El Gobierno explora vías legales para procesar a Israel por el ataque a la flotilla en aguas internacionales | España

La percepción de impotencia que ha transmitido el Gobierno ante el ataque en aguas internacionales a la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza ha provocado divisiones internas en el Ejecutivo. Sumar argumenta que se podría haber actuado con más contundencia, incluso presionando para que el buque militar que se encontraba cerca de la flotilla entrara en la zona de exclusión establecida por Israel, lo que podría haber cambiado la situación. “Ni el Gobierno español ni ningún otro ha hecho lo suficiente para evitar este desenlace”, declaró el ministro Pablo Bustinduy (Sumar). La Moncloa, especialmente el ministerio de Defensa, decidió no cruzar esa línea roja, y el barco recibió instrucciones claras de no entrar en la zona de exclusión, según fuentes del Ejecutivo, ya que esto podría haber generado un enfrentamiento con las tropas israelíes, algo que el Gobierno quería evitar a toda costa. El presidente, Pedro Sánchez, subrayó que el Ejecutivo ha “apoyado a la flotilla en todo momento”.

Sin embargo, La Moncloa y Exteriores no se conformarán con esta sensación de impotencia y se limitarán a gestos diplomáticos, como la llamada a la encargada de negocios de Israel en España para expresar su protesta oficial, según indican las fuentes. Por ahora, el Ejecutivo está esperando el regreso de los integrantes españoles de la flotilla a su país, algo que podría ocurrir en las próximas horas. Hasta entonces, se mantendrá un enfoque prudente en las declaraciones y decisiones para evitar represalias que pudieran complicar su retorno.

Una vez que regresen, se llevará a cabo una ofensiva no solo diplomática, sino legal, para acusar a Israel por el asalto a la flotilla, que el Gobierno considera, sin lugar a dudas, un acto ilegal. Según explicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se trata de una clara violación del derecho internacional, ya que los tripulantes de la flotilla ejercían un derecho fundamental de navegar por aguas internacionales, lo que se define como “derecho de paso inocente por aguas internacionales en alta mar”.

Por este motivo, el presidente, Pedro Sánchez, enfatiza cada vez que aborda el tema que estas personas son pacíficas y desarmadas —no ofrecieron resistencia durante su detención por parte de las tropas israelíes— y que su misión humanitaria consistía en llevar alimentos y medicinas a Gaza, lo que no representaba “ninguna amenaza para Israel”. Este aspecto es crucial para comprender que Israel ha incurrido en un delito evidente y en una violación de las normas internacionales del derecho marítimo.

El propio Sánchez reconoció, suavemente, a medida que se hacía evidente que los españoles estaban siendo detenidos y trasladados a Israel, que el Gobierno está evaluando todas las opciones legales para llevar ante la justicia internacional y española al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu por esta violación de las normas internacionales.

Por el momento, la fiscalía española está analizando el asunto para determinar si puede incluirlo en la investigación que lleva a cabo sobre la masacre en Gaza. Dado que afecta directamente a ciudadanos españoles en aguas internacionales, esto simplifica el proceso.

Además, el Ejecutivo está considerando otras vías, no solo en el Tribunal Penal Internacional, sino también ante la propia ONU, que podría emitir una resolución en contra de Israel dado que la violación de derechos es evidente. Es Tel Aviv quien ha establecido una “zona de exclusión” a 120 millas de Gaza, pero ningún otro país la reconoce, y por lo tanto, para el resto del mundo, el lugar donde fueron detenidos los miembros de la flotilla son aguas internacionales.

Este asunto no solo ha creado tensión interna en el Gobierno, donde Sumar considera que se debería haber actuado de manera más decisiva, mientras que el PSOE argumenta que se ha hecho lo posible sin poner en riesgo la vida de los tripulantes, sino que también ha reabierto la brecha entre los dos bloques que había estado algo amortiguada por la propuesta del plan de paz de Donald Trump, que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo apoyaron. La cuestión de la masacre en Gaza genera una distancia significativa entre la izquierda y la derecha políticas, a pesar de que las encuestas indican que más del 80% de los españoles rechaza las acciones de Netanyahu.

Mientras Feijóo ha vuelto a mostrar su ambigüedad y evitó pronunciarse sobre el asalto a la flotilla, la cuestión generó una gran controversia entre el PSOE y Sumar, por un lado, e Isabel Díaz Ayuso y Vox, por otro. Tanto la presidenta de Madrid como el partido de Santiago Abascal se burlaron de la flotilla y de sus miembros más destacados, especialmente de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien, según Ayuso, viajó a Gaza para “bañarse en las islas griegas”. Por su parte, todo el Gobierno, desde el propio Sánchez hasta la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mostró su solidaridad con los embarcados y aplaudió su actitud de protesta para denunciar una situación que, como recordó Albares, no ocurre en ningún otro lugar del mundo, solo en Gaza: la prohibición de la entrada de ayuda humanitaria.

Esta fractura entre los bloques, con Feijóo adoptando una postura más intermedia y tratando siempre de esquivar una cuestión que le genera gran tensión interna entre las diferentes opiniones en el PP sobre Gaza, continúa en aumento, al punto de que un sector de la derecha ha criticado incluso al Rey Felipe VI por su postura crítica hacia Netanyahu.

El Gobierno se muestra sorprendido por la actitud de Ayuso, que considera va en contra de muchos de sus propios votantes. En el Ejecutivo destacan la gran movilización que este tema ha suscitado entre los más jóvenes, como se evidenció este jueves durante la huelga estudiantil en toda España en protesta por la masacre en Gaza y las manifestaciones en varias ciudades de adolescentes y jóvenes que contradicen la idea de que en ese sector de la población predomina la ultraderecha.

En La Moncloa están convencidos de que Feijóo ha quedado completamente descolocado desde la semana pasada, cuando un país como Portugal, gobernado por sus aliados de la derecha tradicional, decidió reconocer a Palestina, algo que el PP no apoyó cuando lo hizo Sánchez. También lo hicieron Francia y el Reino Unido. Ahora, toda la presión se centra en Italia, gobernada por Giorgia Meloni, donde ha habido importantes movilizaciones en respuesta al asalto a la flotilla y se ha convocado una huelga general para este viernes. El Ejecutivo intentará así poner de manifiesto las debilidades de Feijóo en política internacional, pero sobre todo seguirá resaltando que el líder del PP se encuentra condicionado por las posiciones de Ayuso, quien le marca la agenda y, en este asunto en particular, se alinea más con Netanyahu que ningún otro dirigente de la derecha tradicional europea.