El Gobierno de Ayuso sanciona a siete hospitales público-privados por no cumplir con los estándares de calidad | Noticias de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso (PP), ha impuesto multas que ascienden a 2,2 millones de euros a siete hospitales público-privados en la región, debido a incumplimientos en los estándares de calidad. Esta información se detalla en un informe de la Intervención general regional al que tuvo acceso EL PAÍS, que abarca el periodo entre enero de 2021 y agosto de 2024. A pesar de esto, los descuentos aplicados al canon anual que la Administración otorga a los centros afectados (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas) apenas han afectado su balance: los 812.818,14 euros en sanciones de 2023 representaron solamente el 0,45% de los 182 millones que los hospitales recibieron ese año, según el informe interno de la administración madrileña.

Madrid dispone de una decena de centros inaugurados durante el mandato de Esperanza Aguirre (2003-2012) bajo el modelo de colaboración público-privada. En algunos casos, las empresas son responsables de gestionar los servicios médicos (como en Valdemoro, Villalba y Móstoles, de Quirón, y Torrejón, de Ribera Salud). En otros, la empresa constructora maneja solo los servicios no asistenciales (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas, este último en Madrid capital). El informe de la Intervención se enfoca en estos últimos siete, que reciben un pago anual de la administración y pueden solicitar un reequilibrio financiero si consideran que las mejoras en los servicios o infraestructuras alteran el pacto original. Por el contrario, si no ofrecen el servicio requerido, son sancionados: su pago anual se reduce. Esto se traduce en una especie de multa indirecta.

“Mensualmente, se evalúa el nivel efectivo de disponibilidad y calidad de los servicios”, señala la Intervención en su informe. “La prestación de servicios por debajo de los niveles óptimos, resultará en la aplicación automática de porcentajes de deducción”, añade en referencia a los pagos del canon.

Estos ajustes permiten identificar los problemas dentro del sistema de atención sanitaria en estos centros desde la perspectiva de los pacientes. La mayoría de las incidencias se concentran, según el análisis de los expertos de la administración regional, en el servicio de transporte interno y gestión auxiliar sanitaria (25% de las incidencias en 2023); mantenimiento (19%); trabajo del personal administrativo (18%) y lavandería (14%).

La oposición argumenta que este sistema de pagos y penalizaciones en constante revisión establecido en el acuerdo de gestión mixta perjudica a la sanidad pública pura, que carece de esta capacidad de decisión y financiamiento, impidiendo determinar claramente cuánto dinero público costará cada concesión.

De hecho, las tensiones entre la Comunidad de Madrid y los concesionarios son frecuentes. Existen numerosos litigios pendientes entre ambas partes que involucran cientos de millones de euros. Esta situación litigiosa es consecuencia de un sistema que permite a los adjudicatarios facturar incluso las mejoras en el consumo energético de sus hospitales.

Cobrar por ahorrar energía

“(Hay) un mecanismo de pago de los suministros que incentiva el consumo eficiente, de modo que si el nivel de consumo efectivo anual es inferior al nivel de referencia, la Administración liquidará a la sociedad concesionaria la cuantía resultante de la aplicación de las fórmulas determinadas; y, si es superior, se aplicará una penalidad por cada uno de los suministros que exceda”, recuerdan los Interventores en su informe.

Mónica García, actual ministra de Sanidad del Gobierno de España conformado por el PSOE y Sumar, analizó esta cláusula en 2018 al evaluar este modelo hospitalario como diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid: “Es abusiva”. Además, agregó: “Ha permitido una interpretación perversa del concepto de ahorro energético”.

Su partido en ese momento especuló acerca de un posible modus operandi para intentar, supuestamente, aumentar esa factura que las concesionarias envían a la administración: ¿No favorecía este sistema la acumulación de consumos excesivos durante los primeros años, que resultarían en un premio al normalizar el uso de gas o luz en ejercicios posteriores?

Sin embargo, el informe de la Intervención no menciona esto, aunque destaca un caso excepcional en el periodo analizado. Así, en 2022, la justicia obligó a uno de los concesionarios a devolver 1.130.382,22 euros (IVA incluido) cobrados por este concepto durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 “por no ser conformes a derecho”.

El sistema, no obstante, continúa operativo. La Administración recuperará la propiedad de todos los edificios de estos hospitales al cumplirse 30 años del inicio de los respectivos acuerdos. Solo a partir de ese momento se podrá saber con certeza cuánto ha costado una operación sujeta a cambios constantes en la facturación, presupuestos y pagos.