El Gobierno se encuentra estancado en las discusiones sobre el aumento salarial de los empleados públicos.

Este lunes se llevó a cabo la quinta reunión entre el Ministerio de Función Pública y los tres sindicatos más representativos de los empleados públicos —CSIF, UGT y CCOO— con el objetivo de resolver tanto la congelación salarial de 2025 como el nuevo acuerdo marco para el período 2026-2028. A tan solo una semana de que finalize noviembre y con una inflación acumulada del 2,4%, los funcionarios han estado once meses con el sueldo sin cambios. A pesar de que se ha reactivado la mesa de diálogo, la negociación se ha estancado.

En un inicio, los sindicatos demandaban que el impacto de la congelación salarial de 2025 fuera compensado de manera específica, para que la pérdida de poder adquisitivo no se diluyera en un acuerdo plurianual. Sin embargo, el Gobierno no atendió esta solicitud y decidió integrar este año dentro de una propuesta salarial global para el período 2025-2028. La última oferta del Gobierno contempla una subida del 11% a distribuir en estos cuatro años. Como novedad, en la reunión de este lunes se comprometió a aprobar, en este mes, un Real Decreto-ley para implementar en diciembre un incremento del 2,5% correspondiente a 2025, retroactivo desde el 1 de enero. No obstante, el límite del 4% de aumento acumulado para los dos primeros años se mantiene sin cambios.

En esta subida del 4% se encuentra el «principal obstáculo» de la negociación. Según Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO: «Nos gustaría llegar a un acuerdo, pero los avances que se presentan aún son insuficientes, ya que se mantiene el bloqueo del 4% para los años 2025 y 2026. Hemos comentado que no entendemos este bloqueo y que hay margen para aumentarlo, considerando que los indicadores muestran que la economía va bien. No entendemos que los empleados públicos se resignen a estar por debajo de otras subidas: tanto en el ámbito de las pensiones, que suben al 2,7%, como en el sector privado, donde la media de aumento en los convenios colectivos está fijada en el 3,5%».

El CSIF comparte esta postura y critica que el porcentaje propuesto para 2025 y 2026 «condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo». Sin embargo, también reconocen los avances del Ejecutivo en «cuestiones fundamentales» como la abolición de la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna y la actualización de las cuantías por insularidad y razón de servicio (manutención y alojamiento), que no se habían revisado en dos décadas. Por ello, desde CSIF han afirmado que «valoramos estos puntos y analizaremos el acuerdo en su conjunto», aunque subrayan que en lo que respecta a salarios, «el documento puede mejorarse en muchos aspectos».

Por su parte, UGT ya había mostrado el viernes pasado su disposición a apoyar el acuerdo. Sin embargo, la falta de consenso entre las organizaciones ha llevado al Ministerio de Función Pública a convocar una nueva reunión para este miércoles.

Los técnicos de Hacienda se manifestarán este miércoles

Además, ante la inacción en la mesa de negociación sobre el aumento salarial de los funcionarios, otro foco de presión se ha generado para el Gobierno. Para este miércoles, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha organizado una concentración frente a la sede del Ministerio para exigir a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un nuevo acuerdo de carrera profesional que se ajuste al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y que favorezca la movilidad en la Agencia Tributaria y otras áreas del departamento.

La movilización está dirigida a más de 8.000 trabajadores del colectivo, y Gestha estima que aproximadamente 1.500 técnicos se trasladarán desde diversas provincias. La protesta comenzará a las 12:30 horas en la plaza de Cibeles y se dirigirá al Ministerio de Hacienda. Esta será la primera jornada de huelga convocada por los técnicos desde 2008. En esta ocasión, los técnicos denuncian haber llegado a una situación «insoportable» que afecta al servicio público y exigen a la ministra de Hacienda que desbloquee la carrera, la movilidad y liquide la «deuda histórica con los Técnicos», a través de una reestructuración que permita estructuras más eficientes en la lucha contra el fraude y el control del gasto público.

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