El Gobierno de Ayuso señala a Bolaños por intentar infiltrar jueces leales «de forma encubierta» en Madrid.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se opone al Real Decreto de Bolaños que contempla la creación de nuevas plazas de jueces para 2026, argumentando que el ministro intenta «introducir jueces más afines a sus propios intereses», por lo que se han presentado alegaciones para que estas plazas se otorguen a través de un sistema de «oposición libre, de mérito y capacidad».

«Hablo de un proyecto Bolaños que fomenta la incorporación de jueces del cuarto turno o el impulso a los jueces sustitutos», ha manifestado Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno.

Esta es una de las múltiples alegaciones presentadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al Real Decreto del Ministerio de Justicia, que también critican la insuficiente dotación de jueces para la Comunidad de Madrid. «Las plazas son inadecuadas», advierte, ya que el gobierno regional estima que son necesarias 142, mientras que el Gobierno solo ha previsto 69 plazas para 2026.

“Es una planificación ineficaz, desproporcionada y alejada de criterios técnicos”, ha subrayado García Martín, quien ha recordado que el propio Consejo General del Poder Judicial ha señalado la necesidad de crear hasta 3.600 nuevas plazas judiciales en toda España, lo que, en su opinión, refuerza la idea de que la propuesta del Gobierno central no satisfará las necesidades reales del sistema judicial.

Además, el Gobierno de Ayuso argumentará al Ministerio de Justicia que el proyecto «no cuenta con una memoria económica suficiente ni con un presupuesto detallado y verificable» que asegure la financiación real de las plazas creadas, así como de todos los costos asociados a su implementación efectiva. “No hay presupuesto, no hay garantías y no hay un respaldo económico serio”, ha criticado García Martín, quien sostiene que sin estos elementos, la medida será «puro humo».

Por último, la Comunidad de Madrid ha criticado al Ministerio por la falta de concreción en la fecha de inicio de las plazas, lo que impide que las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia planifiquen con la anticipación necesaria los medios materiales, tecnológicos y de infraestructura esenciales para su implementación.

“El proyecto presenta deficiencias técnicas, organizativas y presupuestarias que pueden poner en riesgo su eficacia real”, ha concluido el portavoz de Ayuso, motivo por el cual el Gobierno regional ha solicitado al Ejecutivo central que modifique “por completo” el Real Decreto, aumente el número de plazas asignadas a la Comunidad de Madrid y garantice un despliegue eficaz, transparente y acorde a las necesidades reales de la Justicia madrileña.

«Faltan jueces, no hay un proceso claro, no hay presupuesto y no hay un calendario efectivo. Es un Real Decreto al estilo Bolaños», ha remachado García Martín.