El Gobierno de Ayuso solicita al Estado repatriar al menor acusado de agredir sexualmente a una niña en Hortaleza, junto a otros 45 adolescentes | Noticias de Madrid.

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha dado este miércoles el primer paso formal para solicitar al Gobierno que repatrie al menor migrante que se encuentra en un centro de acogida en Hortaleza, acusado de violar a una niña de 14 años en la madrugada del viernes. Esta información fue compartida por el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa que se realiza semanalmente tras la reunión del consejo de Gobierno, en la que no ha especificado cómo se gestionará esta solicitud en relación con el desarrollo judicial del caso, en el cual el detenido ha sido internado en un centro de régimen cerrado. En lo que va del año, Madrid ha solicitado la repatriación de un total de 46 menores, el doble de los que han sido efectivamente repatriados desde cualquier punto de España entre 2019 y abril de 2025.

“Este mismo día, la comisión técnica de evaluación está revisando nueve expedientes más [de repatriación], incluido el del presunto violador”, comentó García Martín sobre una decisión que, en última instancia, depende de la Delegación del Gobierno en Madrid (es decir, del Gobierno central) tras el informe preceptivo de la Fiscalía. “Lo irresponsable es lo que está haciendo el gobierno central, que es nada, para evitar el caos migratorio que atraviesa nuestro país”, añadió. “Es una irresponsabilidad. Las Comunidades contamos con los medios que tenemos”.

Además, el Gobierno autonómico se ha congratulado de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso que interpuso en julio contra el decreto estatal que regula las medidas a tomar “en situación de contingencia migratoria extraordinaria para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias”.

Dicha norma establecía las pautas del proceso para distribuir por todo el país a migrantes que se encuentran en regiones cuyos servicios sociales están colapsados, como acontece actualmente en Canarias y Ceuta.

Madrid ya había impugnado anteriormente ante el Tribunal Constitucional, al igual que otras diez comunidades autónomas, el Real Decreto-ley del 18 de marzo que modificó la ley de extranjería para habilitar esta posibilidad. El gobierno de Ayuso tomó esta decisión al considerar que la modificación implicaba “una invasión de competencias exclusivas en la protección de menores y la asistencia social”; que carecía de “una justificación adecuada de urgencia”; y que empleaba “un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”.

Además, la semana pasada el gobierno regional decidió registrar un tercer recurso contra esta política del gobierno de Pedro Sánchez, centrado en el decreto aprobado por el Ejecutivo central para establecer la capacidad de cada comunidad para acoger a menores migrantes. Como resultado, a Madrid le correspondería acoger a 647. Tal vez por esto, el boletín oficial de la región ha publicado este miércoles una ampliación del contrato de gestión del centro de acogida de la Cantueña, ubicado en la ciudad de Fuenlabrada, que ahora ha añadido 19 nuevas plazas, superando las 100.