2019. La tramitación podría comenzar, de acuerdo con el ministerio, el mes próximo.

Esto permitiría, por un lado, consolidar los cambios y evitar que las comunidades autónomas los contradijeran, como ocurrió con la ley impulsada por el ministerio en 2019, que solo recomendó a los gobiernos autonómicos limitar a 23 horas las horas de clase del profesorado en colegios de infantil y primaria, y a 18 en institutos de secundaria. Sin embargo, su tramitación a partir de un anteproyecto de ley requerirá tiempo y, además, que el Gobierno logre el respaldo de sus socios, con la dificultad añadida de que los partidos nacionalistas suelen ser reacios a aprobar normativas educativas que establezcan límites concretos a nivel estatal. Es decir, existe el riesgo de que no se consiga aprobar la nueva ley antes de terminar la legislatura (como ya sucedió en la legislatura pasada con la Ley de Enseñanzas Artísticas), o de que no se logre el apoyo necesario para su aprobación en el Congreso, algo que podría acarrear costos para las formaciones políticas que se opongan a la norma.