El impostor que utilizaba el nombre de Redpiso: así logró estafar casi 100.000 euros a un grupo de diez víctimas | Noticias de Madrid

Un vendedor de una inmobiliaria asociada a Redpiso trama lo que considera un plan perfecto para estafar a personas interesadas en adquirir una casa en la periferia de Madrid. Utilizaba el coche de la empresa, vestía el uniforme y mostraba documentos con el logo de la compañía para hacerse pasar por un agente de confianza. Todo era parte de un engaño. Y tuvo éxito.

El método era sencillo. Ofrecía propiedades a precios atractivos y pedía dinero en concepto de señal para reservarlas. Sin embargo, en realidad no estaba autorizado para vender esas casas a ese precio, y en algunos casos, los dueños ni siquiera sabían que sus propiedades estaban siendo ofrecidas.

Durante un tiempo, el plan funcionó a la perfección. Al menos diez personas pagaron pensando que estaban asegurando una vivienda. En total, entregaron 83.300 euros. Ahora, la justicia ha ordenado que el estafador compense a las víctimas con casi 100.000 euros. Ante la posibilidad de que el culpable se declare insolvente, las familias también exigen que la empresa asuma la responsabilidad como garante, pero esta se niega. Con tanto dinero en juego, el conflicto se ha intensificado. Los tribunales han fallado a favor de las víctimas y han declarado a Redpiso como responsables subsidiarios. La inmobiliaria ha apelado esta decisión.

Una de las diez víctimas es Gema P. (no revela su nombre completo por miedo a represalias en su trabajo). Aún recuerda la noche en que todo se desmoronó. Regresaba con su pareja a Rivas-Vaciamadrid tras una tarde en Madrid. Al llegar al chalé donde habían estado viviendo más de una semana, se encontraron con la puerta rodeada de policías, guardias civiles y empleados de Redpiso. Les informaron que no podían entrar. La razón: la casa que habían adquirido no era suya.

Casi 11 años después, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al comercial que los estafó. “Este joven estaba en una situación crítica, con múltiples adicciones”, resume el abogado Roberto Alonso Martín sobre el condenado. A este se le imputan delitos de falsificación de documento privado, estafa y apropiación indebida, con atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas, según la sentencia. Durante un tiempo, actuó a su antojo, pero comenzó a perjudicar seriamente a otros: se apropió del dinero de las arras de clientes que ignoraban completamente lo que se estaba negociando en su nombre.

Aquel día de 2015, durante unos minutos y hasta que mostraron contratos, arras y papeles, nadie pudo confirmar si Gema y su pareja eran víctimas o intrusos. El episodio terminó con sus pertenencias en un almacén y sus planes familiares en espera.

Gema tenía 28 años. Había visto un anuncio en una web similar a Idealista. Llamó y concertó una cita con un agente de Redpiso para visitar el inmueble, quien se presentó con su identificación y el uniforme de la empresa: nada fuera de lo común. La propiedad era atractiva y el precio, de 270.000 euros, era muy interesante. Según el comercial, los propietarios eran una familia china que necesitaba vender rápidamente. Gema había vendido su casa y contaba con el capital necesario, lo que le permitió acelerar los trámites. Para formalizar la reserva, el agente solicitó un cheque al portador como señal.

Acostumbrados a las exigencias particulares de cada propietario, no les causó inquietud. Gema y su pareja terminaron entregando casi 40.000 euros. Era noviembre de 2015 y el tiempo apremiaba: debían abandonar su antiguo hogar. Propusieron alquilar para no quedarse en la calle. Después de acordar un alquiler de 30 días por 1.500 euros, esperaban poder entrar en su nueva casa como propietarios legítimos, ya que aún debían acudir al notario a firmar las escrituras.

Durante el tiempo de negociación, los compradores nunca visitaron la oficina de Redpiso, pues toda la gestión la realizó el comercial en diferentes puntos de Madrid. No obstante, asegura Gema, cada documento portaba el sello y la firma de Redpiso. Todo parecía normal hasta que dejó de serlo.

La noche cuando vieron la puerta llena de personas, Gema y su pareja se enteraron de que el comercial había desaparecido. “Nos informaron que el chico había huido con el dinero, que había estafado a otras personas y que no tenían conocimiento de esto”. Ella recuerda la mezcla de angustia y rabia como un impacto físico. Luego vino el vacío: la casa no les pertenecía y no tenían adónde ir: “No somos de Madrid, ninguno de los dos, ni tenemos familiares aquí. Nos encontramos en la calle”.

Esa misma noche, durmieron en un hotel mientras sus muebles continuaban en el chalé. Al día siguiente, Redpiso les ofreció trasladar todo a una nave, lo que llevó a que sus pertenencias acabaran en Pinto hasta que pudieran decidirse por otra vivienda en Rivas. Pasaron diez días y calculan una pérdida total de 40.000 euros. Pero eso no fue todo: el estafador tenía acceso a documentos, llaves y datos de propiedades. De hecho, la casa tenía propietarios reales, aunque estaban vendiendo a un precio mucho más alto, aproximadamente 400.000 euros.

Hoy, la pareja reside a menos de un kilómetro del origen de sus desvelos. Durante años, Gema evitó mirar al pasar. No fue hasta que empezó a explicarle lo sucedido a su hija que comenzó a procesar la experiencia. No han recuperado el dinero y no saben si alguna vez lo harán.

Redpiso, por su parte, se desvincula completamente de lo ocurrido, niega su responsabilidad en el caso y dispara sus críticas hacia el estafador. Según explica Manuel Fernández, CEO de la empresa, el caso afecta a aproximadamente ocho compradores.

Sin embargo, el asunto no termina aquí, ya que los afectados exigen a la empresa la devolución de su dinero bajo el concepto de responsabilidad civil subsidiaria. “Todo esto lo realizó un trabajador fuera de sus funciones, fuera de la red de trabajo y con personas que no eran clientes de Redpiso”, sostiene Fernández.

Y esto no fue la única irregularidad que cometió. Según indica la sentencia, no entregó la totalidad del dinero de una venta a una propietaria y se quedó con el mobiliario de una casa que estaba gestionando.

El fundador de Redpiso contextualiza el caso en la dificultad de controlar la mala fe individual dentro de una gran estructura franquiciada. “Llevamos más de veinte años en el sector, contamos con más de 20.000 trabajadores y nunca hemos tenido un problema de esta índole”. Fernández añade que, cuando se destapó el fraude, el empleado fue despedido de inmediato. Destaca además los mecanismos internos de control de Redpiso: “Somos la única inmobiliaria que dispone de un portal de transparencia y un canal de denuncias”.

Sobre el debate principal —quién debe asumir el costo si el condenado no puede—, Redpiso argumenta que los compradores sabían que estaban tratando de evitar el pago de honorarios. Hasta ahora, la Audiencia Provincial ha desestimado el argumento de que las víctimas debieron realizar mayores comprobaciones, pero Redpiso continuará luchando en los juzgados.