El Gobierno de Ayuso suprime los organismos establecidos hace 15 años para supervisar los hospitales públicos de gestión privada.

Legalmente, todavía existen. Sin embargo, en la práctica, las “comisiones mixtas” que fueron establecidas con carácter normativo –lo que implica su cumplimiento obligatorio– por el propio Gobierno de Madrid hace más de 15 años, quedaron efectivamente extinguidas hace casi tres años. Estas comisiones tenían la función de supervisar y controlar la ejecución de los contratos otorgados al gigante sanitario Quirón para cuatro hospitales dentro de la red pública y uno más del grupo Ribera Salud.

Compuestas en cada caso por representantes de la Consejería de Sanidad y la empresa adjudicataria, las comisiones mixtas que afectan a Quirón –como las de los hospitales públicos de Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba, así como la del privado Jiménez Díaz, este último sujeto a convenio– no se han reunido desde el 19 de mayo de 2023. Esto ocurre a pesar de que en el proceso de privatización impulsado por Esperanza Aguirre en la segunda mitad de la primera década del siglo, los pliegos de cláusulas administrativas –documentos que la Administración pública y el adjudicatario deben cumplir rigurosamente– se revestían de una protección garantista al ordenar la creación y continuidad de dichas comisiones. ¿Con qué propósito? Para “velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad adjudicataria”, como se establece en los pliegos del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Villalba. O, como se detalla de manera más clara en el pliego del Hospital Infanta Elena (Valdemoro), la comisión mixta debía enfocarse en el “seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato”.