El Goya que Franco intentó obsequiar a Hitler y su impacto en la protección del patrimonio cultural.

Coincidentemente, unos meses antes, De la Mano había encontrado una carta en el Rastro de Madrid, fechada el 20 de octubre de 1942, que indicaba que Franco pagó 1,5 millones de pesetas por el retrato de Goya, aunque debía 9.000 pesetas por las tres copias encargadas un año antes al pintor Núñez Losada por el marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas Artes, bajo la intermediación del subdirector del Museo del Prado, Sánchez Cantón; el objetivo era compensar a los legítimos propietarios debido a la adquisición forzosa del original, que se planeaba regalar a Hitler. La obra expuesta es una de las tres copias encargadas por Franco en 1941, destinadas a la dueña del Goya, la Infanta Doña Luisa, duquesa de Talavera, tataranieta de la marquesa de Santa Cruz, y a sus dos hermanos. Se desconoce si llegaron a recibirlas.

Sin embargo, este cuadro vivió una odisea digna de una novela de aventuras. En 1936, la propiedad indivisa del lienzo pertenecía a los herederos del conde Pie de Concha, hijo de los marqueses de Santa Cruz. Al estallar la Guerra Civil, la familia Silva lo deja en el Banco de España. El cuadro se convierte en parte del patrimonio español que salió del país hacia Ginebra, escapando de los bombardeos. Allí, fue catalogado como parte de la Colección Silva. A su regreso, se depositó en el Prado. A partir de ese momento, la historia se torna más compleja. En octubre de 1940, mientras se afinaban los detalles del encuentro de Hendaya entre Hitler y Franco, Heinrich Himmler, jefe de las SS, visita el Prado y muestra interés por la pintura española y artistas germanos como Durero.

El 26 de mayo de 1941, el marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes, envía una carta al director del Prado, el pintor Fernando Álvarez de Sotomayor. En ella expresa: «Ya sabe Vd. que S.E. el Generalísimo desea hacer un importante regalo a Hitler y que la atención del enviado del führer se centró en La Marquesa de Santa Cruz, que lleva una cruz gamada en su lira. Esta noche se han cerrado las negociaciones y el cuadro queda a disposición del Generalísimo, quien señalará el día para su entrega al Embajador de Alemania. Espero que usted esté satisfecho, al igual que yo, con esta solución que ha resuelto un problema que nos tenía algo inquietos». Este tipo de regalos ‘políticos’ eran comunes: Franco ya había obsequiado a Hitler con tres obras de Zuloaga y unas fíbulas visigóticas. Por otro lado, Hitler había regalado a Franco el famoso Mercedes-Benz. Sin embargo, la entrega del Goya a Hitler no se llevó a cabo debido a un cambio en el rumbo de la Segunda Guerra Mundial.

Hay otra versión contemporánea del retrato de la marquesa de Santa Cruz (actualmente en la Colección Wellington), que fue adquirida en 1958 por el County Museum de Los Ángeles, descatalogada en 1977 y localizada en 2014 entre los bienes incautados a Imelda Marcos por el Estado filipino.

Desde su regreso a España tras la Guerra Civil y hasta el 29 de enero de 1944, se tiene constancia de que el cuadro estuvo depositado en el Prado. En esa fecha, se devolvió a sus legítimos propietarios gracias al Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional. El conservador de Pintura del siglo XIX del museo, Carlos González Navarro, señala que no se sabe si Franco adquirió el cuadro a título personal o si fue una operación orquestada por él, ni tampoco si estuvo expuesto en el Palacio del Pardo. Existe un vacío documental sobre su paradero entre 1944 y 1947. Sea como sea, ese mismo año, la obra fue comprada por el empresario y coleccionista bilbaíno Félix Fernández-Valdés. La familia conserva una carta del subdirector de la sucursal del Banco de Vizcaya en Madrid, fechada el 19 de febrero de 1947, que documenta las gestiones realizadas para el pago, mediante un cheque nominativo de un millón y medio de pesetas, por este cuadro. Esta cifra corresponde a la misma que se había pagado en nombre de Franco años atrás.

