El Gobierno da luz verde a más de 2.000 millones en inversiones militares al finalizar el año | España

El Gobierno culmina 2025 con un nuevo mensaje que reafirma su compromiso con la OTAN y la seguridad de la UE. En el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, se aprobó una inversión superior a 2.000 millones de euros en gasto militar, manteniendo un bajo perfil mediático para no incomodar demasiado al socio minoritario de la coalición y evitar tensiones adicionales con la mayoría de los grupos del bloque de investidura, en un tema muy sensible para la izquierda como es el gasto en Defensa. Esta significantiva partida se destinará a la compra de vehículos de transporte táctico, mejoras logísticas en arsenales y en la base naval de Rota (Cádiz), el programa de submarinos de la serie S-80, el desarrollo de uno de los principales cuarteles del Ejército de Tierra en Zamora y el apoyo a la defensa de Ucrania.

La OTAN, con la que Pedro Sánchez ha tenido desacuerdos por negarse, a diferencia del resto de aliados, a aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB en 2035, como pedía el presidente estadounidense Donald Trump, calculó en agosto que España ya estaba cumpliendo con el 2% que el presidente del Gobierno había comprometido. Y que lo mantendría en el último cuatrimestre del año, lo que requería una inversión total de 10.471 millones, alcanzando un total de 33.123 millones. La víspera de Nochebuena, el Ejecutivo aprobó 1.900 millones para Defensa y una contribución voluntaria de 100 millones a la OTAN para reforzar las «capacidades defensivas» de Kiev. Sánchez anunció en noviembre, durante una comparecencia conjunta con Volodímir Zelenski en La Moncloa, que se destinarían 817 millones en apoyo a Ucrania, incluyendo 100 millones para la compra «urgente y acelerada» de armamento estadounidense, principalmente misiles antiaéreos para proteger las infraestructuras energéticas de los bombardeos rusos, a través de la OTAN.

“España es un socio fiable y uno de los países que más cumple en el ámbito de la Alianza Atlántica. Cuando asumimos el Gobierno, nuestras Fuerzas Armadas carecían prácticamente de todo, y la inversión en Defensa era del 0,9% del PIB. Hemos realizado un esfuerzo importante cumpliendo los compromisos adquiridos en Gales [en 2014]. No es un problema de porcentajes, sino de capacidades, y las capacidades las tenemos y las ponemos en el contexto de la Alianza Atlántica”, enfatizó Margarita Robles, la ministra de Defensa, este lunes en La Hora de la 1 de TVE.

Más de la mitad de los 2.001,2 millones aprobados en gasto militar se destinarán a la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico. El valor del acuerdo marco asciende a 1.041 millones y tendrá una duración de cuatro años, con opción a dos años de prórroga. El objetivo es “completar y mejorar” la cobertura con estos vehículos y renovar la flota para que las Fuerzas Armadas puedan operar “en todo tipo de entornos e integrarse en estructuras multinacionales para garantizar la protección de la población y el control del territorio y los recursos”, según la referencia del último Consejo de Ministros del año.

La siguiente partida más significativa es la modificación de la orden de ejecución para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80. El valor estimado es de 432 millones y el Gobierno sostiene que es necesaria para conseguir una “configuración adecuada” de los sumergibles, adquirir repuestos y atender la gestión de “las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones” de los buques. Un error en el diseño, que provocó un sobrepeso de 125 toneladas y amenazaba la flotabilidad, junto a la ruptura inicial de Navantia con la francesa DCNS, han generado retrasos y sobrecostes multimillonarios a un programa que hasta ahora ha costado casi 4.000 millones de euros en total. Se espera que los tubos de última generación, que otorgarán a España “independencia estratégica”, según Defensa, sean entregados en 2026, 2028 y 2030.

La ciberseguridad recibirá otros 353,5 millones. El acuerdo marco para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa aprobado por el Gobierno se centra en consolidar la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, “mediante el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta” ante ciberataques. Esta inversión responde a los requisitos de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y de las organizaciones internacionales de las que España forma parte. La duración del contrato será de tres años a partir de junio de 2026 o desde la fecha de su formalización, prorrogable por otro ejercicio.

La construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la base naval de Rota, donde Estados Unidos tiene desplegados cinco destructores antimisiles claves para la defensa de Europa frente a la amenaza rusa, tendrá un coste de 32,4 millones y una duración de 20 meses. El Gobierno justifica este proyecto por criterios “de interés público, defensa nacional y soberanía energética” para “garantizar la operatividad” de la nueva clase de fragatas F-110 y dotar a la Armada de un sistema nacional, robusto y seguro de suministro de combustible estratégico. En septiembre se realizó la botadura de la primera fragata de combate de clase F-110, de las cinco que Navantia debe entregar a la Armada española hasta 2030.

La asistencia técnica para la gestión del apoyo logístico en el aprovisionamiento de los arsenales de la Armada y en la jefatura de servicios generales (Madrid), un contrato de dos años prorrogables otros dos por un importe de 28,5 millones, busca dotar a la fuerza naval de un servicio externo de apoyo técnico especializado que “complemente las capacidades propias”, mantenga la continuidad de las operaciones logísticas y “asegure la calidad y fiabilidad de la información gestionada”, según la información proporcionada por el Gobierno.

La segunda fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora), dotada con 13,9 millones, es un guiño a la España vaciada, ya que con este proyecto se pretende fijar población en una de las provincias más afectadas por la pérdida de habitantes. Se espera que el futuro cuartel, que albergará a unos 1.400 militares del Ejército de Tierra, esté operativo en 2027. Este proyecto incluye la formación de la red viaria interior y explanadas, así como la ejecución de las conexiones de las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas. También abarca las redes de suministro de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, junto con diversas obras complementarias como muros, bordillos, cunetas y arquetas, así como una red contra incendios.