El Gobierno inicia una campaña ideológica contra los líderes del PP por privatizar la sanidad y la educación en España.

España experimenta un profundo choque ideológico que, en ocasiones, se presenta de manera silenciosa y en otras se ve eclipsado por el bullicio político. El PSOE y Sumar, que cuentan con escaso poder autonómico, dominan el Ejecutivo central y buscan promover lo público, al mismo tiempo que se niegan a reducir impuestos, incluso aumentando la carga a sectores privilegiados. En contraposición, el PP, que detenta la mayor parte del poder autonómico, se jacta de disminuir impuestos para todos, incluidos los más ricos, mediante la eliminación de donaciones y sucesiones, mientras fomenta cada vez más la entrada del sector privado en educación y sanidad, sobre todo en el ámbito universitario (en solo diez meses, Andalucía ha aprobado cuatro nuevas universidades). El Gobierno ha decidido que este conflicto ideológico no permanezca en silencio y se enfrente directamente a los presidentes autonómicos del PP, dejando a Alberto Núñez Feijóo de lado.

Con el regreso tras el verano, el Ejecutivo intensifica sus esfuerzos para recuperar el control de la agenda política, centrando su trabajo en políticas concretas más que en la política en sí, un terreno donde se siente más cómodo. Este martes se evidenció esta nueva estrategia del Gobierno, que reunió a ministros para confrontar especialmente a Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno, los principales barones del PP, contrastándolos con Salvador Illa, la principal apuesta del PSOE, quien ese mismo día anunciaba un nuevo plan de vivienda pública que contempla 210,000 nuevos pisos, elevando la proporción de vivienda pública del 3% al 15%.

El Gobierno se ha lanzado a un enfrentamiento concreto con el PP, presentando datos claros que evidencian el impacto irreversible que la privatización de sectores esenciales, como la educación universitaria, está teniendo en los ciudadanos y la igualdad de oportunidades. Un miembro del Gobierno resume el plan estratégico para esta segunda parte de la legislatura: “Estamos decididos a transmitir dos mensajes claros en los dos años que quedan de legislatura, que queremos agotar. Primero, que merece la pena gobernar para intentar cambiar la agenda regresiva y privatizadora del PP y Vox. Y segundo, que no es lo mismo quién gobierna, y transmitir a nuestros votantes que su voto es crucial porque si la derecha gobierna, impacta en sus servicios básicos como educación y sanidad”.

Por ello, la ministra de Universidades, Diana Morant, pronunció desde La Moncloa un discurso políticamente cargado, apelando a su propia historia, para anunciar un decreto que frena el descontrolado aumento de universidades privadas impulsado por el PP en sus comunidades autónomas. El Gobierno de Madrid reaccionó inmediatamente, anunciando que impugnará el decreto al considerarlo “un ataque sin precedentes a la iniciativa privada” con una “única finalidad ideológica”.

“Soy la primera universitaria de mi familia. Soy nieta de una persona que no sabía leer ni escribir. Mi acceso dependió del sistema público universal”, explicó Morant, ingeniera de telecomunicaciones, argumentando que el sistema de igualdad de oportunidades proporcionado por la educación pública y la sanidad “se está deteriorando”. Culpa de esto al PP con nombres y apellidos. “Necesitamos recuperar ese ascensor social que fue posible con gobiernos progresistas”, enfatizó. “Esto es lo que Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno o la presidenta de Extremadura [María Guardiola] están socavando al aprobar tantas universidades privadas. Ellos dicen que hay demanda, pero esa demanda implica ir al banco para conseguir un préstamo que permita a su hijo estudiar”. Morant aboga por que su generación —nacida en 1980— pudo acceder a la educación sin que sus padres se endeudaran o dependieran del capital familiar, a diferencia de la actualidad, que se enfrenta a mayores dificultades.

Este tipo de discurso también ha sido defendido por Yolanda Díaz, quien en los últimos meses ha dado un giro que refuerza el perfil ideológico de la coalición. Sánchez y su equipo están ahondando en estas cuestiones, abordando semanalmente temas sociales de relevancia como vivienda, aborto, educación y sanidad. El Ejecutivo tiene varios anuncios y debates programados cada semana, además de improvisaciones y adaptaciones a los errores del PP, como el del aborto, que les brindan oportunidades.

Una situación similar a la que denuncia Morant en la educación universitaria se observa en la vivienda, donde se ha producido un colapso en la oferta de vivienda pública, también en la educación primaria y secundaria donde la enseñanza concertada ha proliferado, y en la sanidad, donde los seguros privados están en aumento constante.

El reto que enfrenta el Gobierno es que lleva siete años en La Moncloa y no ha logrado frenar las tendencias impulsadas por las autonomías del PP, algo que ahora intenta enmendar mediante decretos y combates políticos.

