El Gobierno da a conocer su informe más reciente para desmantelar la Fundación Francisco Franco: “Menosprecia la dignidad de las víctimas” | España

El Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para disolver la Fundación Francisco Franco y este viernes ha enviado a la entidad el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción”. Esta resolución es un paso previo antes de que el ministerio, a través de la Abogacía del Estado, presente este mismo documento ante la autoridad judicial para que comience los trámites legales de disolución. Según el acceso de EL PAÍS al documento, este se basa en que los objetivos de la fundación infringen la Ley de Memoria Democrática, ya que no persiguen “fines de interés general” y llevan a cabo “actividades contrarias al mismo”. Además, se argumenta que hace “apología del franquismo” y “humilla la dignidad de las víctimas”. La Fundación tiene un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones. Fuentes del ministerio consideran que este proceso de extinción es innovador y afirmaron que ayudará a mitigar el sufrimiento de cientos de personas que fueron víctimas del franquismo. “No se puede olvidar que la Fundación, como tal, recibe beneficios fiscales. Los ciudadanos no deberían financiar actividades antidemocráticas”, comentan fuentes gubernamentales.

Esta reciente acción del Gobierno para extinguir la Fundación Francisco Franco es el último paso de un extenso proceso que comenzó con la Ley de Memoria Democrática de 2022, la norma orgánica que regula el derecho de asociación y que permite desde entonces la ilegalización de entidades y fundaciones que realicen apología del franquismo.

Para fundamentar la apertura de este expediente, el Ministerio de Cultura solicitó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). Esta última analizó todo el contenido del sitio web de la fundación (aproximadamente 5.500 textos) “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus líderes” y también la cobertura mediática de la fundación desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de marzo de 2025.

El contenido es revelador. Por ejemplo, hay textos que afirman que “el franquismo no cometió un genocidio, la II República sí”, que niegan los hechos del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil y que sostienen que el escándalo de los niños robados es un mito. Asimismo, hay artículos que destilan un tono propagandístico, utilizando términos como “alzamiento” (en lugar de golpe de Estado) o “cruzada” (en vez de Guerra Civil).

El informe de la secretaría también incluyó testimonios de víctimas del franquismo que demuestran cómo el negacionismo de la Fundación respecto a la violencia y represión les causa daño y afecta su derecho a la verdad. Las declaraciones describen varias de estas situaciones. Por ejemplo, una víctima relató que se encontró en una plaza de Granada con un grupo de “personas de esta” cantando el Cara el sol [himno falangista], lo que le provocó un episodio de malestar físico y psicológico.

Uno de los relatos dice así: “Cada vez que veo en los medios de comunicación alguna de sus actividades o declaraciones, se me parte el corazón, me falta el aire y no puedo expresar palabra. En esos momentos, revivo el relato de la desaparición de mi tío”. Otro añade: “Cada vez que leo un manifiesto o una declaración firmada por esta Fundación que defiende valores franquistas y la dictadura, no siento una agresión física, pero revivo todos los recuerdos de mi infancia, sin mi padre, la ausencia de él debido a una guerra cruel e irracional”.

El estudio subraya que el contenido publicado por la fundación descalifica a las víctimas, niega y minimiza los hechos y se apropia de manera sesgada de la historia. “El análisis de aproximadamente 5.500 textos publicados en su página web permite concluir que los objetivos y las acciones de la Fundación no persiguen el interés general, dado que son incompatibles con los fines mencionados en el artículo 3.1 de la Ley de Fundaciones”, indica el documento.

La citada ley establece que “se considerará causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o lleven a cabo actividades contrarias a lo mismo. A estos efectos, se entiende por interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o exalte a sus líderes, menospreciando y humillando la dignidad de las víctimas […] o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.

El informe de la SEMD también destaca que “los fines de promoción y desarrollo de la educación, la investigación y de cualquier otra actividad cultural [impartidos por la Fundación] son en realidad instrumentos” para “dar una visión inequívocamente favorable del franquismo”.

Fuentes del ministerio informaron a este periódico que están evaluando las posibles medidas cautelares que propondrán al juez una vez que el caso llegue a los tribunales, aunque no aclararon cuáles serán estas medidas.

Otro asunto importante es el archivo histórico de la Fundación, que contiene alrededor de 30.000 documentos (de los cuales 28.000 ya están digitalizados). Algunos de estos documentos pertenecen a la Jefatura del Estado, por lo que “deberían estar depositados en archivos de titularidad estatal” y poseen un gran valor histórico y patrimonial. Por esta razón, el ministerio ha comunicado a EL PAÍS que están estudiando cómo asegurar su protección pública.

Una “anomalía” en Europa

La Fundación Francisco Franco fue constituida en 1976, y en sus estatutos se especificaba que tendría como objetivo principal “la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco”, “promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Franco y sobre las actuaciones de los años de su mandato”, “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española” y “exaltar su vida como modelo de virtudes al servicio de la patria”.

Estos estatutos han sido modificados en años recientes, siendo la última modificación en 2017, donde el artículo anterior reducía el objetivo de la fundación a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe de Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”, además de “promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre 1936 y 1977″.

Las cuentas anuales de la entidad entre 2018 y 2022, presentadas al Protectorado Estatal de Fundaciones, indican que los gastos principales (entre 100.000-150.000 euros) se destinan a la publicación de su boletín informativo y la realización de “jornadas culturales”. A esto le sigue el mantenimiento de su archivo (promedio de entre 30.000 y 50.000 euros). En cuanto a los ingresos (venta de fotocopias, libros, DVD y merchandising), la media oscila entre 4.000 y 9.000 euros.

Pablo de Greiff, exrelator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y actual comisionado de la ONU para Ucrania, ha denunciado que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa”. Greiff, quien elaboró un informe sobre España en 2014, señala que no existe en ningún otro país de la Unión algo parecido (mencionando ejemplos como una Fundación que exalte a dictadores como Hitler o Mussolini) ni tampoco una legislación que permita la apología del odio.