El Gobierno de Ayuso informa que recurrirá ante los tribunales la ley que busca restringir la privatización en el ámbito sanitario, la cual aún no ha sido aprobada | Noticias de Madrid.

La confrontación entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez persiste tras la propuesta del Ministerio de Sanidad para restringir la privatización en el ámbito sanitario. Isabel Díaz Ayuso ha expresado su oposición a la iniciativa de la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha anunciado que llevará el asunto a los tribunales—según lo declarado por el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, en una conferencia de prensa esta mañana—si la propuesta avanza, lo cual parece poco probable. “Mónica García pretende trasladar el caos sanitario a otras comunidades autónomas, el mismo caos que vive en su propio ministerio, el que afecta a la gestión real de Ceuta y Melilla, y el que está relacionado con las huelgas de médicos generalizadas, provocadas por ese estatuto y acuerdo marco,” ha afirmado el portavoz.

Tras el Consejo de Gobierno de este jueves, García, también Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha señalado que no permitirán que Mónica García, quien ha demostrado ser la ministra más ineficaz del Ministerio de Sanidad, propague ese caos a las comunidades autónomas que han estado trabajando exitosamente durante mucho tiempo.

“El Gobierno de Pedro Sánchez es el más corrupto de la democracia,” ha reiterado el portavoz madrileño, justificándose con “el informe anual de Transparencia Internacional, que indica que España es uno de los países europeos donde más ha crecido la percepción de corrupción.”

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha replicado a las declaraciones de García. “En Villaquirón están muy preocupados,” sostiene. Y añade: “Ayuso y su pareja están viendo cómo se acaba la fiesta. No se han preocupado por el millón de pacientes en lista de espera. No han mostrado interés por los audios del CEO de Torrejón ni por cómo se ve comprometida la salud de los madrileños. Su preocupación surge solo al ver que se les acaba la fiesta, así como el fin de las mordidas de Alberto Quirón y su estilo de vida lujoso, al tiempo que desmantelan la sanidad para beneficiarse ellos mismos. Esta ley es más necesaria que nunca para proteger la sanidad pública y resguardarla de clientes especuladores.”

La tensión entre Ayuso y el Gobierno de España se ha intensificado una vez más tras el inicio de la tramitación de la ley por parte del Consejo de Ministros, que busca frenar la privatización de la sanidad en España. Esta ley tiene como objetivo principal revocar normas anteriores que permitieron casos como el del Hospital de Torrejón, donde el CEO de la empresa gestora, según grabaciones publicadas en EL PAÍS de reuniones internas, solicitaba que aumentaran las listas de espera para incrementar beneficios.

Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que desde el Gobierno de España se busca “la revolución” y, además, destruir la sanidad madrileña. Mónica García respondió enfocándose en Ayuso y sus “vínculos personales” con Quirón, la gran empresa de la sanidad privada madrileña, donde trabajó la pareja de la presidenta. Según García, esta ley no busca destruir nada, sino proteger la sanidad pública de los “intereses especulativos”. García también proporcionó detalles sobre la privatización en Madrid, con recientes escándalos, y subrayó que el Gobierno está decidido a dar esta batalla política con firmeza.

La aceleración en la tramitación de esta iniciativa por parte del Ministerio de Sanidad llegó tras el escándalo del Hospital de Torrejón, que destapó este periódico. La ley busca garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud, reforzando un marco jurídico que asegure su carácter universal, equitativo, transparente y de calidad. Asimismo, limitaría la gestión indirecta a situaciones excepcionales previamente evaluadas y evitaría fórmulas contractuales que mermen la capacidad de supervisión institucional. La iniciativa también pretende examinar concesiones como las que Madrid tiene con Quirón y Ribera.

Sin embargo, las posibilidades de que esta futura ley sea aprobada son bastante limitadas. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, deberá atravesar el trámite parlamentario, donde no existe una mayoría que respalde el texto. Incluso si los partidos de izquierda llegaran a un consenso, no contarían con los votos suficientes para su aprobación, que tendría que realizarse en un tiempo muy ajustado.

La posible aprobación de esta ley no tendría efectos retroactivos, por lo que las concesiones vigentes se mantendrían hasta que finalicen los contratos, como es el caso del hospital de Torrejón.

En España, hay ocho hospitales públicos con gestión privada bajo el modelo de Alzira: los de Torrejón, Vinalopó y Povisa (en Vigo), administrados por Ribera; así como el Rey Juan Carlos (Móstoles), el Infanta Elena (Valdemoro) y el General de Villalba, gestionados por Quirón; además del de Denia, gestionado por Marina Salud; y el Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera.