El Kremlin califica a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones a cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha clasificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta designación conlleva sanciones de hasta seis años de prisión para aquellos que trabajen en el canal, así como multas y la posibilidad de encarcelamiento para los espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. Sin embargo, el organismo ruso no ha proporcionado explicaciones sobre los motivos que llevaron a la prohibición de este medio germano. “Este último intento de acallar a los medios libres refleja el flagrante desprecio del régimen ruso hacia la libertad de prensa y evidencia su temor a la información independiente”, declaró Barbara Massing, directora general de Deutsche Welle, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y del bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle cuenta con un número de usuarios mayor que antes”, sostiene Massing en un comunicado. “Seguiremos brindando nuestra cobertura informativa independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas sobre los que la información es casi inexistente en Rusia, para que las personas puedan formarse su propia opinión”, adelantó la directora general del medio alemán.

Esta prohibición es el resultado de la constante persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque las presiones a los medios occidentales comenzaron antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Cuando se inició la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la transmisión del canal ruso Russia Today en alemán, a lo que Moscú respondió designando a la cadena alemana como agente extranjero. Aunque esto no constituía un veto, sí limitaba su operativa casi a su anulación, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin clasificó entonces a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero a nivel individual. Hoy, tras varias reformas legales, dicha categorización puede también conllevar encarcelamiento por no identificarse como tal en las redes sociales.

Deutsche Welle optó por cesar la colaboración con reporteros en Rusia en 2024, cuando el Kremlin incrementó su presión sobre medios europeos al expulsar a varios corresponsales y bloquear el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estas páginas siguen sin ser accesibles hoy, al igual que las llamadas a través de WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido severamente ralentizado y que el Parlamento ruso anunció este martes que bloqueará por completo en un plazo de seis meses.

La legislación del Kremlin sobre “organizaciones indeseables” fue implementada hace una década, en 2015, con el objetivo de silenciar toda voz crítica. A través de esta medida, 280 entidades han sido vetadas, incluyendo organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso solo mencionar una organización de la lista en las redes sociales puede acarrear multas de entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente entre 53 y 160 euros), aunque la reincidencia o antecedentes previos pueden ser motivo para abrir un caso penal contra el presunto infractor.

Según Vasili Piskariov, presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios”. Precisamente, el Parlamento ruso aprobó en marzo de 2022 una ley que castiga con prisión “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Esto implica que difundir cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania –nombre oficial que la legislación rechaza calificar como “invasión” o “guerra”– puede conllevar severas consecuencias.