El Gobierno sugiere a la avanzada Teresa Peramato para el cargo de fiscal general del Estado | España

El Gobierno ha optado por Teresa Peramato (Salamanca, 63 años), una fiscal con una fuerte conexión a la lucha contra la violencia de género, como reemplazo de Álvaro García Ortiz en el cargo de fiscal general del Estado. Esta decisión del Ejecutivo se produce tras la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, quien fue inhabilitado por dos años debido a un delito de revelación de secretos relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que enfrenta cargos por fraude fiscal. García Ortiz seguirá ejerciendo como fiscal general hasta que se formalice el nombramiento de Peramato en unas semanas.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de experiencia y actualmente ocupa el cargo de fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Además, es fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Tras el Consejo de Ministros, Félix Bolaños ha elogiado su trayectoria «intachable» e «impecable» y ha destacado su formación jurídica «extraordinaria». El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien ha estado en contacto constante con Pedro Sánchez —quien arribó a la base aérea de Torrejón de Ardoz a las 6:05 de su gira africana—, ha enfatizado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros el “compromiso feminista y de servicio público” de la cuarta mujer que asumirá la dirección de la Fiscalía General del Estado. Consuelo Madrigal fue la primera en romper el techo de cristal en 2015, ocupando el cargo durante casi dos años, y desde 2018, ya con el actual presidente del Gobierno, María José Segarra y Dolores Delgado han seguido abriendo camino.

La propuesta del Ejecutivo cuenta con el «reconocimiento unánime de los operadores jurídicos», según La Moncloa. Su principal fortaleza radica en una trayectoria extensa, particularmente enfocada en la lucha contra la violencia machista. De hecho, es vista como una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en este ámbito. En 2005, fue designada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y formó parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para elaborar el Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). También se desempeñó como fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Bolaños subrayó el “protagonismo indiscutible” de Peramato en la implementación de la ley de violencia sobre la mujer hace dos décadas, una norma pionera y especializada diseñada para apoyar a las víctimas de violencia de género. “No hay duda de que es la persona más adecuada para abordar los desafíos que enfrenta el Ministerio Fiscal”, afirmó el ministro, quien señaló que uno de los objetivos será “seguir reforzando la autonomía” de la Fiscalía. La condena a García Ortiz coincidió con el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, mientras que la propuesta del Gobierno para su sucesión coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bolaños ha hecho hincapié en esta coincidencia, que explica la pronta reacción del Gobierno.

A diferencia de Bolaños, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho un llamado a la ciudadanía a movilizarse para protestar por el fallo del Supremo. Díaz afirmó que “es un derecho movilizarse” y “salir pacíficamente a las calles”. “Las calles no son de ellos, son de la democracia en España. Esto también es parte de la pedagogía democrática en un país que ha vivido 40 años de franquismo”, enfatizó la dirigente de Sumar. “Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país”, agregó.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado la concentración de Falange la semana pasada cerca de la sede del PSOE, donde se escucharon cánticos como “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”. “Máximo respeto; este fin de semana hemos visto a ciudadanos manifestarse en muchas ciudades, respetamos estas movilizaciones, que son mucho más sanas y respetuosas que la que presenciamos el viernes frente a la sede de Ferraz”, destacó Alegría.

Peramato ha sido también presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lo que alinea su perfil con el mensaje del Gobierno de que la sucesora de García Ortiz será alguien decididamente progresista. Según la UPF, la elección de Peramato encarna “de manera sobresaliente las mejores virtudes” para ser “una magnífica” fiscal general del Estado, describiéndola como una fiscal “de acreditada solvencia técnica” con una trayectoria caracterizada por “el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”. La asociación también destaca “su compromiso especial” con la protección de las víctimas, especialmente de violencia de género, y su contribución “a la construcción de un modelo especializado y sensible frente a una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad”.

Peramato será la cuarta persona en ocupar este cargo desde que Sánchez llegó a La Moncloa. María José Segarra dirigió la Fiscalía desde entonces hasta enero de 2020, seguida por la exministra de Justicia Dolores Delgado hasta julio de 2022, cuando dimitió por problemas de salud, y luego llegó el turno de García Ortiz. Bolaños ha expresado su pesar por los “duros” y “despiadados” ataques que ha recibido García Ortiz “desde incluso antes de su nombramiento” y ha elogiado “su vocación de servicio indiscutible”.

García Ortiz continuará en funciones hasta que su cese sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su renuncia este lunes fue necesaria para que el Consejo de Ministros pudiera iniciar el proceso de selección de la nueva jefa del ministerio público. Sin embargo, el Gobierno no ha aprobado su destitución como se esperaba. La intención es hacerlo el mismo día en que se nombre a Peramato. Como resultado, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y número dos de la cúpula fiscal, no será la fiscal general en funciones; esa responsabilidad seguirá en manos de García Ortiz hasta que Peramato complete formalmente un proceso que podría extenderse varias semanas.

El artículo 124.4 de la Constitución estipula que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, previa consulta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pleno del órgano judicial se reunirá este miércoles para deliberar sobre la propuesta de nombramiento del Ejecutivo. Una vez recibido el informe del CGPJ, que no es vinculante, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso, que fijará una fecha para que el candidato comparezca ante la Comisión de Justicia y se evalúe su idoneidad. Por primera vez en 2023, el Poder Judicial no otorgó su respaldo a la propuesta de nombramiento de un fiscal general del Estado, que fue la de García Ortiz. El Gobierno confía en que esta situación no se repita. El proceso culminará cuando la aspirante asuma su cargo ante el pleno del Tribunal Supremo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló este lunes que los requisitos para la persona propuesta por el Ejecutivo deben incluir ser un “jurista con 20 años de experiencia”, contar con el aval vinculante del CGPJ en su informe sobre la idoneidad del candidato y no haber ocupado cargos políticos en los últimos cinco años. “Nosotros como Gobierno estamos cumpliendo la ley y no inventando requisitos. Este proceso sigue estrictamente la legislación que se acordó con el PP para la renovación del CGPJ. Ninguno de los requisitos que Feijóo mencionó fue parte de ese acuerdo”, comentó Bolaños sobre el pacto entre PP y PSOE que permitió desbloquear la renovación del órgano judicial tras más de cinco años de estancamiento por parte de la derecha.

El ministro de Presidencia también criticó la reacción de Feijóo antes de conocer la identidad de la futura fiscal general. “Las respuestas del PP han sido algo confusas y erráticas. Ayer, Feijóo decía que es una muestra de la degradación sanchista… Este tipo de comentarios solo erosionan su credibilidad y los obligan a retractarse. Ellos mismos perjudican la convivencia”, expresó Bolaños en relación al nombramiento que calificó de “absolutamente idóneo”.

García Ortiz presentó este lunes su renuncia en una carta dirigida al ministro de Justicia. En la misiva, detalló que decidió adelantar su salida antes de que el Supremo ejecutara la inhabilitación y “sin esperar a conocer la motivación de la sentencia” por su “profundo respeto” a las resoluciones judiciales y comprometido siempre a “proteger a la Fiscalía española”. “Aunque esta decisión se deriva directamente del fallo que se me notificó, tengo la certeza de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una clara vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. García Ortiz tendría la opción de permanecer en el cargo hasta la publicación de la sentencia con los argumentos que sustentan su condena (hasta ahora solo se ha hecho público el fallo), dado que será entonces cuando la pena entre en vigor. Sin embargo, el fiscal general ha decidido anticipar su renuncia acogiendo el artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que establece que el fiscal general del Estado puede cesar “a petición propia”.