El Kremlin clasifica a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones por cualquier contacto con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia ruso ha catalogado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta designación conlleva penas de hasta seis años de prisión por trabajar en el canal, y puede incluir multas y, incluso, encarcelamiento para aquellos espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. El organismo ruso no ha especificado las razones detrás de la prohibición de este grupo mediático germano. “Este último intento de silenciar a los medios libres evidencia el desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y revela su temor a la información independiente”, comentó la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y del bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle tiene más usuarios que antes”, señaló Massing en un comunicado. “Seguiremos brindando nuestra cobertura periodística independiente sobre la guerra de agresión en Ucrania y otros temas poco accesibles en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, anticipó la directora general del medio alemán.

Esta prohibición es el punto culminante de la persecución del Kremlin a Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Con el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal del Kremlin, Russia Today, en alemán, y Moscú respondió designando al medio alemán como agente extranjero. Aunque esto no implicaba un veto, limitaba su labor hasta hacerla prácticamente imposible, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin clasificó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de manera individual. Hoy, tras varias reformas legales, esta clasificación puede conllevar penas de cárcel por no mencionarse como tal en las redes sociales.

Deutsche Welle decidió dejar de contar con colaboradores en Rusia en 2024, un año en el que el Kremlin intensificó su presión sobre los medios europeos, expulsando a varios corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estas páginas siguen sin ser accesibles hoy, al igual que las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido ralentizado drásticamente y que el Parlamento ruso prometió bloquear por completo en un plazo de seis meses.

El Kremlin instauró su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, para suprimir cualquier voz crítica. Bajo esta normativa, se han prohibido 280 instituciones, incluyendo organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la mera mención de una organización de la lista en redes sociales puede conllevar multas de entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente de 53 a 160 euros), y la reincidencia o la existencia de otros antecedentes puede dar pie a la apertura de un caso penal contra el presunto infractor.

De acuerdo con el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma especialistas en desinformación a través de su academia de medios». Precisamente, el Parlamento ruso aprobó en marzo de 2022 una ley que castiga con penas de prisión “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Esto significa que difundir cualquier información sobre posibles crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania —el término oficial que la legislación se niega a llamar “invasión” o “guerra”— puede tener severas consecuencias.