El Gobierno revela su informe final para desmantelar la Fundación Francisco Franco: «Menosprecia la dignidad de las víctimas» | España

El Ministerio de Cultura ha tomado la iniciativa para disolver la Fundación Francisco Franco y este viernes ha enviado a dicha entidad el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción”. Esta decisión es un paso previo antes de que el ministerio envíe, a través de la Abogacía del Estado, este mismo documento a la autoridad judicial para que comience los trámites legales para la disolución. El texto, al que ha accedido EL PAÍS, se basa en que los objetivos de la fundación infringen la Ley de Memoria Democrática, ya que no persiguen “fines de interés general” y realizan “actividades contrarias a esto”. También se argumenta que la fundación hace “apología del franquismo” y “humilla la dignidad de las víctimas”. La Fundación tiene ahora un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Fuentes del ministerio califican el proceso de extinción como innovador y afirman que aliviará el sufrimiento de cientos de personas afectadas por el franquismo. “No se puede olvidar que la Fundación, como tal, se beneficia fiscalmente. Los ciudadanos españoles no deben financiar estas actividades antidemocráticas”, aseguran fuentes del Gobierno.

Este reciente paso del Gobierno hacia la disolución de la Fundación Francisco Franco es el último tramo de un largo camino, que comenzó con la Ley de Memoria Democrática de 2022, que regula el derecho de asociación y permite, desde entonces, ilegalizar las entidades y fundaciones que hagan apología del franquismo.

Para fundamentar la apertura de este expediente, el Ministerio de Cultura solicitó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). Esta última analizó todo el contenido de la web de la fundación (aproximadamente 5.500 textos) “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus dirigentes” y también revisó la cobertura mediática de la fundación entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de marzo de 2025.

Este contenido resulta revelador. Por ejemplo, hay textos que afirman que “el franquismo no cometió un genocidio, la II República sí», que niegan los hechos ocurridos durante el bombardeo de Gernika en la Guerra Civil o que aseguran que el escándalo de los niños robados es falso. También hay artículos que destilan un énfasis propagandístico, donde se utilizan términos como “alzamiento” (en lugar de golpe de Estado) o “cruzada” (en lugar de Guerra Civil).

El informe de la Secretaría también incluye entrevistas a víctimas del franquismo que “demuestran cómo el negacionismo de la Fundación sobre la violencia y la represión” les causa daño y “menoscaba” su derecho a la verdad. Los testimonios relatan varias de estas situaciones. Por ejemplo, una víctima que se encontró en una plaza de Granada con un grupo de “gente de esta” cantando el Cara el sol [himno falangista], lo que provocó un episodio de malestar físico y psicológico.

Uno de los testimonios dice así: “Cada vez que veo en los medios alguna de sus actividades o declaraciones, se me encoge el corazón, la respiración se me detiene y no soy capaz de articular palabra. En ese instante vuelve a mi mente el relato de la desaparición de mi tío”. Otro concluye: “Cada vez que leo un manifiesto o una declaración firmada por esta Fundación en defensa de los valores franquistas y de la dictadura, no siento una agresión física, pero reviven todos los recuerdos de mi infancia, sin mi padre, la ausencia de él debido a una guerra cruel y sin razón”.

El estudio enfatiza que el contenido publicado por la fundación desprestigia a las víctimas, niega y minimiza los datos y distorsiona la historia. “El análisis de aproximadamente 5.500 textos en su página web permite concluir que los fines y acciones de la Fundación no persiguen el interés general, pues son incompatibles con los objetivos expuestos en el artículo 3.1 de la Ley de Fundaciones”, indica el documento.

Dicha ley establece que “concurre causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos, se considera al interés general la apología del franquismo que ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus dirigentes, menospreciando y humillando la dignidad de las víctimas […] o incitando directa o indirectamente al odio o violencia en su contra por su condición de tales”.

El estudio de la SEMD agrega que “los fines de fomento y desarrollo de la educación, la investigación y otras actividades culturales [impartidas por la Fundación] son en realidad instrumentos” para “ofrecer una visión inequívoca y positiva del franquismo”.

Fuentes del ministerio han indicado a este periódico que se están evaluando las posibles medidas cautelares que se propondrán al juez cuando el caso llegue a los tribunales, aunque no han especificado cuáles.

Un aspecto relevante se refiere al archivo histórico de la Fundación, que contiene unos 30.000 documentos (28.000 ya digitalizados). Algunos de estos documentos pertenecen a la Jefatura del Estado, por lo que “deberían estar depositados en archivos estatales” y poseen un gran valor histórico y patrimonial. Por ello, el ministerio ha informado a EL PAÍS que están analizando cómo asegurar su protección pública.

Una “anomalía” en Europa

La Fundación Francisco Franco fue constituida en 1976, y en sus estatutos se señalaba que estaría “dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco”, “promover y realizar estudios sobre su pensamiento y las realizaciones de los años de su mandato”, “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española” y “exaltar su vida como modelo de virtudes al servicio de la patria”.

Estos estatutos han tenido modificaciones en los últimos años, siendo la última en 2017, donde el anterior artículo limitaba el objetivo de la fundación a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe de Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”, además de “promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre 1936 y 1977”.

Las cuentas anuales de la entidad entre 2018 y 2022 presentadas al Protectorado Estatal de Fundaciones indican que, de media, los gastos más altos (entre 100.000-150.000 euros) se destinan a la publicación de su boletín informativo y a la realización de “jornadas culturales”. Le sigue el mantenimiento de su archivo, que promedia entre 30.000 y 50.000 euros. En cuanto a los ingresos (venta de fotocopias, libros, DVD y merchandising), la media oscila entre 4.000 y 9.000 euros.

Pablo de Greiff, exrelator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, ha denunciado siempre que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa”. Greiff, quien elaboró en 2014 un informe sobre España, indica que no existe ninguna fundación similar en los países de la Unión (mencionando ejemplos como una fundación para exaltar la vida de dictadores como Hitler o Mussolini) ni tampoco una legislación que permita la apología del odio.