El Gobierno prorrogó un acuerdo con la empresa Barrabés, que está bajo investigación, cuatro días antes de que se publicara el informe de Hacienda.

El Gobierno de Pedro Sánchez extendió un contrato con la empresa de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, solo 4 días antes de la fecha indicada en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que depende de Hacienda, en el que se mencionan irregularidades en las adjudicaciones del Ejecutivo a esta misma compañía, Innova Next SL.

Con esta firma, el empresario aragonés obtuvo dos contratos públicos por más de 10 millones de euros, otorgados por la entidad estatal Red.es, gestionada por el Gobierno de Sánchez, luego de presentar dos cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, quien es responsable de un máster de captación de fondos en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La esposa del jefe del Ejecutivo facilitó esas cartas en julio de 2020, y Barrabés logró adjudicarse los contratos del organismo público Red.es en un proceso lleno de irregularidades, como se detalla en un reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), revelado por OKDIARIO.

Específicamente, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social encabezado por Yolanda Díaz, y Barrabés acordaron el pasado julio una extensión del contrato otorgado a Innova Next SL para la provisión de «Servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un proceso de emprendimiento».

Dicho contrato, financiado con fondos europeos Next Generation, fue adjudicado el 22 de diciembre de 2023 por un monto de 339.584,81 euros (impuestos incluidos) para su realización desde el 14 de febrero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 (594 días).

«Hasta el 30 de junio de 2026»

Dado que el contrato expiraba en esa fecha, el Gobierno decidió renovar este expediente con Barrabés —en lugar de abrir un nuevo concurso— por un plazo adicional de nueve meses, una prórroga permitida por la ley, extendiendo así la ejecución «hasta el 30 de junio de 2026».

La fecha de este acuerdo, según se indica en el documento de modificación del control, fue el 29 de julio, es decir, apenas 4 días antes de la fecha (2 de agosto de 2025) del impactante informe de la Intervención General del Estado, adscrita a Hacienda.

En la firma electrónica de la parte contratante, es decir, el director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), Antonio de Luis Acevedo, aparece la fecha del 29 de julio. Por su parte, la firma de Barrabés se realizó el 23 de julio.

De este modo, el empresario aragonés continuará trabajando para el Gobierno de Sánchez a pesar de estar imputado por la Fiscalía europea por los contratos a Innova Next SL y ser propuesto por el juez Juan Carlos Peinado para ir a un juicio con jurado junto a Begoña Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acusa a Barrabés de la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El informe de la IGAE, que fue revelado en exclusiva por OKDIARIO, examina los dos contratos en los que se incluyeron cartas de recomendación de Begoña Gómez, uno relacionado con «Formación de empleo juvenil para la economía digital» y otro sobre la provisión de un «Servicio de formación para personas desempleadas». Ambos expedientes fueron financiados en parte con fondos del Fondo Social Europeo, lo que ha llevado a la implicación de la Fiscalía europea. Las dos adjudicaciones fueron otorgadas a la UTE formada por Innova Next SL (Grupo Barrabés) y The Valley Digital Business School.

En dicho documento de más de 300 páginas, la IGAE detecta serias irregularidades —»fraude de ley», «gran opacidad» y «pasividad sospechosa», entre otras— en la concesión de estos contratos públicos, que suman un total de 10,6 millones. El informe, solicitado por la Fiscalía Europea que investiga el caso, expone que los criterios subjetivos fueron artificialmente inflados para beneficiar a la UTE constituida por Innova Next SLU (controlada por Barrabés) y The Valley Digital Business School. Según la Intervención, «los criterios de valoración establecidos en los Pliegos no se ajustan en su integridad a los principios que rigen la contratación establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público».

Una de las irregularidades más graves detectadas es que la Mesa de Contratación de Red.es valoró ilegalmente los criterios técnicos, una competencia que no le correspondía. El informe indica que esta acción «podría constituir un fraude de Ley» al omitir que la evaluación fuera realizada por un Comité de Expertos independiente.

A pesar de estas acusaciones de corrupción sobre los expedientes de Red.es (que en ese momento dependía del Ministerio de Economía), el Ejecutivo de Sánchez renovó el mencionado contrato otorgado a Barrabés a través de Fundae, una fundación del Ministerio de Trabajo.