El Gobierno sugiere a la progresista Teresa Peramato para el cargo de fiscal general del Estado en España.

El Gobierno ha designado a Teresa Peramato (Salamanca, 63 años), una fiscal profundamente comprometida con la lucha contra la violencia de género, para suceder a Álvaro García Ortiz en el cargo de fiscal general del Estado. Esta propuesta del Ejecutivo se produce tras la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz por un delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien está siendo procesado por fraude a Hacienda. García Ortiz seguirá ejerciendo su función como fiscal general hasta que se efectúe el nombramiento de Peramato en unas semanas.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de experiencia y actualmente ocupa el cargo de fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Después del Consejo de Ministros, Félix Bolaños ha resaltado su trayectoria “intachable” e “impecable”, así como su formación jurídica “extraordinaria”. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha liderado la elección en constante contacto con Pedro Sánchez, quien llegó a la base aérea de Torrejón de Ardoz a las 6.05 tras su gira africana, ha enfatizado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros el “compromiso feminista y de servicio público” de la cuarta mujer que asumirá la dirección de la Fiscalía General del Estado. Consuelo Madrigal rompió el techo de cristal en 2015 durante casi dos años, y desde 2018, continuaron abriendo el camino María José Segarra y Dolores Delgado bajo el actual gobierno.

La propuesta del Ejecutivo cuenta con el “reconocimiento unánime de los operadores jurídicos”, según La Moncloa. Su principal fortaleza es su amplia trayectoria, especialmente enfocada en la lucha contra la violencia machista. Es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta área. En 2005, fue designada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer que elaboró el Primer Informe Anual de 2007. También ocupó el cargo de fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Bolaños ha enfatizado el “protagonismo indiscutible” de Peramato en la implementación de la ley de violencia sobre la mujer hace dos décadas, una norma pionera y especializada para acompañar a las víctimas de violencia de género. “No hay ninguna duda y así lo percibimos desde el Gobierno que es una persona absolutamente idónea para afrontar los retos del Ministerio Fiscal”, ha indicado el ministro, señalando que uno de sus desafíos será “reforzar la autonomía” de la Fiscalía. La coincidencia de la condena a García Ortiz con el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco y la propuesta del Gobierno con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha acelerado el movimiento del Ejecutivo, según ha resaltado Bolaños.

De manera diferente a Bolaños, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho un llamado a la ciudadanía para que se movilice y proteste por el fallo del Supremo. Díaz ha afirmado que “es un derecho movilizarse” y “salir pacíficamente a las calles”. “Las calles no son de ellos, son de la democracia en España. Esto también es pedagogía democrática en un país que ha vivido 40 años de franquismo”, ha declarado la dirigente de Sumar. “Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país”, ha añadido.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha puesto de manifiesto la concentración de Falange la semana pasada cerca de la sede del PSOE, donde se escucharon cánticos como “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”. “Máximo respeto, el fin de semana hemos visto a ciudadanos manifestarse en numerosas ciudades; respetamos estas movilizaciones, que son bastante más respetuosas y sanas que la que vimos el viernes frente a la sede de Ferraz”, ha diferenciado Alegría.

La candidata también ha sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lo que refuerza el mensaje del Gobierno de que la sucesora de García Ortiz será una figura claramente progresista. La elección del Gobierno representa “de manera sobresaliente las mejores virtudes” para ser “una magnífica” fiscal general del Estado, de acuerdo con la UPF, que considera que su designación significa la elección de una fiscal “de evidente solvencia técnica” y una trayectoria marcada “por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”. La asociación resalta “especialmente su compromiso” con la protección de las víctimas, sobre todo las de violencia de género, y su contribución “a la construcción de un modelo especializado y sensible ante una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad”.

Peramato será la cuarta persona en ocupar el cargo desde que Sánchez llegó a La Moncloa. María José Segarra dirigió la Fiscalía desde ese mes hasta enero de 2020, y la exministra de Justicia Dolores Delgado le sucedió hasta julio de 2022, cuando dimitió por problemas de salud y García Ortiz asumió el cargo. Bolaños ha lamentado que haya sido objeto de “duros” y “despiadados” ataques “incluso antes de ser nombrado”, y ha elogiado “su vocación de servicio indiscutible”.

García Ortiz continuará en funciones hasta que su cese sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su renuncia este lunes era necesaria para que el Consejo de Ministros pudiera iniciar el proceso de elección de la nueva jefa del ministerio público. Sin embargo, el Gobierno, a pesar de lo esperado, no ha aprobado su destitución. Su intención es hacerlo el mismo día en que se designe a Peramato. Así, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, no asumirá el cargo de fiscal general en funciones y esa responsabilidad seguirá recayendo en García Ortiz hasta que Peramato complete el proceso formal, que puede durar varias semanas.

El artículo 124.4 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, con la audiencia previa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pleno del órgano de los jueces se pronunciará este miércoles sobre la propuesta de nombramiento del Ejecutivo en una reunión convocada al mediodía. Una vez recibido el informe del CGPJ, que no es vinculante, el Gobierno deberá comunicar su propuesta al Congreso, que fijará una fecha para que el candidato comparezca ante la Comisión de Justicia y se evalúe su capacidad. En 2023, el Poder Judicial no dio su visto bueno por primera vez a la propuesta de nombramiento de un fiscal general del Estado, que fue García Ortiz. El Gobierno confía en que esta vez no suceda lo mismo. El proceso concluirá cuando la aspirante tome posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estableció este lunes como requisitos para el futuro candidato que sea un “jurista de 20 años de experiencia”, que cuente con el aval vinculante del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo sobre la idoneidad del candidato y que no haya tenido cargos políticos en los últimos cinco años. “Nosotros, como Gobierno, cumplimos la ley sin inventar requisitos. Este proceso respeta escrupulosamente la ley, que fue acordada con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ninguna de las condiciones que Feijóo mencionó fue pactada en ese acuerdo”, manifestó Bolaños acerca del pacto entre el PP y el PSOE que desbloqueó la renovación del órgano judicial tras más de cinco años de bloqueo por parte de la derecha.

El ministro de Presidencia también criticó la reacción de Feijóo, que se produjo antes de conocer quién sería la nueva fiscal general. “Han habido reacciones algo confusas y erráticas por parte del PP, algunas de ellas reconociendo su trayectoria, y otras más subidas de tono. Ayer, Feijóo mencionó que era una señal de la degradación sanchista… Este tipo de expresiones lo que hacen es eliminar credibilidad y obliga a tragarse las palabras que pronuncian. Ellos mismos envenenan la convivencia”, afirmó Bolaños refiriéndose a un nombramiento que ha calificado como “absolutamente idóneo”.

García Ortiz presentó este lunes su renuncia al cargo en una carta enviada al ministro de Justicia. En la misiva dirigida a Bolaños, explicó que su decisión de adelantar su salida antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación, y “sin esperar a conocer la motivación de la sentencia”, se basa en su “profundo respeto” hacia las resoluciones judiciales y en su voluntad “siempre presente de proteger a la Fiscalía española”. “Aunque mi decisión surge del fallo notificado, tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución de la que me siento parte, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. García Ortiz pudo haber permanecido en el cargo hasta que el Supremo publique la sentencia con los argumentos que lo llevaron a su condena (por ahora solo se ha conocido el fallo), ya que la pena solo surtirá efecto en ese momento. Sin embargo, el fiscal general prefirió anticipar su salida acogiendo el artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que establece que el fiscal general del Estado puede cesar “a petición propia”.