El Gobierno señala que la cantidad de hospitales privados que forman parte del sistema público ha crecido más de un 36% en los últimos diez años.

El Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, ha expuesto este martes en el Consejo de Ministros el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España. Entre los hallazgos se destaca que el número de hospitales privados que forman parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha crecido un 36,8% en la última década. Actualmente, el 30,7% de los hospitales del SNS tienen dependencia funcional de la sanidad privada.

«El informe indica que la colaboración con entidades privadas ha dejado de ser una medida excepcional y se ha convertido en una práctica estructural, lo que conlleva desviar una proporción creciente del presupuesto público hacia empresas cuyo objetivo principal es el lucro, no el interés común», afirman desde el Ministerio de Sanidad.

De acuerdo con el informe, el número de hospitales privados en el SNS ha aumentado de 106 en 2011 a 145 en 2023. Actualmente, estos centros con dependencia funcional privada representan el 30,7% del total de hospitales del SNS.

Además, la proporción de camas operativas en centros privados dentro del SNS ha subido del 13,7% en 2011 al 17,8% en 2023, y la proporción de quirófanos ha crecido del 8% al 10,7%. Este fenómeno es especialmente notable en comunidades como Catalunya y la Comunidad Foral de Navarra, donde la red privada representa una parte importante de la infraestructura asistencial.

Con respecto al uso de fondos en centros privados, en 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas en centros no pertenecientes al SNS fueron financiadas con recursos públicos. Asimismo, cerca del 21% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiamiento del Sistema Nacional de Salud.

El informe destaca que «este modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas ni en eficiencia ni en resultados de salud, y advierte sobre los riesgos de una transferencia progresiva de los gastos públicos hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema», según lo indicado por la Sanidad.

El informe también analiza los ámbitos en los que se tratan principalmente los diagnósticos más frecuentes en el sistema sanitario. En este sentido, durante 2023 entre el 70-80% de los contactos registrados por diagnósticos prevalentes como traumatismos, infecciones agudas del tracto respiratorio superior o tratamientos de quimioterapia o inmunoterapia se llevaron a cabo en hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Al investigar sobre los centros hospitalarios que abordan los procesos asistenciales más costosos, tales como trasplantes, cuidados de neonatos con bajo peso o procedimientos que requieren traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura proporcionada por hospitales del Sistema Nacional de Salud supera, en la mayoría de los casos, el 95%.

El informe también recoge la evolución del aseguramiento privado, el cual ha aumentado considerablemente en los últimos años. En 2024, el 32,6% de la población española contaba con un seguro médico privado, un incremento respecto al 17,2% en 2018, lo que representa casi el doble. Este crecimiento ha sido especialmente notable en comunidades como Extremadura (+296,4%), Ceuta (270,8%), Cantabria (247,8%) y País Valencià (234,8%).

Recomendaciones

El informe finaliza señalando que, a pesar de que el sistema público continúa siendo el principal garante del derecho a la salud, la dirección actual compromete los principios fundamentales del SNS. Por ello, se proponen varias recomendaciones. En primer lugar, «reforzar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada que es financiada con recursos públicos».

Además, se solicita «exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos«. Por último, «promover la gestión pública directa como opción preferente para la prestación de servicios sanitarios, a fin de obtener mejores resultados en salud y un control efectivo de los recursos públicos».

Solicitud de información

Paralelamente a este informe, García ha declarado que su ministerio ha solicitado oficialmente toda la «información detallada» sobre la gestión de los hospitales del grupo Quirón en Madrid y el de Torrejón de Ardoz, del grupo Ribera. Se ha solicitado información acerca de las investigaciones que supuestamente realizó el hospital tras la difusión de los audios de su CEO, además de auditorías económicas, actas de la comisión mixta con la empresa concesionaria o escritos de denuncias presentados por directivos destituidos, entre otros datos.

«Quirón y Ribera representan dos caras de la misma moneda, y requieren, en este caso, la complicidad de la Comunidad de Madrid», afirmó García en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En este sentido, resaltó la necesidad de una «ley que proteja y blinde lo público» y que «ponga fin al modelo del PP». En consecuencia, como ya se anticipó este fin de semana, el Ministerio de Sanidad trabaja en una ley de gestión pública que derogue la ley 15/97.