Así, el Gobierno despliega una ofensiva bien pensada para después del verano, tras recuperarse de un momento crítico en el que estuvo a un paso de caer debido al caso Cerdán. “El PP apostó, se jugó todas las fichas en julio”, resume un ministro. “Pensaban que el Gobierno caería. Se nota que no tenían un plan B para el regreso de verano tras el fracaso del otro. Ahora se percibe que nosotros estamos en una mejor posición en todos los temas y ellos solo tienen el frente judicial. Si ofreces un menú de plato único y este se echa a perder, tienes un problema”, concluye.

En La Moncloa se ha discutido extensamente sobre este regreso tras el receso veraniego y ahora consideran que está funcionando incluso mejor de lo previsto, en parte gracias a errores del PP, como sus vacilaciones sobre Gaza o sus acercamientos a Vox sobre el aborto, donde se vio forzado a rectificar y este martes unió sus votos al PSOE y Sumar para rechazar una propuesta de Vox que pedía derogar la ley de eutanasia y “el aborto libre”.

Morant cuestionó la táctica del PP, que aprueba universidades privadas a pesar de tener un informe en contra de Universidades —una situación que el nuevo decreto, aprobado este martes, hará vinculante—, y criticó que la escasa inversión de algunas autonomías en la educación pública la convierte en “elitista” al solo permitir el acceso a los mejores alumnos, mientras que “otros igualmente excelentes quedan fuera de Medicina, y sus padres deben endeudarse para llevarlos a la privada”. “Debemos superar las herencias de clase”, concluyó en un discurso muy ideológico. Dado que las autonomías no amplían plazas a pesar de la gran demanda en Medicina, el Gobierno aprobó este martes 27 millones de euros para financiar 1,783 plazas de Medicina que las autonomías no están cubriendo. En Madrid ya hay más estudiante matriculados en primero de Medicina y Psicología en la privada que en la pública debido a esta escasez de plazas, algo sin precedentes.

En Sanidad, el enfoque es similar. Y el objetivo político es el mismo. Por un lado, Isabel Díaz Ayuso, con quien el Gobierno ha optado por confrontar al máximo, pero en aspectos de contenido donde piensan que se siente más incómoda. Además, Juanma Moreno, con las elecciones andaluzas ya a la vista. Mónica García se enfrentó directamente a Ayuso y Moreno en relación al aborto, ya que son las únicas dos grandes autonomías donde casi no existe el aborto público, con cifras inferiores al 1%, en contraste con Cataluña, donde llega al 55%, y otras autonomías del PP como Galicia donde también supera el 55%.

García concluyó la ofensiva ideológica contra Moreno por su política de privatización sanitaria y el escándalo relacionado con la deficiente detección del cáncer de mama, que ha puesto en riesgo la salud —y en algunos casos la vida— de 2,000 mujeres. Durante una entrevista en TVE a una víctima que logró sobrevivir gracias a la sanidad privada tras esperar seis meses en la pública por el resultado de su mamografía y recibir un diagnóstico erróneo, García sentenció: “Esto no es un fallo puntual. Es un fallo estructural, de modelo, que impone el PP en todas sus comunidades, el de la privatización y no priorizar la sanidad pública. Y ahora querrán culpar al Gobierno, pero la responsabilidad obra en manos de Moreno y su consejera”.

El Ejecutivo intensificará esta estrategia de confrontación con Ayuso respecto al aborto, un tema especialmente incómodo para el PP, y ella se lo ha facilitado al amenazar con no acatar la ley que exige una lista de objetores de conciencia para organizar las intervenciones públicas, como han hecho Cataluña y otras autonomías. “La ley se cumple. Punto. Usaremos todas las herramientas disponibles. La última persona que intentó desafiar a las mujeres fue el señor Gallardón, y tuvo que hacer las maletas”, retó García, que también es líder de Más Madrid. Sentado a su lado, López, líder del PSOE madrileño, sumó su voz a esta ofensiva contra Ayuso, su rival electoral, señalando que no solo está en rebeldía ante la normativa del aborto, sino también con la ley de memoria histórica y, sobre todo, con la ley de vivienda.

Nada de esto es, por tanto, fruto de la casualidad, sino de una estrategia bien elaborada para recuperar la iniciativa política y, sobre todo, para contrastar modelos y reactivar la izquierda en torno a cuestiones reales que afectan a todos, como la educación, la sanidad y la vivienda. El Gobierno se siente mucho más cómodo en este terreno que en la compleja agenda judicial, ámbito en el que el PP desea centrar toda la atención para mobilizar el antisanchismo: exactamente lo que Ayuso hace a diario.