El Gobierno solicita a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias que establezcan un registro de objetores de conciencia en relación con la interrupción del embarazo | España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dirigido una carta a los presidentes de Aragón, Principado de Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid instándoles a establecer el registro de personas objetoras de conciencia en relación con la práctica del aborto. Este registro es un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024.

“La ausencia de este registro restringe de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental”, advierten fuentes del Ejecutivo, que recalcan que el respeto a la objeción de conciencia “nunca debe ser un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”.

“Me dirijo a ti con la intención de colaborar para superar los impedimentos que, lamentablemente, siguen enfrentando muchas mujeres en nuestro país que optan por ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así inicia la carta enviada por Sánchez a los presidentes de estas cuatro comunidades —Aragón, Madrid y Baleares, con Gobiernos del PP; y Asturias, cuyo Ejecutivo está liderado por el PSOE— a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En su carta, el jefe del Ejecutivo subraya el retraso de un año que han tenido estas autonomías en la creación del registro de objetores de conciencia, el cual es “de obligatorio cumplimiento”.

“El respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un obstáculo para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sin importar su ubicación”, continúa Sánchez, quien advierte que si “transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no se hubiese realizado, se activarán los mecanismos legales correspondientes para exigir su cumplimiento”. Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de su lugar de residencia, y asegurar que puedan “ejercer ese derecho en la sanidad pública y con todas las garantías”, apuntan fuentes del Ejecutivo.

“El Gobierno de España continuará utilizando todos los medios a su disposición para asegurar que las mujeres que deseen ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en el sistema público de salud y con todas las garantías”, concluye la carta de Sánchez.

La carta dirigida a los Gobiernos de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid se produce después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara una iniciativa de Vox que proponía la obligatoriedad de informar a las mujeres sobre un supuesto síndrome post aborto, un diagnóstico sin respaldo científico. El PP del consistorio madrileño votó a favor de la moción, aunque fue matizada un día después por el alcalde José Luis Martínez Almeida, quien indicó que la información que se proporcionará a las mujeres que deseen abortar no será obligatoria, sino voluntaria y que “no será determinada por Vox”, sino “por los profesionales del Ayuntamiento de Madrid”. Esta controversia en el consistorio madrileño llevó al presidente del Gobierno a anunciar que presentará una propuesta ante el Congreso de los Diputados para proteger el derecho al aborto en la Constitución, ante el riesgo de que el PP y Vox cuestionen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.