El Gobierno de Ayuso accede a las demandas de Sánchez y modificará la ley ambiental para prevenir un conflicto en el Tribunal Constitucional | Noticias de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso (PP), ha cedido ante el Ejecutivo central, encabezado por Pedro Sánchez (PSOE), para evitar un enfrentamiento legal en el Tribunal Constitucional respecto a la norma aprobada a finales de 2024 por la Asamblea regional, que busca flexibilizar la ley del suelo. El acuerdo, publicado este viernes en el boletín oficial de la región, y alcanzado en la comisión bilateral que une al Estado y a Madrid, constituye un inusual ejemplo de entendimiento entre dos administraciones que han estado en desacuerdo. Madrid es, de hecho, la comunidad autónoma que más pleitos mantiene contra el Estado en el Constitucional.

“La Comunidad Autónoma ha llegado a un compromiso normativo para evitar el recurso y resolver la discrepancia”, resume un portavoz del Gobierno central. Este diario también se ha puesto en contacto con la administración autonómica para obtener su opinión, sin haber recibido respuesta al momento de la publicación de este artículo.

La reforma de la ley del suelo permitió reducir la obligatoriedad de reemplazar árboles talados; flexibilizar la construcción de campos de golf, gasolineras y crematorios; y facilitar la edificación de vivienda protegida en terrenos destinados a equipamientos sociales de redes supramunicipales. Tras un proceso de tramitación polémico, ya que el PP optó por el formato de ley ómnibus para modificar decenas de puntos en diversas normas en una sola votación, las negociaciones con el Gobierno central se iniciaron en abril y se centraron en cuestiones de evaluación ambiental.

Como resultado de este diálogo, el Gobierno de Díaz Ayuso se ha comprometido a impulsar una iniciativa legislativa para modificar un apartado de una disposición adicional de forma más restrictiva: se elimina del redactado la facultad del consejero regional competente para definir las actuaciones que, al no estar sometidas a procedimientos de evaluación ambiental, no conllevan efectos adversos en el Medio Ambiente.

Además, la administración madrileña acepta interpretar tres apartados de tres artículos sobre actuaciones de dotación en los planes urbanísticos según lo solicitado por el Gobierno central.

El acuerdo entre ambas partes es inusual, pero no excepcional: aunque no se llegó a un pacto con la reforma de las dos leyes LGTBI autonómicas, sí se alcanzó en las de presupuestos y cooperativas. En contraste, Madrid sigue siendo la región con el mayor número de pleitos activos contra el Estado en el Constitucional.

Tres de estos pleitos son por inconstitucionalidad (contra la ley de vivienda; la de amnistía; o el manejo de menores no acompañados) y dos por invasión de competencias (en la formación de familias de acogida y por intentar declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática).

Desde que Ayuso asumió el poder en agosto de 2019, la Comunidad ha impugnado alrededor de veinte decisiones estatales en los tribunales. Aunque la justicia ha fallado a favor de Madrid en asuntos como el IVA de diciembre de 2017, que generó 300 millones adicionales a las arcas regionales, también ha desestimado sus pretensiones en temas clave, como el currículo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, que fue respaldado por el Constitucional.

Madrid también ha llevado al Gobierno central ante los tribunales por su gestión de la pandemia: solicitó explicaciones más claras sobre los criterios que impidieron que la región avanzara en la desescalada (finalmente desistió); e intentó revertir dos cierres perimetrales establecidos para frenar la expansión del coronavirus en festivos; así como las restricciones impuestas a la hostelería.

El permanente desencuentro ha afectado también a la política migratoria (con dos recursos en el Supremo sobre el reparto de migrantes) y a cuestiones económicas. En este último ámbito sobran los ejemplos. Además del conflicto suscitado por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, ha habido disputas por las entregas a cuenta de 2019; contra un decreto del Ejecutivo central que repartió nueve millones de euros de fondos europeos entre el País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana; contra una resolución que establecía las instrucciones generales para distribuir las subvenciones COVID; o en relación al Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización.

En el ámbito educativo, además del real decreto de acreditación de universidades, Madrid ha impugnado la reducción de los precios públicos universitarios decidida por el Estado. Un enfrentamiento judicial continuo que ahora se ve interrumpido por el logro de un acuerdo.