El juicio a Ignacio González en el contexto de la Operación Lezo: un nuevo ejemplo de la desigualdad en la Justicia.

No será en 2026, sino más bien en el segundo semestre de 2027 cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se enfrente a la justicia en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para establecer un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II en Madrid. Esta situación está relacionada con la pieza 2 del caso Lezo, que aún tiene múltiples citaciones pendientes a exdirigentes y exconsejeros del Partido Popular (PP).

De acuerdo a lo señalado en un auto de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, González comparecerá ante el juez en septiembre de 2027, exactamente diez años después del inicio de las investigaciones sobre estas presuntas irregularidades, las cuales surgieron tras la detención del expresidente madrileño y seis años después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, iniciara juicio contra González. Aunque se sabe que el juicio será en septiembre de 2027, el auto sugiere que podría llevarse a cabo entre el 13 y el 30 de septiembre de ese año, aunque la fecha exacta se definirá más adelante con el calendario de sesiones.

Cuando llegue ese momento, todavía distanciado por un año y nueve meses, González se encontrará en el banquillo para determinar si favoreció a sus familiares en las adjudicaciones de la empresa pública de aguas de Madrid para su campo de golf. Adicionalmente, también comparecerán el gerente de la empresa entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la firma TCT José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, quienes son hermano y cuñado del expresidente.

Estos últimos enfrentan acusaciones de tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa, cohecho y fraude a las administraciones públicas, por haber obtenidos, entre 2006 y 2012, un beneficio aproximado de medio millón de euros, mediante fondos públicos destinados a los respectivos concursos, a pesar de que TCT carecía de capacidad técnica para realizar los trabajos encomendados. El juez García Castellón ya anticipó que “dirigieron su actuación para asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos”.

Sin embargo, la fecha anunciada para el juicio contra el expresidente madrileño del PP resalta la desigualdad en la velocidad de actuación de la Justicia según la causa y el investigado en cuestión. En este contexto, cabe recordar que el Tribunal Supremo comunicó la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en apenas una semana tras finalizar el juicio, mientras que han transcurrido 179 días desde que la jueza de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que aún no ha sido entregado, y la propia UCO admitió recientemente que no había comenzado la investigación.

La trama Púnica, otro ejemplo de la doble velocidad

Casi de manera simultánea a la revelación de la fecha del juicio a González, la Audiencia Nacional condenó a cinco exalcaldes del PP, uno del PSOE y otro de un partido local en relación a la trama Púnica por el presunto amaño de contratos públicos a la empresa Cofely entre 2012 y 2014 en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y en Almendralejo (Badajoz); es decir, una sentencia que llega entre 13 y 11 años después de los hechos. También absuelve a 8 de los 36 procesados, imponiéndoles penas bajas tras considerar varios atenuantes.

Así, una década después, la Audiencia Nacional condena a penas de prisión al exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, con tres años de prisión por un delito de cohecho durante su mandato; al de Collado Villalba Agustín Juárez, con cuatro años y seis meses por un delito de prevaricación junto a otro de cohecho; al de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, con la misma pena; al de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (partido independiente), quien recibió dos años y 10 meses de prisión por fraude, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; y al exalcalde de Parla José María Fraile, del PSOE, con dos años de cárcel por fraude, prevaricación y cohecho, así como cuatro meses y 15 días más por tráfico de influencias. La Audiencia Nacional también condena a prisión a los hermanos Alejandro Utrila, exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles; y Mario Utrila, exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva.

Aparte de los exregidores, el tribunal impone una pena de 8 años y 2 meses al empresario y asesor comercial David Marjaliza por varios delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil, aunque le aplica atenuantes de confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño. Además, se le impone 6 años de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice y a los directores comerciales Constantino Álvarez y Pedro García.