El Gobierno designa a la progresista Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en España.

El Gobierno ha designado a Teresa Peramato (Salamanca, 63 años), una fiscal muy comprometida con la lucha contra la violencia de género, para reemplazar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta propuesta del Ejecutivo se produce tras condenar el Tribunal Supremo a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que está siendo procesado por fraude fiscal. García Ortiz seguirá en su puesto como fiscal general hasta que se realice el nombramiento de Peramato en unas semanas.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de experiencia y actualmente ocupa el cargo de fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También actúa como fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Después del Consejo de Ministros, Félix Bolaños destacó la trayectoria “intachable” e “impecable” de la futura fiscal general, así como su “extraordinaria” formación jurídica. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha liderado la elección de Peramato en permanente contacto con Pedro Sánchez —quien llegó a las 6.05 a la base aérea de Torrejón de Ardoz tras su gira africana— subrayó el “compromiso feminista y de servicio público” de esta, que será la cuarta mujer en dirigir la Fiscalía General del Estado. Consuelo Madrigal rompió ese techo de cristal en 2015 durante casi dos años, y desde 2018 han continuado abriendo camino María José Segarra y Dolores Delgado.

La propuesta del Ejecutivo cuenta con el “reconocimiento unánime de los operadores jurídicos”, según La Moncloa. Su punto fuerte radica en una larga trayectoria, especialmente enfocada en la lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta área. En 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, que elaboró el Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Además, ocupó el puesto de fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Bolaños ha resaltado el “protagonismo indiscutible” de Peramato en la implementación de la ley de violencia sobre la mujer hace dos décadas, una norma pionera y especializada destinada a acompañar a las víctimas de violencia de género. “No cabe duda de que es la persona idónea para afrontar los retos que se presentan al Ministerio Fiscal”, afirmó el ministro, quien especificó que uno de esos retos será “seguir reforzando la autonomía” de la Fiscalía. La coincidencia de la condena a García Ortiz con el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, y la propuesta de sucesión con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha sido subrayada por Bolaños, quien explicó que esto justifica la rapidez en los movimientos del Gobierno.

En un tono diferente, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha llamado a la ciudadanía a movilizarse frente al fallo del Supremo. Díaz manifestó que “es un derecho movilizarse” y “salir pacíficamente a las calles”. “Las calles no son de ellos, las calles son de la democracia en España. Esto también es hacer pedagogía democrática en un país que ha vivido 40 años de franquismo”, afirmó la líder de Sumar. “Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país”, agregó.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, centró su atención en la concentración de Falange la semana pasada, a pocos metros de la sede del PSOE, donde se escucharon cánticos como “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”. “Máximo respeto, el fin de semana hemos visto a ciudadanos manifestarse en muchas ciudades, respetamos estas movilizaciones, que son bastante más sanas que la que presenciamos el viernes frente a la sede de Ferraz”, destacó Alegría.

Peramato ha sido además presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lo que refuerza el perfil progresista que el Gobierno quería transmitir al designar a su sucesor. Según la UPF, su elección representa “de manera sobresaliente las mejores virtudes” para ser “una magnífica” fiscal general del Estado, destacando su “acreditada solvencia técnica” y una trayectoria caracterizada por el “rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”. La asociación enfatiza, especialmente, su compromiso con la protección de las víctimas, en particular de la violencia de género, y su contribución a la construcción de un modelo especializado y sensible frente a una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad.

Peramato será la cuarta persona en ocupar el cargo desde que Sánchez llegó a La Moncloa. María José Segarra dirigió la Fiscalía desde su llegada hasta enero de 2020, momento en que Dolores Delgado, exministra de Justicia, le reemplazó hasta julio de 2022, cuando dimitió por problemas de salud y ocupó el puesto García Ortiz. Bolaños se ha lamentado de los “duros” y “despiadados” ataques que ha recibido García Ortiz “incluso antes de ser nombrado” e ha elogiado su “indiscutible vocación de servicio”.

García Ortiz continuará en funciones hasta que su cese se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su renuncia este lunes era necesaria para que el Consejo de Ministros pudiera iniciar el proceso para elegir a la nueva jefa del ministerio público. Sin embargo, el Gobierno no ha aprobado aún su destitución; la intención es hacerlo el mismo día en que Peramato sea nombrada. Así, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, no asumirá funciones como fiscal general interina, y esa responsabilidad seguirá siendo de García Ortiz hasta que Peramato complete un proceso formal que podría extenderse por varias semanas.

El artículo 124.4 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pleno del órgano de los jueces se pronunciará este miércoles sobre la propuesta del Ejecutivo en una reunión convocada al mediodía. Una vez recibido el informe del CGPJ, que no es vinculante, el Gobierno deberá comunicar su propuesta al Congreso, que determinará una fecha para que el candidato comparezca ante la Comisión de Justicia y se evalúe su idoneidad. En 2023, el Poder Judicial no dio su aval a García Ortiz por primera vez, y el Gobierno espera que esto no vuelva a suceder. El proceso culminará cuando la aspirante tome posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estableció el lunes como requisitos que la persona propuesta por el Ejecutivo sea un “jurista con 20 años de experiencia”, que cuente con el aval vinculante del Consejo General del Poder Judicial y que no haya ocupado cargos políticos en los últimos cinco años. “Lo que hacemos como Gobierno es cumplir la ley y no inventar requisitos. Este proceso cumple con la ley, que en términos de requisitos y condiciones para ser fiscal general fue acordado con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ninguna de las condiciones que Feijóo mencionó fue parte de ese acuerdo”, observó Bolaños sobre el pacto entre PP y PSOE que desbloqueó la renovación del órgano judicial tras más de cinco años de bloqueo por parte de la derecha.

El ministro de Presidencia también criticó la reacción de Feijóo antes de conocer quién sería la futura fiscal general. “Hubo reacciones un tanto confusas y erráticas del PP, ya que algunas fueron positivas al reconocer su trayectoria, y otras más agresivas. Ayer Feijóo dijo que era una muestra de la degradación sanchista… Este tipo de expresiones extremas solo disminuyen su credibilidad y les obligan a retractarse. Ellos mismos contaminan la convivencia”, afirmó Bolaños, haciendo referencia a un nombramiento que consideró “absolutamente idóneo”.

García Ortiz presentó el lunes su renuncia al cargo mediante una carta enviada al ministro de Justicia. En la misiva, explicó que decidió anticipar su salida antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación, y “sin esperar a conocer la motivación de la sentencia”, por su “profundo respeto” a las decisiones judiciales y su deseo de “proteger a la Fiscalía española”. “Aunque mi decisión deriva directamente del fallo que se me ha notificado, tengo la convicción de haber servido fielmente a la institución en la que me honro en pertenecer, con una clara vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. García Ortiz podría haberse quedado en su puesto hasta que el Supremo notifique la sentencia con las razones que justifican su condena (por ahora solo ha hecho público el fallo), ya que será entonces cuando la pena entre en vigor. Sin embargo, el fiscal general decidió anticipar su salida apoyándose en el artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que permite que el fiscal general del Estado cese “a petición propia”.