El Gobierno de Sánchez se opone a la expulsión de 86 menores migrantes no acompañados de España, petición del Ejecutivo de Ayuso | Noticias de Madrid

El Gobierno de España (PSOE y Sumar) ha decidido rechazar la tramitación de 86 expedientes que desde 2019 ha enviado el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid (PP), los cuales buscan el retorno de menores migrantes a sus países de origen bajo la responsabilidad de la Administración autonómica. Los datos, obtenidos por EL PAÍS a través de la ley de transparencia, reflejan un conflicto en el que los más vulnerables son los que sufren las consecuencias. Madrid reconoce que ha tratado de utilizar la reagrupación o reunificación familiar para trasladar a jóvenes “con diferentes dificultades de adaptación”, según informes de los técnicos de sus servicios sociales; así como a aquellos “que han tenido episodios violentos o delictivos”. Por su parte, el Estado argumenta que esto es una forma de evitar sus responsabilidades y de no cumplir con el deber de salvaguardar el interés superior de los menores. Un dato esclarecedor resalta la situación: las 86 solicitudes de Madrid representan más del triple de las reunificaciones que se han llevado a cabo desde cualquier otra región en casi el mismo periodo, las cuales, además, se hicieron mayoritariamente por motivos humanitarios.

“La Delegación ha informado a la Comunidad de Madrid sobre la decisión de no iniciar los expedientes solicitados, en cumplimiento de lo estipulado por la norma y siempre en beneficio del interés superior del menor”, sostiene un portavoz del departamento que dirige Francisco Martín, representando al gobierno de Pedro Sánchez en la capital de España. “Se rechaza debido a la falta de garantías en su posible retorno, por lo que se prioriza el interés superior del menor”, enfatiza. “Así lo establece la norma”, recalca. Y concluye: “En lugar de solicitar la expulsión de menores, la Comunidad de Madrid debería cumplir con sus responsabilidades de tutela”.

La política migratoria se ha convertido en uno de los principales frentes de confrontación entre ambas administraciones desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder en agosto de 2019. Madrid ha recursado a todas las instancias posibles en oposición al reparto de migrantes decidido por el gobierno central para aliviar la presión sobre los servicios sociales de Canarias. También ha exigido al Estado que asuma la responsabilidad de los alrededor de cincuenta solicitantes de asilo incluidos en su red de atención social en mediados de 2025. Además, ha multiplicado las solicitudes de repatriación en un contexto político donde existe la amenaza de que Vox provoque una ola antiinmigratoria que potencie sus resultados electorales desde Torre Pacheco (Murcia) hasta Madrid.

Así lo resumió Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de Díaz Ayuso, durante una conferencia de prensa en septiembre: “Lo irresponsable es lo que está haciendo el Gobierno central, que es nada, para evitar el caos migratorio que enfrenta nuestro país. Esto es una irresponsabilidad. Las Comunidades tenemos los recursos que tenemos”.

Un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, bajo la dirección de Ana Dávila-Ponce de León, amplía esta información sobre los menores seleccionados: “Se trata de perfiles muy complejos de menores, con comportamientos graves, altos consumos y serias dificultades de integración. El Gobierno, en efecto, no ha hecho nada”.

Las cifras son reveladoras. Desde 2019, Madrid ha solicitado 86 reagrupaciones, entre las cuales podría estar la del presunto violador de una niña este verano en Hortaleza (quien, tras haber estado en un centro de acogida, sería mayor de edad) o casos de quienes protagonizaron altercados en La Cantueña (Fuenlabrada) o la Casa de Campo en Madrid.

En contraste, entre 2019 y abril de 2025, el Estado llevó a cabo un total de 23 reunificaciones familiares originadas en solicitudes de toda España. Es decir, el Gobierno de Ayuso ha solicitado más del triple de las que realmente se han realizado, las cuales fueron por motivos humanitarios.

Por ejemplo, en Galicia, en 2019, se decidió la repatriación de un bebé cuyos padres habían fallecido, y que fue reclamado por su abuela, según explican en la Delegación del Gobierno. En Andalucía, en 2022, se deshizo el camino de ida de dos hermanos que aún usaban pañales: tenían 10 meses y tres años. Y en Castilla y León, en 2024, regresaron a su hogar dos menores, una de 17 años y un bebé de 11 meses. Eran madre e hijo y estaban solos en España.

La Administración central, que debe contar con un informe de la Fiscalía antes de tomar decisiones, entendió que en todos estos casos la situación de los menores mejoraba al regresar a sus países de origen. Su perfil no se asemeja al de los menores que Madrid desea repatriar en la actualidad. Sin embargo, la administración regional se niega a proporcionar información sobre la edad de los menores seleccionados o su país de origen, “ya que esto podría representar, debido al número reducido de menores, una identificación indirecta de los mismos”.

Ni expulsiones ni derivaciones

“En ningún caso se producen expulsiones o devoluciones de menores migrantes”, aclaró el director general de la Policía, Francisco Pardo, en una comunicación enviada a este diario en 2025. “Ningún acuerdo bilateral puede obligar a la devolución de menores extranjeros no acompañados (…) debiendo tramitarse su retorno mediante la repatriación y siempre que esté acreditado que ello responde al interés superior del menor”, prosiguió, distanciándose de la vía punitiva insinuada por Madrid al seleccionar para reunificaciones a menores problemáticos. “Solo existe la figura de la repatriación en referencia a la reagrupación o reunificación de los menores extranjeros con familiares o mediante su puesta a disposición de los servicios de protección del menor en su país de origen”.

En la misma línea se expresa Paloma García de Viedma, coordinadora del Programa De Defensa Jurídico en Fundación Raíces. “La posibilidad de reunificar a niños y niñas migrantes con sus familias, ya sea en su país de origen o en terceros países, está contemplada en nuestro ordenamiento, y es prerrogativa de las Entidades de protección iniciar esos expedientes, o incluso un deber, si consideran que eso es lo mejor para cada niño o niña en particular”, recuerda. “Lo verdaderamente importante es que, de forma individualizada, se evalúe en cada caso cuál es la solución duradera que más beneficia al interés del menor”, añade. “El éxito no es que el niño o niña se repatríe o no, sino que en cada caso se proteja adecuadamente su interés superior”.

Ese es el pulso que mantienen el Estado y Madrid con casi un centenar de adolescentes que han estado semanas esperando para saber si su futuro se encuentra en España o de regreso en los países que los vieron nacer.