El juez Peinado cierra el caso contra la alta funcionaria de La Moncloa implicada en el ‘asunto Begoña Gómez’ | España

El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido archivar la imputación contra Judit Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia del Gobierno, quien había sido imputada recientemente por presunta malversación relacionada con el trabajo en La Moncloa de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Peinado ha tomado esta decisión tras escuchar su testimonio, considerando que la asistente de Gómez no tiene dependencia orgánica de ella, según informan fuentes jurídicas.

El magistrado había convocado a varios testigos este domingo, tras enterarse de que uno de los abogados involucrados no podía asistir a la fecha originalmente programada (el miércoles anterior). La citación para la secretaria general de Presidencia tenía como propósito «informarla del objeto del procedimiento y trasladarle los hechos que se le imputan» por malversación de fondos públicos, conforme al auto emitido el 5 de noviembre. En el documento se indicaba que su declaración no podía ser “en calidad de testigo”, ya que existía la posibilidad de que cometiera el delito de desviación de fondos públicos “en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, al dar órdenes o instrucciones” a la asesora de Begoña Gómez.

El juez busca clarificar si la asistente de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, también imputada, ha excedido sus funciones como funcionaria desde 2018, ayudando a Begoña Gómez en su actividad privada mientras dirigía una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

González comenzó a testificar pasadas las seis de la tarde y, tras una explicación de media hora sobre su trabajo, el juez decidió archivar el caso en ese mismo instante, apenas 11 días después de haberla imputado. La funcionaria de La Moncloa respondió al juez y a las defensas, mientras que la Fiscalía no presentó preguntas. Explicó que su trabajo abarca unas 250 personas en la sede gubernamental, aunque ninguna de ellas es Cristina Álvarez. El juez decretó, por tanto, el sobreseimiento libre.

Peinado lleva la causa contra Begoña Gómez desde abril de 2024, manteniéndola imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. El tercer imputado, tras la salida de Judit Alexandra González, es el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su labor en la Secretaría de Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023. El empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Begoña Gómez apoyó con dos cartas en un concurso público adjudicado por la empresa Red.es (dependiente del Ministerio para la Transformación Tecnológica), completa esta lista.

Este domingo, el juez también había citado a otros tres testigos que ya habían testificado en el caso: Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Diego de Alcázar, presidente del Instituto Empresa, y Miguel Escassi, responsable institucional de Google.

Todo el interrogatorio, que concluyó pasadas las ocho de la tarde, se centró en la relación de todos los organismos con la asesora Álvarez. El primero en declarar fue De Alcázar, quien manifestó no haber tenido relación directa con Álvarez. Por su parte, el representante de Google señaló que la había visto en un par de reuniones y que desde la empresa pensaron que formaba parte del equipo de trabajo de la universidad.

Doadrio fue quien más tiempo dedicó a su testimonio en su tercera comparecencia ante este Juzgado. En esta ocasión, vino a hablar sobre los correos que aportó voluntariamente, en los que se evidenciaba la comunicación que tenía con Álvarez cuando se inició la cátedra de Transformación Social Competitiva. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró un informe con los 121 emails intercambiados entre Doadrio y Álvarez relacionados con dicha cátedra.

Este domingo, el exvicerrector comentó que había compartido comidas con la asesora y Begoña Gómez, y que conoció a la primera el día en que se firmó el convenio entre la Complutense y la esposa del presidente del Gobierno. Además, mencionó que le sugirió a Gómez registrar el software que desarrolló para el máster Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad, pero posteriormente se enteró por la prensa de que no lo había hecho.