El Kremlin califica a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones a cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha catalogado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta clasificación conlleva penas de hasta seis años de prisión para quienes trabajen en el canal, así como multas e incluso la posibilidad de encarcelamiento para los espectadores que compartan o reaccionen con “me gusta” a cualquier noticia de este medio. El organismo ruso no ha proporcionado una justificación para prohibir a este grupo mediático alemán. “Este último intento de silenciar a los medios libres resalta el evidente desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y revela su temor a la información independiente”, declaró la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y el bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle cuenta con más usuarios que antes”, aseveró Massing en un comunicado. “Continuaremos con nuestra cobertura periodística independiente sobre la guerra de agresión en Ucrania y otros temas de difícil acceso en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, anticipó la directora del medio alemán.

Esta prohibición representa el clímax de la persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron anteriormente. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink de Volkskrant y a la británica Sarah Rainsford de la BBC. Al inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la transmisión en alemán del canal del Kremlin, Russia Today, y Moscú respondió designando al medio alemán como agente extranjero. Esta categorización no implicaba un veto, pero restringía su funcionamiento de tal manera que prácticamente impedía informar a los rusos y al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin clasificó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero a título individual. Hoy, tras diversas reformas legales, esa calificación también puede conllevar la encarcelación por no identificarse como tal en las redes sociales.

Deutsche Welle decidió finalizar su colaboración con corresponsales en Rusia en 2024, un año en el que el Kremlin intensificó su presión sobre los medios europeos, expulsando a varios corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de noticias, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estas páginas siguen siendo inaccesibles en la actualidad, así como las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido reducido a su mínima expresión y que, según el Parlamento ruso, será completamente bloqueado en un plazo de seis meses.

El Kremlin introdujo su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, con el propósito de reprimir toda voz crítica. Bajo esta medida, se han prohibido 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la simple mención de una organización de la lista en las redes sociales puede acarrear multas que oscilan entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente de 53 a 160 euros), y la reincidencia o tener antecedentes puede dar lugar a la apertura de un procedimiento penal contra el presunto infractor.

De acuerdo con el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». Precisamente, el Parlamento ruso aprobó una ley en marzo de 2022 que castiga con cárcel “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Es decir, difundir cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, el nombre oficial que la legislación rechaza llamar “invasión” o “guerra”.