El juicio final a Antonio Arroyo, conocido como “el timador de los más necesitados” | Actualidad en Madrid

La relación de propiedades en el registro de la propiedad asociadas a Antonio Arroyo Arroyo, un prestamista de 72 años, parece interminable. Son cientos, muchos en Madrid, pero también en diversas localidades como Murcia, Cuenca, Lugo, Almería, Sevilla, Alicante, Segovia, Soria y Toledo. Más de 80 folios repletos de viviendas, tan numerosas como sus presuntas víctimas. Tras más de una década esquivando pleitos, denuncias, detenciones y declaraciones en su contra, que parecían no tener repercusión por prescripción del delito, el agotamiento de los afectados o incluso por el fallecimiento de algunos de ellos, en estos días el “mayor estafador hipotecario de España” y “el estafador de los pobres”, parece sentir la presión de su situación.

Entra y sale de la Audiencia Provincial de Madrid con paso ligero, como ha hecho siempre en los tribunales, sosteniendo una carpeta en la mano derecha y el móvil en la izquierda, aunque con un gesto de preocupación creciente. Evita la mirada de sus presuntas víctimas, que permanecen sentadas en las sillas frente a la sala de vistas, inmóviles en su angustia, a la espera de ser llamados a declarar. La mayoría apenas lo reconoce, ya que solo lo vieron una vez, durante los años de la crisis (entre 2008 y 2015), en el día que firmaron el préstamo que les arruinó la vida.

Antonio Arroyo, vestido con chaqueta de tweed, entra rápidamente en la sala y se acomoda en la primera fila, junto a los ocho abogados que lo defienden a él y a sus siete colaboradores procesados. Enfrente, los letrados de las cuatro acusaciones particulares que representan a una treintena de afectados, además de la fiscal. Arroyo es el principal acusado y declarará el último esta próxima semana. La Fiscalía solicita ocho años por un delito continuado de estafa, mientras que las acusaciones añaden otros 11 años por “organización criminal” y “falsedad en documento público y privado”.

Un grupo de aproximadamente una treintena de afectados se ha unido para presentar un macrojuicio en su contra, el último tras haber salido indemne de varios. Personas como Gloria Esquivias, de 61 años y auxiliar de enfermería, a quien en 2011 se le acumulaban los gastos de sus tarjetas de crédito y decidió unificarlos en un solo préstamo para pagarlo cómodamente en plazos. Respondió a un anuncio de las empresas de Antonio Arroyo que decía: “Dinero rápido, créditos en un día, cancelamos embargos”, y cayó en la trampa: pidió 5.000 euros y acabó desembolsando 63.000 bajo amenaza de perder su casa y casi también su matrimonio. O Isabel Ballesteros, quien solicitó 22.000 euros y terminó apremiada a vender su piso rápidamente para evitar que se lo quitaran, acumulando una nueva deuda de 60.000 euros con Arroyo. Así como Begoña Martínez, peluquera que acordó un préstamo de 6.000 euros con los intermediarios del prestamista, y tuvo que vender su peluquería para no perder su casa, sumando otra deuda de 28.000 euros. O el desgarrador caso de Ramona Navarrete, madre de un niño discapacitado, que recibió un mensaje de su esposo (“Cuida mucho del nene, perdona por toda la presión que te he hecho pasar, no aguanto más, no llames a nadie”) justo antes de su suicidio por no poder soportar la carga de deuda que enfrentaban. Habían solicitado un préstamo de 19.000 euros para terminar de pagar una retroescavadora, comprada por su esposo y detenida por la crisis inmobiliaria. “No teníamos ni para gasoil”, recordaba la mujer este miércoles en el juicio.

Una a una, las personas afectadas han ido testificando esta semana en la sala de la Audiencia Provincial, desglosando con sus relatos el modus operandi ya descrito por la policía en sus informes: “Familias humildes con dificultades económicas a quienes les prometen un reembolso del préstamo en plazos asumibles, con la condición de poseer bienes inmuebles. Son llevadas a una notaría, donde las presionan para firmar documentos con explicaciones confusas y engañosas, bajo la amenaza de perder la oportunidad de obtener el dinero que necesitan; les entregan efectivo o cheques que siempre son la mitad o un tercio de lo que firman en una escritura sin entender, con condiciones de pago imposibles (letras a pagar en días consecutivos) y, ante el incumplimiento, reclaman sus propiedades judicialmente.”

Notarios como “blanqueadores”

Un enredo casi perfecto en el que intervienen actores secundarios de gran relevancia, como los notarios (que casi siempre son los mismos), intermediarios asiduos (incluida la esposa de Antonio Arroyo, su hija y su sobrino), e incluso falsos directores de bancos.