Al fallecer Fernández-Valdés en 1976, sus bienes fueron repartidos entre sus herederos. En marzo de 1983, la entonces propietaria del Goya, María Mercedes Fernández-Valdés, lo vendió por 25 millones de pesetas a Pedro Antonio Saorín, al parecer con una cláusula de no exportación. No obstante, la obra fue sacada del país clandestinamente en un camión hacia Zúrich. Allí, fue adquirida por Lord Wimborne. En marzo de ese mismo año, se ofreció al Museo Getty por 12 millones de dólares, pero la oferta fue retirada al descubrirse su salida ilegal de España. El retrato quedó oculto mediante sociedades en Liberia y las Islas Vírgenes Británicas, vinculadas al entorno de Wimborne.

El cuadro volvió a aparecer en abril de 1986 cuando se anunció su venta en una subasta programada en la sala Christie’s de Londres. El Gobierno español inició una batalla legal en los tribunales de Londres, encabezada por el entonces ministro de Cultura, Javier Solana, actualmente presidente del Patronato del Prado, con la ayuda del añorado abogado Rodrigo Uría (quien también presidió el Patronato del museo), con el objetivo de recuperar el cuadro. Miguel Satrústegui, entonces secretario general técnico del Ministerio de Cultura y posterior subsecretario, también jugando un papel crucial en la repatriación del Goya a España, impartirá el 13 de abril una conferencia en el Prado, en la que revelará episodios clave de la historia de este retrato.

Dado que no se pudo aplicar la nueva Ley de Patrimonio Histórico de 1985, el prestigiado abogado Sir Matthew Farrer, quien en algunos casos representó a la Reina de Inglaterra, intentó demostrar la falsedad de los permisos de exportación y detener la subasta. El juez Sir Nicolas Browne‑Wilkinson confirmó el perjuicio económico a España derivado del uso de documentos oficiales falsificados y como resultado, la subasta fue suspendida. Finalmente, el 9 de abril de ese año se logró un acuerdo de compra por parte del Estado español de 6 millones de dólares (900 millones de pesetas de entonces) -aproximadamente la mitad de su valor de mercado en ese momento-: 2,5 millones, financiados por los presupuestos generales del Estado, y el resto (3,5 millones), gracias a las contribuciones de más de 75 entidades privadas y empresas.

El hecho de pagar 6 millones de dólares a Lord Wimborne por un cuadro exportado ilegalmente generó una gran controversia. El Ministerio de Cultura optó por referirse a ello como «indemnización». Este jueves, dos de los protagonistas de la historia, Javier Solana y Miguel Satrústegui, estaban en el Prado. El primero reveló que el director de la Fundación Getty de Los Ángeles le había propuesto la compra conjunta del cuadro, pero no aceptó la oferta. El segundo, presente en la audiencia, al responder a la pregunta de ABC sobre por qué se reconoce en la cartela del cuadro que fue una compra, cuando anteriormente se mencionó como indemnización o compensación, explicó: «Legalmente, fue una compra a un precio de carácter compensatorio», aunque en su momento se tuvo que ser cuidadoso con las palabras ante la opinión pública por cuestiones de sensibilidad.

El epílogo de esta increíble historia del cuadro se escribió el 17 de abril de 1986: se entrega en Londres y regresa a Madrid. Se exhibió en el Palacio de Villahermosa antes de ser incorporada a las colecciones del Prado. Curiosamente, la mujer retratada por Goya en este cuadro fue esposa del primer director del museo, José Gabriel de Silva-Bazán, marqués de Santa Cruz. La obra fue blindada: fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) e inexportable. Este case marcó un antes y un después en la protección del patrimonio español contra la exportación ilegal. La Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933 no daba al Estado la propiedad de los bienes exportados ilegalmente, algo que fue corregido en la Ley de Patrimonio Histórico de 1985.

Es evidente que la presencia de la copia de ‘La marquesa de Santa Cruz’ en las salas del Prado (junto a las obras maestras de Goya) elevará notablemente su valor. Y su propietario es un marchante de arte. José de la Mano afirma a ABC que no saldrá a la venta y que está negociando la posibilidad de dejar el cuadro en depósito en una institución durante un periodo considerable, aunque aún no puede revelar cuál es, ya que la operación no está cerrada.