El juicio contra el fiscal general avanza a su etapa crucial con el enfrentamiento entre la defensa y la UCO | España

El juicio que está en el centro de la atención de la política española se encuentra en su etapa crucial. Entre este martes y el jueves próximo, se concluirá la vista por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, un proceso que, en sus tres primeras sesiones públicas, no ha presentado pruebas incriminatorias, más allá de los indicios que ya se consideraron para llevarlo al banquillo. En esta fase final se discutirá uno de los elementos fundamentales de la acusación contra García Ortiz: la anulación de sus dispositivos electrónicos. En este contexto, se anticipa un enfrentamiento entre la Fiscalía y la UCO respecto a las conclusiones que esta última incluyó en sus informes.

Además, comparecerán ante los siete magistrados del Tribunal de la Sala Segunda del Supremo seis periodistas adicionales. Algunos de ellos, al igual que tres de los que testificaron la semana pasada, habían afirmado durante la investigación que supieron que la pareja de Isabel Díaz Ayuso se había presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos dispuesta a admitir su fraude a Hacienda antes de que esta información llegara a García Ortiz. Estas son las claves de las tres jornadas finales del juicio.

El borrado. La eliminación del historial de comunicaciones de sus teléfonos y ordenadores por parte de García Ortiz fue uno de los aspectos centrales que llevó al juez instructor, Ángel Hurtado, a procesarlo. También fue mencionado por dos de los tres jueces de la Sala de Apelaciones del Supremo para ratificar su decisión. Ellos lo consideraron un indicio por la negativa de García Ortiz a “colaborar con la investigación”. El fiscal sostiene que elimina periódicamente los registros de sus dispositivos electrónicos por razones de seguridad, dado el carácter confidencial y altamente sensible de la información que maneja. Un tercer magistrado de la Sala de Apelaciones, Ángel Palomo, que emitió un fuerte voto particular en contra del procesamiento, argumentó que utilizar el borrado como elemento incriminatorio equivale a “exigir al acusado que demuestre su inocencia”.

Este tema se discutió de manera limitada en las sesiones de la semana pasada. Solo se presentó un testimonio, el de Esmeralda Rasillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, encargada de los soportes tecnológicos. Rasillo explicó que García Ortiz ha cambiado de móvil seis veces desde que ingresó a la Fiscalía del Estado en 2020.

Este martes se abordará el asunto en profundidad con la comparecencia de otro miembro de la Fiscalía del Estado, Agustín Hidalgo de Morillo, responsable de Protección de Datos. El momento culminante llegará el miércoles, con los testimonios de varios agentes de la UCO. Esta unidad de la Guardia Civil registró la oficina del fiscal y examinó sus dispositivos electrónicos. En uno de sus informes al juez instructor, subrayó que García Ortiz borró en dos ocasiones sus mensajes de WhatsApp el día que el Supremo lo encausó, el 16 de octubre de 2024. El fiscal no niega haberlo hecho ese día, pero afirma que las comunicaciones con sus colaboradores durante la noche del 13 de marzo de ese año, cuando ocurrieron los hechos en cuestión, ya habían sido eliminadas previamente.

La defensa ha presentado un informe pericial sobre los borrados, que intentó introducir en la fase final de la instrucción, pero fue rechazado por Hurtado. Con este informe, pretende mostrar, según fuentes cercanas a la defensa, que no hay forma de determinar qué tipo de contenido fue eliminado en cada momento.

Discrepancias con la UCO. La defensa de García Ortiz impugna el contenido de algunos informes de la UCO, como el que concluyó que el fiscal general tuvo “una participación preeminente en los hechos que, en última instancia, condujeron a la filtración investigada.” Esta deducción de la Guardia Civil se basó en la falta de hallazgos concretos de la autoría. A partir del análisis de las comunicaciones de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la UCO resalta una coincidencia temporal. El notas del abogado de la pareja de Ayuso reconoció el fraude ante la Fiscalía, enviado por Rodríguez a García Ortiz en la noche de los hechos, no llegó a la bandeja de entrada de este último hasta las 23.46 horas (aunque fue enviado casi dos horas antes). Cinco minutos después, a las 23.51, la página web de la Cadena SER publicó la noticia con citas textuales del escrito del abogado. La defensa argumentará que, minutos antes, a las 23.25, la SER ya había anticipado la información en el aire, al final del programa Hora 25. Y cuestionará que una coincidencia de este tipo se pueda utilizar como un elemento probatorio.

Más periodistas. Esa primera información de la SER es donde se encuentra el núcleo de la filtración, lo que otorga gran importancia al testimonio que brindará este martes el autor de la noticia, Miguel Ángel Campos, corresponsal judicial de la cadena. Durante la fase de instrucción, Campos afirmó que el mismo día 13 por la tarde visitó un despacho en Madrid donde una fuente le mostró el correo del abogado del supuesto defraudador, Alberto González Amador. Asegura que no le fue entregado, pero le permitió tomar notas.

Los abogados de las acusaciones, sobre todo el más agresivo de todos, Gabriel Rodríguez-Ramos, representante de González Amador, se esforzarán por socavar la credibilidad del testigo. Probablemente insistirán en el tiempo transcurrido desde que el periodista obtuvo la información hasta que la publicó. Ya hicieron lo mismo la semana pasada con otro informador de Eldiario.es, quien declaró que había tenido el correo días antes, pero no pudo publicarlo hasta que su fuente lo autorizó.

En una línea similar, se espera la declaración de José Manuel Romero, subdirector de EL PAÍS cuando ocurrieron los hechos, y de tres redactores más de este periódico. Estos periodistas aportaron a la causa mensajes de WhatsApp que muestran que, antes de que el fiscal general se interesara por el caso, ya estaban consultando a sus fuentes sobre los intentos de González Amador de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, previa confesión de los delitos. Sin embargo, ni estos testimonios ni el de otro periodista de La Sexta que declaró en el juicio la semana pasada fueron tomados en cuenta por el instructor.

La declaración del fiscal. Los testimonios concluirán con el del propio acusado, quien en su momento se negó a responder a las preguntas de Hurtado, un gesto que fue muy mal recibido por algunos sectores del Supremo. Ahora deberá decidir si lo hará ante las acusaciones. En el caso de las populares —que abarcan desde el Colegio de Abogados de Madrid hasta grupos ultras como Vox, Manos Limpias o Hazte Oír— parece poco probable que se presente. La incógnita es si lo hará ante la acusación particular de González Amador.