La operativa de Antonio Arroyo, que se desarrolló durante años, conducía a los presuntos estafados desde diversas partes de España hasta la calle Rosario Pino, 8, en Madrid, sede social de una de sus empresas, que los afectados describen como “una casa”. Luego, generando una constante sensación de urgencia en los prestatarios, eran llevados a una notaría, frecuentemente situada en la calle del Buen Suceso, 6, o en la calle Orense, 68, donde se ubican dos de los notarios más usados en estas transacciones: Julia Sanz López y Ricardo Ferrer Giménez. Específicamente, en la notaría de Julia Sanz, entre 2006 y 2012, se firmaron 319 préstamos hipotecarios de Antonio Arroyo, representando el 10% de todos los contratos firmados en esos seis años en esa notaría de Madrid, tal como se recoge en uno de los informes presentados en el proceso.

La policía, en los informes incluidos en el amplísimo sumario, describe la función de los notarios como “blanqueadores” de la estafa, ya que otorgan un halo de legalidad a las operaciones y a las firmas como fedatarios públicos. Y así lo relatan los afectados en sus testimonios: “Como había un notario, confié”, resumen.

Sin embargo, durante la fase de instrucción, los notarios involucrados fueron exonerados: “No existen elementos suficientes para concluir que los notarios participaron conscientemente en la actividad supuestamente fraudulenta de Antonio Arroyo y sus colaboradores, ni que cooperasen en su intervención, ni que tuvieran conocimiento del engaño, ni que se beneficiaran económicamente”, reza el auto de noviembre de 2019 del juzgado número 4 de Plaza Castilla, que decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a los notarios Julia Sanz López, Ricardo Ferrer Giménez, José Usera Cano y Ángel Almoguera Gómez.

Los notarios, aunque alguno ha intentado eludir su citación para comparecer como testigo, también declararán la próxima semana. Son la principal estrategia del abogado defensor de Antonio Arroyo, quien ha obligado a todos los presuntos estafados a reconocer sus firmas en los documentos firmados por los notarios y los acusados. Es decir, han tenido que admitir que firmaron para obtener un dinero ante un notario que —aunque fuera de manera apresurada y confusa— les leyó los documentos que ahora afirman no comprender ni qué contenían.

Sin embargo, a pesar de las incertidumbres, hay un caso muy revelador en este proceso judicial porque en él intervino directamente la policía, llevando a la detención de Antonio Arroyo y varios de sus cómplices durante la supuesta estafa. Se trata del caso de José Enrique Masía Pérez y Andrea García que, intrigados y desconcertados por los esquivos personajes que les ofrecían un préstamo y la escenografía del engaño, realizaron algunas comprobaciones y descubrieron que quien decía ser director de Caja Duero (el banco que supuestamente gestionaría su crédito) no era más que un impostor, y acudieron a la comisaría. Por eso, el 5 de septiembre de 2012, cuando las colaboradoras de Arroyo les citaron a las 12.00 del mediodía de nuevo en la notaría de la calle del Buen Suceso, 6, llamaron a los agentes del Grupo IX de la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Los policías los acompañaron hasta allí y verificaron que, según la escritura firmada, les entregaron en efectivo 7.500 euros y no los 16.000 que prometían. Inmediatamente, procedieron a detener a los presuntos estafadores.

En su informe, la policía expone claramente la supuesta operativa fraudulenta a la que eran sometidos los estafados y constatan su modus operandi, insistiendo en que “el instrumento fundamental de derecho utilizado por la organización y que les otorgaba impunidad a los autores es la escritura notarial”. Y añaden: “Dicho carácter de fe pública, blanquea y proporciona una apariencia legal a las distintas operaciones”.

Los investigadores de la policía, testigos del fraude, también hacen alusión al artículo 24 de la ley del notariado que stipula que se deben identificar los medios de pago utilizados y lo que debe constar en los pagos al contado en las escrituras: “Confesado si se ha satisfecho antes de la formalización del documento, al contado si se hace en el mismo momento de la firma y aplazado si se hace en un momento posterior”.

Por todo esto, concluyen: “Los montos entregados en efectivo no coinciden con los reflejados en la escritura, dicho dinero no se cuenta en presencia del notario, no se acredita el origen de ese dinero, no se proporciona copia de la escritura a las víctimas, no se confirma que esta haya estado disponible para ellas con anterioridad, a las víctimas no se les informa sobre los tipos de interés de demora (29%) ni sobre las letras y sus vencimientos, y el notario no realiza la lectura de las cláusulas”.

El juicio contra Antonio Arroyo Arroyo y sus cómplices continuará este lunes. Un caso que refleja una época, la de quienes se beneficiaron de la desesperación durante la última gran crisis económica.